El Cabildo de Gran Canaria ha llevado a la práctica el acuerdo al que llegó en el 2002 por el que califica la instalación de las antenas de telefonía móvil como una actividad peligrosa e insalubre. Así, todas las solicitudes de licencias para la instalación de antenas deberá seguir el procedimiento reglado y serán tramitadas como actividades clasificadas (fuente: Canarias7).
En esta misma línea ya se pronunció el 16 de julio de 2004 el T.S.J. Navarra, que considera la actividad de telefonía móvil como una actividad susceptible de ocasionar molestias, alterar las condiciones de salubridad y tranquilidad de los ciudadanos que la tienen próxima, causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las personas o bienes. Para ello sólo tuvieron que basase en la Recomendación Comunitaria de 12 de julio de 1999 y en el Real Decreto 1066/2001. Y no se requiere que la actividad haya producido efectivamente daños, sino que “sea susceptible de causar daños al medio ambiente, producir riesgos para las personas o bienes, ocasionar molestias o alterar las condiciones de salubridad”.
Finalmente, indicar que en Valladolid ya han denunciado la aparición de cerca de 50 picoantenas (como la de la foto) instaladas de forma ilegal y muchas de ellas camufladas (fuente: 20minutos).