La Inquisición

El término Inquisición hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía mayoritariamente en el seno de la Iglesia católica. La herejía en la era medieval muchas veces se castigaba con la pena de muerte, y de ésta se derivan todas las demás. La Inquisición medieval fue fundada en 1184 en la zona de Languedoc (en el sur deFrancia) para combatir la herejía de los cátaros o albigenses, que en 1249 se implantó también en el reino de Aragón (fue la primera Inquisición estatal) y que en la Edad Moderna, con la unión de Aragón con Castilla, fue extendida a ésta con el nombre de Inquisición española (1478-1821), bajo control directo de la monarquía hispánica, cuyo ámbito de acción se extendió después a América; la Inquisición portuguesa (1536-1821) y la Inquisición romana (1542-1965). Aunque en los países de mayoría protestante también hubo persecuciones, en este caso contra católicos, contra reformadores radicales como los anabaptistas y contra supuestos practicantes de brujería, los tribunales se constituían en el marco del poder real o local, generalmente adecuado para cada caso concreto, y no constituyeron una institución específica.

Origen

En los comienzos de la Iglesia la pena habitual por herejía era la excomunión. Cuando los emperadores romanos convierten el cristianismo en religión estatal en el siglo IV, los herejes empiezan a considerarse enemigos del Estado. En su momento San Agustín aprobó con reservas la acción del Estado contra los herejes.

En respuesta al resurgimiento de la herejía de forma organizada, se produce en el siglo XII en el sur de Francia un cambio de opinión dirigida contra la doctrina albigense, la cual no coincidía con los puntos de vista de la Iglesia católica con relación al matrimonio y otras instituciones de la sociedad. Como reacción, el papa Inocencio III organizó una cruzada contra los albigenses promulgando una legislación punitiva contra ellos. Sin embargo, los esfuerzos iniciales destinados a someter la herejía no estuvieron bien coordinados y fueron ineficaces.

Historia 

Inquisición medieval 

Aunque el procedimiento inquisitorial como medio para combatir la herejía es una práctica antigua de la Iglesia católica, la Inquisición episcopal, primera fórmula de la Inquisición medieval, fue establecida en 1184 mediante la bula del papa Lucio III Ad abolendam, como un instrumento para acabar con la herejía cátara. El castigo físico a los herejes había sido dispuesto con anterioridad por Federico II Hohenstaufen, la institución de la Inquisición se dio para detener los abusos que estos procesos podrían sufrir por parte del poder civil. Mediante esta bula, se exigía a los obispos que interviniesen activamente para extirpar la herejía y se les otorgaba la potestad de juzgar y condenar a los herejes de su diócesis.

A las anteriores disposiciones [...] agregamos el que cualquier arzobispo u obispo, por sí o por su archidiácono o por otras personas honestas e idóneas, una o dos veces al año, inspeccione las parroquias en las que se sospeche que habitan herejes; y allí obligue a tres o más varones de buena fama, o si pareciese necesario a toda la vecindad, a que bajo juramento indiquen al obispo o al archidiácono si conocen allí herejes, o a algunos que celebren reuniones ocultas o se aparten de la vida, las costumbres o el trato común de los fieles. 

En las siguientes décadas, el proceso de la Inquisición resultó intermitente y contradictorio en muchas ocasiones. Un ejemplo fue el caso del primer director de la Inquisición de Hungría, Paulus Hungarus, quien defendió a los chamanespaganos húngaros valiéndose de su influencia con el Papa Inocencio III. Además, aseguró que estos al adorar al sol adoraban al ente supremo que era el mismo Dios, así que no hallaba razón para condenarlos. Paulus Hungarus fue uno de los primeros frailes dominicos, quien escribió importantes documentos como la Suma de poenitentiae, tendiendo las bases de la nueva orden a petición de Domingo de Guzmán. Sin embargo, Paulus fue destituido y reemplazado por un religioso más estricto cerca de 1232, después de haberse iniciado propiamente la Inquisición. 

En 1231, ante el fracaso de la Inquisición episcopal, denominada así porque no dependía de una autoridad central, sino que era administrada por los obispos locales, Gregorio IX creó mediante la bula Excommunicamus la Inquisición pontificia o Inquisición papal, dirigida directamente por el Papa y dominada las por órdenes mendicantes, especialmente los dominicos. El hecho de que religiosos bajo el control directo del Papa tuvieran a su cargo los tribunales, fue un freno a su expansión, ya que algunos obispos no querían ver limitado su poder en una diócesis por la presencia de estos organismos papales. 

En 1252, el papa Inocencio IV autorizó en la bula Ad extirpanda el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos. Se recomendaba a los torturadores no se excedieran hasta el punto de mutilar al reo o finiquitarlos. Las penas eran variables. Los que se negaban a abjurar, "herejes relapsos", eran entregados al brazo secular para la ejecución de la pena de muerte.

La Inquisición pontificia funcionó sobre todo en el sur de Francia y en el norte de Italia. En España, existió en la Corona de Aragón desde 1249, pero no en la de Castilla.

Inquisición española 

La Inquisición real se implantó en la Corona de Castilla en 1478 por la bula del papa Sixto IV Exigit sincerae devotionis con la finalidad de combatir las prácticas judaizantes de los judeoconversosde Sevilla. A diferencia de la Inquisición medieval, dependía directamente de la monarquía, es decir, de los Reyes Católicos. Tras una nueva bula emitida en 1483, la Inquisición se extendió a los reinos de la Corona de Aragón, incluyendo Sicilia y Cerdeña, y a los territorios de América (hubo tribunales de la Inquisición en México, Lima y Cartagena de Indias), y se nombró Inquisidor General a Tomás de Torquemada. La Inquisición se convirtió en la única institución común a todos los españoles, con excepción de la propia Corona, a quien servía como instrumento del poder real: era un organismo policial interestatal, capaz de actuar a ambos lados de las fronteras entre las coronas de Castilla y Aragón, mientras que los agentes ordinarios de la Corona no podían rebasar los límites jurisdiccionales de sus respectivos reinos.

Inquisición española en México

La historia de la Santa Inquisición en México se inició desde los primeros momentos en que los españoles pisaron este continente. Los primeros casos de que se tiene noticia son las "ordenanzas" contra blasfemos promulgadas por Hernán Cortés en 1520, es decir antes de la caída de la gran Tenochtitlán, y el proceso de idolatría iniciado por Nuño Beltrán de Guzmán en contra deCaltzontzin, señor de los tarascos. Por otra parte, hay ciertos indicios de actividades inquisitoriales contra herejes desde 1522, realizadas al parecer, por frailes que desde entonces ya se encontraban en México.

Tras la conquista se instauró el Tribunal del Santo Oficio, que dependía directamente del Consejo de la Suprema Inquisición, que estaba encabezado por el inquisidor general de la Monarquía Hispánica. La autoridad superior del tribunal en México era el Inquisidor o Inquisidores, puesto que normalmente ocupaban varias personas. Los empleados de más alto rango eran el fiscal, a cuyo cargo estaba promover los procesos, y el Secretario del secreto, que tenía fe publica y autorizaba las actas, diligencias, despachos, edictos, etc. Los inquisidores contaban con un cuerpo de personas doctas y de alta posición social y oficial llamados "consultores del Santo Oficio", que integraban una especie de consejo. Estos consultores intervenían con su voto en las decisiones graves, como cuando un reo era condenado a muerte. El tribunal contaba además con el auxilio de un cuerpo de peritos en asuntos teológicos y religiosos, llamados calificadores del Santo Oficio, cuya misión era ilustrar la opinión de los inquisidores en casos debatibles y de difícil resolución. También existía un cuerpo policiaco, que eran quienes resguardaban las cárceles y el Tribunal del Santo Oficio.

Procedimiento judicial

Al establecerse el Tribunal del Santo Oficio, los primeros procedimientos consistían en una ceremonia llamada de "Juramento", en la que como lo dice el nombre, los asistentes juraban denunciar a todas las personas que consideraran sospechosas y prestar al tribunal la ayuda que pidiese, pero además, al concluir esa ceremonia se daba lectura a un edicto de los inquisidores, llamado Edicto General de Gracia, por el cual se conminaba a quienes se sintieran culpables a denunciarse dentro de un plazo fijado so pena de excomunión mayor. En el edicto se indicaban con minuciosidad los hechos considerados punibles y se le prohibía a los confesores dar la absolución a los que de algún modo no hubieren cumplido con aquel mandamiento.

Toda denuncia incluso anónima, era válida. Una vez recibida, se abría de inmediato una investigación secreta que al revelar algún indicio, por débil que fuera, conducía al apoderamiento de la persona indiciada y al aseguramiento de sus bienes. Se le tomaba enseguida una declaración que incluía siempre preguntas sobre su familia y su origen, sobre su conocimiento de los dogmas y prácticas sobre la religión católica, y sobre si tenía alguna sospecha acerca del motivo de su prisión. Por lo general el acusado manifestaba total ignorancia a ese respecto, temeroso de implicarse en algún hecho que no figurara en la denuncia, situación que agravaba su caso. Si después de preguntarle tres veces el acusado persistía en la misma respuesta se le declaraba "negativo" y se abría propiamente hablando el proceso. Durante toda la secuela de éste –que a veces tardaba años- el acusado permanecía incomunicado en la llamada cárcel del secreto y ni siquiera podía hablar con él uno de los inquisidores si faltaba alguien que pudiera servir de testigo. El acusado nunca era informado del nombre de quienes declaraban en el proceso, no había por supuesto la posibilidad de careos y el recurso de tachar a un testigo por ser enemigo del acusado solo podía hacerse efectivo si este adivinaba quien había declarado en su contra o por torpeza del acusado en las declaraciones del testigo. A todos los testigos se les exigía el juramento del secreto.

Inquisición romana 

La Inquisición romana, también llamada Congregación del Santo Oficio, fue creada en 1542, ante la amenaza del protestantismo, por el Papa Pablo III. Se trataba de un organismo bastante diferente de la Inquisición medieval, ya que era una congregación permanente de cardenales y otros prelados que no dependía del control episcopal. Su ámbito de acción se extendía a toda la Iglesia Católica. Su principal tarea fue desmantelar y atacar a las organizaciones, corrientes de pensamiento y posturas religiosas que socavaran la integridad de la fe católica, y examinar y proscribir los libros que se considerasen ofensivos para la ortodoxia.

Al comienzo, la actividad de la Inquisición romana se restringió a Italia, pero cuando Gian Pietro Caraffa fue elegido Papa como Pablo IV, en 1555, comenzó a perseguir a numerosos sospechosos de heterodoxia, entre los que se encontraban varios miembros de la jerarquía eclesiástica, como el cardenal inglés Reginald Pole. En 1600 fue juzgado, condenado y ejecutado el filósofo Giordano Bruno. En 1633 fue procesado y condenado Galileo Galilei, al destierro a más de 50 km de Roma, suspendiéndole asimismo el abono del dinero que recibía al modo de una beca moderna.

En 1965 el papa Pablo VI reorganizó el Santo Oficio, denominándolo Congregación para la Doctrina de la Fe.

Inquisición portuguesa

En Portugal, donde se habían refugiado numerosos judíos españoles luego de la expulsión de 1492, el rey Manuel I, presionado por sus suegros, los Reyes Católicos, decretó la expulsión de los judíos que no se convirtieran al cristianismo en 1497. Esto produjo numerosas conversiones al catolicismo.

La Inquisición portuguesa fue establecida en Portugal en 1536 por el rey Juan III. En un principio, la Inquisición portuguesa estaba bajo la autoridad del papa, pero en 1539, el rey nombró inquisidor mayor a su propio hermano, Don Enrique. Finalmente, en 1547, el papa terminó aceptando que la Inquisición dependiese de la corona portuguesa.

El primer auto de fe tuvo lugar en Lisboa el 20 de septiembre de 1540 y en 1560 se establece un tribunal de la Inquisición en Goa. Fue abolida por las Cortes Generales en 1821.

Inquisición y brujería 

En 2004 se publicaron las "Actas del simposio internacional: La inquisición", 5 gracias a la apertura de los archivos secretos de la Congregación para la Doctrina de la Fe ordenada por Juan Pablo II en 1998. En estas actas se recoge toda la documentación sobre los procesos inquisitoriales en la Europa católica donde regía el Vaticano en el campo espiritual. Desmitifica una parte del genocidio en países como España por brujería, exagerados por la exitosa campaña protestante (ver Leyenda Negra de la Inquisición Española) para mejorar su oposición al Imperio español de la época.

Primero es necesario comentar que se inició como un fenómeno popular, la aparición de la figura de la bruja poseída por el diablo, y así se irían ajusticiando por la población local. En 1484, Inocencio VIII da por oficial la existencia de la brujería por medio de la bula Summis desideratis affectibus:

Ha llegado a nuestros oídos que gran número de personas de ambos sexos no evitan el fornicar con los demonios, íncubos y súcubos; y que mediante sus brujerías, hechizos y conjuros, sofocan, extinguen y hacen perecer la fecundidad de las mujeres, la propagación de los animales, la mies de la tierra.

Algunos autores sostienen que el papa no podía saber lo que Kramer y Sprenger iban a decir en el Malleus Maleficarum y que sólo había publicado la bula para decir que compartía su inquietud por el problema de las brujas. Sin embargo, la posición de la Iglesia con respecto a las brujas agravó la crisis de las persecuciones. Las primeras grandes oleadas de caza de brujas son consecuencia directa del Malleus Maleficarum debido a la amplia distribución que tuvo el libro. Aunque la Iglesia nunca aprobó oficialmente la caza de brujas, en 1657 prohibió esas persecuciones en la bula Pro formandis. 

Características 

En la Europa central, se vio especialmente agravada por varios motivos:

• La difusión de la imprenta con la enorme difusión de obras como La Divina Comedia, en los años posteriores a la peste negra donde se hablaba de los suplicios del infierno, el teatro donde se puso de moda incluir al diablo y sus acólitos en sus representaciones.

• Las tensiones religiosas, sobre todo en zonas afectadas por la Reforma, la Guerra de los Treinta Años, la revuelta de los Países Bajos, el anglicanismo y la aparición de movimientos religiosos radicales como los anabaptistas.

Entonces se puede hablar de dos regiones diferenciadas según la fuerza de la brujería:

• Alemania, Suiza, la Región del Jura, los Países Bajos españoles, Francia e Inglaterra.

• En los países nórdicos, orientales y mediterráneos especialmente, la caza de brujas fue algo tardío, sin fuerza y poco importante demográficamente.

La brujería en España

En España, durante los tres siglos que dura especialmente, prácticamente la mayoría de los casos se someten al proceso de la Inquisición local de forma regulada y documentada. Aunque sería el último país en abandonar la cruel figura de la Inquisición, ya hacía mucho tiempo que no ejecutaba a muerte a supuestas brujas; se ejecuta a la última en 1611, la adolescente catalana Magdalena Duer. Los últimos casos son en uno de los cantones suizos con Anne Goldin enGlarus, 1782 (es la última ejecución en Europa occidental) o en Polonia en 1793.

A diferencia de otros países europeos como Alemania o Reino Unido, en el caso español los juicios por brujería de la Inquisición eran juicios con un proceso legal, documentados y organizados por el Estado, aunque todos los países usaron la tortura como medio habitual. La pena más común era la abjuración de levi, con destierro de seis años de la ciudad donde viviera; la absolución era frecuente. Era significativa la suposición de que las supuestas brujas habían bebido vino y estaban enfermas de modorra. Con la confesión del brujo, la inquisición advertía:

Que no procede en estos casos por solo la forma de ser brujos y hacer los dichos daños, si no testifican de haberlos visto hacer algunos daños, porque muchas veces lo que dicen han visto y hecho les sucede en sueños y juzgan se hallaron en cuerpo y lo vieron e hicieron con los que testiffican y les figura el demonio cuerpos fantasiosos de aquellos que dicen vieron sin haberlos visto ni hallándose allí para que hagan esos daños de inflamar en peligro a los que no tienen culpa.

Julio Caro Baroja afirma en El señor Inquisidor y otras vidas por oficio:

Los inquisidores eran más juristas que humanistas y teólogos. La jurisprudencia más o menos secreta que podían estudiar era grande, casi tan grande como el escepticismo de muchos de ellos, acostumbrados a ver imposturas y engaños en cantidad de actos hechiceriles. En el siglo XVII los españoles, por otra parte, no tenían mucha fama como magos y hechiceros. Alguien sostuvo —con clara animadversión hacia el país— que el diablo no se fiaba de sus habitantes.

Amon Göth

Amon Leopold Göth, a veces escrito Goeth, (Viena, 11 de diciembre de 1908 – Cracovia, 13 de septiembre de 1946) fue capitán de las SS, durante la Segunda Guerra Mundial y comandante del campo de prisioneros de Plaszow en Polonia. 

Su trayectoria en el partido nazi

A la edad de 18 años se afilió a varios grupos paramilitares nacionalistas en Austria. En 1930, con sólo 22 años, se une a las SS austríacas. En el clima de violencia que los nazis siembran en Austria para imponer la ideología nazi, Göth participa en atentados con explosivos. Debido a esto tiene que escapar a Alemania por un tiempo. Amon Göth destaca como modelo de cumplimiento de las políticas raciales del régimen. Posteriormente, en 1942, participa en varias redadas y persecuciones a judíos en Polonia, adscrito al grupo de las SS "Aktion Reinhard". 

Comandante de campo de Plaszow-Cracovia

El 11 de febrero de 1943 se le asigna por sus méritos la construcción y comandancia del campo de prisioneros de Plaszow-Cracovia, destinado a los trabajos forzados y a la preselección para conducir prisioneros a los campos de exterminio de Auschwitz, Treblinka y Sobibor. Amon Göth impuso el dominio por el terror sobre los prisioneros en dicho campo, ejecutando sin mayores preámbulos a decenas de judíos. Göth, que medía 1,92 m de alto y pesaba unos 120 Kg, recibió el apodo de “Verdugo de Plaszow” (Schlächter von Plaszow), por su afición a disparar con un rifle de francotirador contra los prisioneros, sin importar si eran niños, mujeres o ancianos. Después del asesinato de una persona, exigía la ficha del asesinado. Asimismo, ejecutaba a sus familiares bajo el argumento de que no quería “gente insatisfecha” en su campo de concentración. Golpeaba hasta morir a mujeres judías porque las consideraba "carroñas incorregibles". Göth realizó ejecuciones al azar entre los prisioneros por causa de la más mínima infracción de la ley interna. Se hizo con un séquito de personal esclavo para atender sus necesidades domésticas. Realizó tratos comerciales y pecuniarios con Oskar Schindler para abastecer una fábrica de utensilios de cocina con mano de obra esclava. Estos acuerdos con el comerciante alemán cambiaron el destino de unos 1.200 judíos. La práctica al parecer era habitual por parte de algunos comerciantes alemanes que estaban obligados a buscar mano de obra barata. El 13 de septiembre de 1943 se le dio la orden de cerrar el campo de trabajo; para entonces había liquidado unos 8.000 prisioneros en diversas ejecuciones y matanzas. Los remanentes fueron enviados a Auschwitz. Igualmente se le asignó cerrar el gueto de Tarnów, enviando a los supervivientes a Auschwitz. Posteriormente cerró el campo de trabajo de Szebnie, causando la muerte de un indeterminado número de niños y adultos. En 1944 fue arrestado por las mismas SS acusado de enriquecerse realizando mercado negro entre los campos de concentración y se le envió a un batallón de castigo sanitario de las SS en Bad Tölz. 

Captura, juicio y fin

El juicio se celebró en 1946 a cargo del Tribunal Supremo Nacional de Polonia, reconocido por los aliados. El juicio duró desde agosto a septiembre de 1946 y Goeth se mostró impasible ante los cargos que se le formulaban, aduciendo haber recibido órdenes de sus superiores. Se le acusó de la muerte directa de unos 10.000 judíos polacos. Goeth fue condenado a morir en la horca después de haber solicitado en vano misericordia al Presidente del Concilio Nacional de Polonia. Amon Göth fue ejecutado por la horca en las mismas instalaciones de Plaszow por el delito de crímenes contra la Humanidad. La ejecución falló en dos ocasiones, hasta que al final Amon Göth muere ahorcado, al tercer intento. Su hija Monika Göth escribió un libro sobre su padre titulado "Yo adoro a mi padre, ¿debo adorarle?". En este libro se describe la profunda admiración que sentía su madre hacia su esposo Amon Göth, y cómo después, al conocer en profundidad la participación de su marido en el Holocausto, se suicidó.

La mujer en Argelia

Por Paula San Pedro, Investigadora Junior, Programa de Acción Humanitaria y Desarrollo, FRIDE (FRIDE, NOV/05):

Papel de la mujer argelina en la historia reciente

En la tradición argelina la mujer ha tenido un papel activo y en primera línea en los diferentes cambios que ha atravesado el país. La historia reciente de Argelia demuestra que ya durante la guerra de la independencia frente a Francia (1954-1962) la mujer se implicó sin reservas a todos los niveles cuando tomó conciencia de su situación de debilidad y vulnerabilidad. Pero la recompensa por su inestimable rol en esta lucha se disipó ante la influencia del movimiento islamista que logró su mayor victoria política con la aprobación del Código de Familia en 1984. Este Código, basado en una interpretación patriarcal de las leyes islámicas, significó la legitimación de las restricciones a las libertades de la mujer que ya existían sin consentimiento legal. La mayor de las privaciones fue perpetuar a la mujer argelina a ser menor de edad dependiente del padre, del marido o del hermano. Además, otorgó plenos derechos al hombre frente a la mujer en caso de divorcio hasta el punto de que mujer e hijos estaban obligados a dejar la casa familiar aunque fuese el marido quien tuviese la tutela de los hijos. Admitía la poligamia y obligaba a la mujer a tener un tutor (wali) para casarse. La mujer casada tenía el deber de obedecer a su marido lo que se traducía, entre otras cosas, en pedirle permiso para trabajar. Así pues, todas estas restricciones a la libertad personal de la mujer ante la ley han servido para reforzar el status de inferioridad de la mujer en la sociedad argelina. Tras su promulgación, el Código suscitó numerosas críticas, especialmente de los movimientos feministas nacionales. Esta oposición se basó en la ambivalencia de la postura del poder político argelino. Por un lado, el gobierno defendía un código que contraviene la legislación dado que la Constitución argelina preconiza el principio de igualdad. Por otra parte, las autoridades reconocían los derechos constitucionales de las mujeres tales como el derecho al voto (1) y el derecho a trabajar sin necesidad de consentimiento.

Pero el Código resultó ser la punta del iceberg de la involución social femenina. A partir de la llegada del partido Frente Islámico de Salvación (FIS) al poder en 1991, la violencia fundamentalista contra la mujer se intensificó. El FIS pretendía hacer cambios rápidos y notorios tras décadas de corrupción del partido único (Frente de Liberación Nacional- FLN) e impuso la discriminación sexista a través de medidas legales y del uso de la fuerza llegando a situaciones de apartheid de género. Decretaron el uso obligatorio del velo (hidjab), la separación de niños y niñas en el colegio, hombres y mujeres en los medios de transporte e incluso en algunas zonas de trabajo. Tras la cancelación de las elecciones y la consecuente ilegalización del partido islámico en 1992, la escalada de violencia fue extrema. El primer objetivo terrorista fueron las mujeres vinculadas a las fuerzas de seguridad, la policía y el gobierno. En 1993, los fundamentalistas empezaron a atacar y torturar a mujeres intelectuales, profesionales y feministas. Hubo numerosos casos de jóvenes secuestradas y llevadas a los campamentos militares donde eran utilizadas como esclavas sexuales (denominado matrimonio mutaa). Las amenazas de muerte a mujeres corrientes que no seguían los dictados de los grupos armados, tales como no llevar velo o no ir maquilladas, eran constantes. A partir de 1994, los ataques comenzaron a ser aún más indiscriminados masacrando pueblos enteros con efectos desproporcionados sobre mujeres y niños.

Tras más de una década de violencia marcada por un conflicto sangriento generado por el terrorismo islamista y las fuerzas de seguridad, Argelia está iniciando una nueva etapa de transformaciones. Esta situación de relativa paz y estabilidad política, y las constantes reivindicaciones de los grupos feministas han permitido dar una solución legal al controvertido debate que se inició en 1984 entorno a la reforma del Código de Familia. En términos generales la propuesta de enmienda busca la consolidación del principio de igualdad entre el hombre y la mujer, y el restablecimiento del equilibrio en lo que concierne a los derechos y obligaciones de los esposos. En términos concretos se exige la sumisión de la poligamia a la autorización del juez, la unificación de la mayoría legal (19 años) para los dos sexos, la derogación del matrimonio por procuración a través del wali (tutor) y la posibilidad de la esposa de solicitar el divorcio. Dos enmiendas se han considerado especialmente revolucionarias para la sociedad argelina; la posibilidad de que los dos cónyuges incluyan cláusulas específicas en el contrato matrimonial y la introducción de condiciones contractuales para luchar contra la repudiación. Por último, se exige el derecho de guardia a los dos padres, lo que permite a la mujer mantener el domicilio conyugal. En marzo de 2005, se aprobó el anteproyecto de ley que modifica 52 artículos del Código. Pero el significativo avance de estas enmiendas se ha visto empañado al establecer la primacía de la ley coránica sobre la legislación nacional e internacional. Esto implica que el principio de igualdad hombre-mujer, reconocido por la Constitución, quedará como letra muerta. Además, el Gobierno presionado por la oposición fundamentalista se ha visto obligado a continuar con el matrimonio por procuración, a mantener intactos los derechos de herencia y conservar el derecho del hombre a repudiar a la esposa. Parece claro que esta reforma legal no sólo es insuficiente, tal y como consideran las asociaciones feministas (2), sino que además va a permitir continuar con la violación de los derechos humanos de la mujer.

El último acontecimiento de gran relevancia nacional ha sido el referéndum sobre la paz y la reconciliación celebrado a finales de septiembre de 2005 con el que se pretende cerrar la larga etapa de violencia. El presidente Bouteflika en su empeño en dar continuidad al proceso que inició con la Ley de la Concordia Civil en 1999, publicó una Carta en agosto de 2005 en la que se garantizaba el indulto a todos los que participaron en el conflicto a excepción de aquellos que fueron responsables de masacres, violaciones o bombardeos en lugares públicos. Tras una extensa campaña liderada por el mismo Presidente y monopolizada por su partido en la que se silenció a la oposición, los resultados (3) dieron un rotundo y sorprendente apoyo a la amnistía.

A pesar de que esta amnistía parcial podría ser considerada como un paso adelante para alcanzar la paz nacional, las disposiciones de la Carta no permiten borrar las heridas de una terrible guerra ni garantizar el fin de la violencia (4). La Carta niega específicamente la responsabilidad del Estado en las desapariciones, y afirma que se han castigado todos los actos indebidos que han cometido los agentes del Estado. Además, las disposiciones contradicen las obligaciones contraídas por Argelia en virtud del derecho internacional. Para las víctimas y sus familias el mayor temor es que estas disposiciones pueden constituir una negación de la verdad y la justicia al no establecerse ninguna comisión de la verdad y que, por tanto, cualquier persona que participase en el conflicto pueda adherirse a la amnistía sin una previa confesión. Esta falta de compromiso a investigar los graves abusos cometidos durante el conflicto armado suscita una honda preocupación por la posibilidad de que las medidas propuestas perpetúen un clima de impunidad y, en última instancia, alienten nuevos abusos en el país.

Participación de la mujer en el ámbito económico, político y social

Desde la independencia, el Gobierno ha realizado una fuerte inversión en el sistema educativo. El resultado ha sido una importante caída de la tasa de analfabetismo y especialmente de las mujeres que ha pasado del 85 por ciento en los años 60 al 40 por ciento en la actualidad. A pesar de ello, esta cifra aún sigue siendo alta sobre todo si se compara con la masculina, que ronda el 20 por ciento. Uno de los factores claves de la evolución positiva ha sido el carácter obligatorio de la educación primaria y el acceso de la mujer a todos los niveles del sistema educativo. Esta política ha tenido un impacto directo sobre la tasa de escolarización femenina que ha alcanzado la paridad en la escuela primaria y representa más del 50 por ciento de los estudiantes universitarios. La discriminación de género está muy arraigada en la sociedad y empaña a otros ámbitos (educación, cultura) más allá de la propia legislación. En consecuencia esta exclusión también opera en el ámbito profesional ya que las mujeres, siguiendo el Código de Familia, han de obtener la autorización de sus maridos para poder desempeñar cualquier actividad profesional (5). A pesar de ello, las mujeres siguen luchando por su reconocimiento y poco a poco han logrado insertarse en el mercado laboral. Esto se refleja en una población activa femenina que crece cuatro veces más rápido que la población activa total con tasas que actualmente rondan el 15 por ciento (6). Esta mano de obra se caracteriza por la juventud de sus integrantes y por su elevado nivel de instrucción. El porcentaje de universitarias asciende ya al 50 por ciento aunque no representan ni el 10 por ciento de los trabajadores en el mercado laboral. Paralelamente, y como consecuencia de los problemas macroeconómicos que han provocado una disminución importante de la creación de empleo a nivel nacional, la tasa de desempleo femenina ha crecido rápidamente desde la independencia siendo actualmente del 32 por ciento (7). Por lo tanto, actualmente, se está destruyendo más empleo del que se crea. Tanto el empleo como el desempleo femenino se concentra en las urbes (tasas del 75 y del 45 por ciento respectivamente) donde las mujeres copan los servicios sociales frente a sectores como la construcción y las obras públicas donde no hay mano de obra femenina. Esta situación se corresponde con la ineficaz y limitada política de empleo femenino, especialmente en el ámbito rural. El derrumbamiento del sector público y el desempleo masivo junto con la llegada de mujeres al mercado laboral ha provocado la expansión del sector informal. A pesar de que no hay datos oficiales, las estadísticas estiman que una de cada tres mujeres trabaja en la actividad informal. La precariedad laboral y la discriminación salarial que caracteriza a este sector impone a las mujeres sórdidas condiciones que a menudo se asemejan a su “encierro” tradicional. La legislación argelina reconoce los derechos políticos de la mujer. A pesar de ello, la mujer está poco representada en los cargos políticos y gubernamentales directivos. De la misma manera, en teoría no hay restricciones a la participación de la mujer argelina en la política, pero aquellas que quieren mejorar su posición dentro de su partido político se enfrentan a la resistencia de los miembros masculinos (8). Sólo hay un ámbito donde la mujer está bien representada; el sistema judicial, en el que el 25 por ciento de los jueces son mujeres. Gracias a ello, se podrán reducir las sentencias sexistas, y se facilitará el acceso de la mujer a los tribunales. En la esfera social, la mujer aun no tiene la información suficiente para ser autónoma en su vida civil y política. Según una encuesta nacional reciente (9), sólo el 9 por ciento de las mujeres entre 9 y 49 años lee el periódico diariamente y sólo el 7 por ciento de las mujeres participa activamente en la vida política. Algunos de los factores que intervienen sobre la participación de la mujer en la vida política incluyen el control ejercido por el miembro masculino de la familia y la falta de información específica sobre la mujer.

Según la Constitución, las mujeres argelinas tienen los mismos derechos sociales y culturales que los hombres, pero en realidad no tienen el mismo acceso ni la posibilidad de ejercerlos. Estas restricciones tienen su raíz en el Código de Familia en el que se estipula el inferior rango de la mujer. En general, las actividades de la mujer se limitan a la esfera doméstica y son escasas las oportunidades que tienen de salir a la calle. Con este panorama, es muy difícil tomar decisiones independientes al hombre, influir en la vida comunitaria o alcanzar el desarrollo personal pleno.

Los extremistas religiosos preconizan que el compartimiento social de la mujer sea una aseveración de la identidad política y religiosa. Esta línea de pensamiento está teniendo un fuerte impacto sobre la autonomía de la mujer, especialmente en las comunidades rurales. Algunos casos testimonian que hay hombres que restringen a sus mujeres salir de casa y les prohíben ser examinadas por médicos hombres. Además, el maltrato doméstico es otra dramática realidad que cada vez se hace patente gracias al cambio de actitud de las mujeres. Pese a las trabas que tienen para acceder a la justicia, las mujeres se atreven a denunciar este tipo de violencia aunque el número de denuncias aún es bajo con respecto a los casos existentes.

El derecho de la mujer a la vivienda no está reconocido ni en la práctica ni en los textos legales. Esto ha permitido que desde 1984 se hayan visto casos de mujeres divorciadas con sus hijos vagabundeando al quedarse sin casa. Gracias a la reforma del Código de Familia, la mujer tendrá el mismo derecho que el hombre a mantener su vivienda. Este amparo legal no asegura que vaya a ser puesto en práctica como tampoco se sabe si las viudas y las solteras podrán mantener su vivienda a pesar de que no haya un hombre a la cabeza de familia.

Esta situación de desigualdad amparada en la legalidad ha sido la principal causa del gradual empobrecimiento de la mujer. Desde 1992, miles de mujeres han perdido miembros de su familia a manos de terroristas y han tenido que ponerse a la cabeza de la familia a pesar de que muchas tenían escasa experiencia más allá de sus tareas domésticas. El largo proceso hasta obtener el certificado de defunción ha provocado que muchas mujeres junto a sus familias sobrevivan en una situación muy precaria al no tener derecho a la pensión, a los ahorros familiares ni a la vivienda. Por otra parte, cientos de mujeres han sufrido la marginación social y la pobreza tras haber sido raptadas o violadas por los grupos armados. Las familias han rechazado a estas mujeres viéndose obligadas a vivir en la calle con una ayuda gubernamental muy limitada.

El papel de la cooperación internacional

Bajo esta realidad, la cooperación internacional puede jugar un papel muy importante en el desarrollo de la mujer en Argelia. El hecho de que sea una cooperación joven (10) y con poca experiencia explica porqué hasta ahora su actuación ha sido tímida, caracterizada por actuaciones puntuales pero sin una estrategia definida ni con un objetivo a largo plazo. Además, esta inexperiencia conlleva un desconocimiento generalizado del país, sobre todo de las zonas rurales. Por tanto, el primer paso para asegurar la eficacia de la ayuda internacional es realizar un análisis a nivel nacional en el que se identifique a la población femenina más vulnerable. Para ello hay que contar con la extensa experiencia de las asociaciones de mujeres cuya labor se ha centrado en ámbitos como la educación en valores igualitarios, la formación para aumentar la participación femenina en la esfera política y económica, el apoyo psicológico y la defensa de los derechos de la mujer. Los logros de estas asociaciones a lo largo de la reciente historia argelina han sido múltiples, a pesar de que durante mucho tiempo su trabajo se ha desarrollado bajo las amenazas y los ataques de los grupos violentos.

Los escasos estudios que se han realizado a nivel nacional hasta la fecha indican que las necesidades más apremiantes de las mujeres argelinas se concentran en las zonas rurales donde las bolsas de pobreza son mayores, el acceso a los servicios es muy limitado, las libertades personales están muy deterioradas y sobreviven en una situación de represión fomentada por el fundamentalismo religioso. Más allá del ámbito rural, la ayuda internacional puede incentivar el empleo femenino y su inserción en la economía, favorecer su desarrollo social, y apoyar actividades de formación y sensibilización que contribuyan a un cambio de actitudes en las relaciones de género. En el plano institucional, países como España pueden ofrecer una valiosa aportación en relación a la inclusión de la Ley de Violencia de Género en su Constitución y dar una respuesta legal a este fenómeno que está alcanzando graves proporciones. En términos generales, estos programas deben ser multidimensionales dado que la discriminación sexual está fuertemente arraigada en la sociedad y luchar contra ella supone incluir aspectos sociales, culturales y educativos además de legislativos.

Así pues, la cooperación internacional tiene la oportunidad de ser un actor clave en el desarrollo de la mujer argelina y ser el punto de inflexión hacia una nueva etapa que abra sus posibilidades. Pero ello sólo será posible si las agencias de desarrollo trabajan de forma coordinada y se cuenta con el apoyo del Gobierno argelino. Hasta la fecha, la Administración sólo se ha mostrado abierta a la ayuda internacional en su discurso ya que en términos prácticos siguen habiendo numerosos obstáculos que no permiten a la cooperación internacional trabajar con flexibilidad y eficacia.

Invertir en el desarrollo de la mujer tiene un efecto dinamizador sobre el resto de la población dado que la mayor parte de las responsabilidades dentro y fuera del hogar recaen sobre ella. En otras palabras, potenciar a la mujer sienta las bases de una sociedad más próspera, libre y democrática.

Notas:

1 En las elecciones locales de 1991 y en las elecciones parlamentarias de 1992 se estableció una ley de “procuraduría” que daba el derecho a los hombres a votar por todas las mujeres de su familia. En las elecciones presidencialistas de 1995 se otorgó a la mujer el derecho a votar por si misma.

2 Las reivindicaciones de las asociaciones feministas son: la derogación o enmienda del Código de Familia, la consagración de la monogamia, el derecho incondicional de la mujer a trabajar, la igualdad en materia de divorcio y el reparto igualitario del patrimonio. 3 Según fuentes oficiales la participación alcanzó el 79,6 por ciento y de ellos el 97,3 apoyó el proceso para la paz y la reconciliación.

4 Tres personas fallecieron al día siguiente de la celebración del referéndum como consecuencia de dos atentados atribuidos al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC). Esta organización islamista rechaza la propuesta de amnistía parcial lanzada por el Gobierno de Argel.

5 En base a la reforma del Código, los cónyuges deberán incluir esta cláusula en el contrato matrimonial.

6 Datos estimativos ya que no existen fuentes fiables. Las fuentes oficiales y no oficiales no coinciden.

7 Idem pie de pagina 4

8 Los partidos políticos no tuvieron representación femenina hasta 1997 pero en el 2002 gracias a la presión de las asociaciones de mujeres y otras organizaciones se logró que 19 mujeres fueran miembros de partidos políticos. De la misma manera, en el 2002, el número de mujeres en el Parlamento incrementó de 13 a 2.

9 Encuesta cualitativa sobre la sanidad de la familia, 2002

10 Argelia ha comenzado recientemente un flujo más constante e intenso de relaciones con los países donantes ya que durante la época de conflicto solo algunos donantes continuaron su actividad en el país. Esta situación ha supuesto que países como España, Bélgica, Alemania o Italia tengan una experiencia muy reciente con Argelia.

La Triple A, la Alianza Anticomunista Argentina (AAA)

La Alianza Anticomunista Argentina (AAA), conocida como Triple A, fue un grupo paramilitar y terrorista de extrema derecha peronista de la Argentina,1 asesinó a artistas, intelectuales, guerrilleros, políticos de izquierda, estudiantes, historiadores y sindicalistas, además de utilizar como métodos las amenazas, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada de personas.23 4 durante la década de 1970. Responsable de la desaparición y muerte de casi 700 personas.5 Sus acciones fueron catalogadas como delitos de lesa humanidad por el juez federal Norberto Oyarbide en 2006.6 Está relacionada à Alianza Americana Anticomunista.

Antecedentes

Algunos historiadores e investigadores han afirmado que la Triple A tiene antecedentes en las bandas parapoliciales que surgieron a principios del siglo XX, luego del Decreto Ley de Defensa Social. Cuando se sucedieron masacres conocidas como el Grito de Alcorta, la masacre de la Fábrica Vasena o la Semana Trágica. Muchas de esas masacres fueron realizadas o apoyadas por las bandas parapoliciales conocidas como Ligas patrióticas Argentinas.

También son señalados como antecedentes más contemporáneos, organizaciones como la Alianza Libertadora Nacionalista, la organización pro nazi creada en 1943; el Movimiento Nacionalista Tacuara, de las que provenían algunos integrantes de la Triple A. También, el Comando de Organización, comandado por el diputado Alberto Brito Lima, la Alianza Americana Anticomunista; la Concentración Nacional Universitaria (CNU), coexistió con la Triple A, a la que luego se integró.

Orígenes 

Desde que José López Rega fue nombrado por Héctor J. Cámpora como ministro de Bienestar Social, se comenzó a rodear de militantes de otras agrupaciones que «quisieran eliminar a la izquierda», entre ellos, ex tacuaras del Movimiento Nueva Argentina (MNA), militantes de la Juventud Federal del dirigente peronista Manuel de Anchorena, miembros de la CNU, miembros delComando de Organización, cuadros técnicos de Guardia de Hierro y grupos sindicales ortodoxos especializados en la capacitación doctrinaria. Además, también creó la Juventud Peronista República Argentina (JPRA), debido a que necesitaba de un aparato propio que saliera a pelearle «la calle» y responderle en forma directa a la Tendencia, agrupaciones que respondían en forma orgánica a las organizaciones FAR y Montoneros. La organización fue sostenida con los recursos del Ministerio, y hasta les permitió el ingreso a la rama juvenil del Consejo Superior Peronista, el organismo institucional desde donde comenzaron a combatir a la Juventud Peronista de Regionales, agrupación de superficie de Montoneros. 

Según algunos investigadores, trabajadores del ministerio y militantes de la Juventud Peronista República Argentina (llamada Jota PerRA) comenzaron a simular atentados de Montoneros en su contra como parte de una estrategia de presentarse como blancos militares de las agrupaciones de izquierda, lo que les permitía revalorizarse dentro del ministerio. 

En un depósito llamado «microcine», en el segundo subsuelo del Ministerio, se guardaban armas. Una provisión importante se produjo a partir de que Manuel de Anchorena, fuera designado embajador en el Reino Unido. Por su gestión en ese país, logró que se enviaran doscientos subfusiles Sten MKII, que permitían ser desmontados con facilidad y además venían con un silenciador adaptable a otra arma muy utilizada en el Ministerio, el subfusil Sterling. El pago se instrumentó a través de la Dirección de Administración. 

Existen teorías acerca del nombre de la Alianza que podría deberse al perfil esotérico de López Rega, quien creía que la moral de la humanidad iba a evolucionar en la medida en que se desarrollaran los tres vértices magnéticos del triángulo de la Triple A. Aunque otras versiones hablan de un compromiso entre dos facciones que proponían Alianza Antiimperialista Argentina oAlianza Anticomunista Argentina, por lo que firmaron como Triple A, aunque luego se impuso la segunda acepción.

Organización 

Aunque en ese momento su liderazgo fue negado, hoy se sabe que José López Rega coordinó su organización. López Rega era secretario personal y ministro de Juan Domingo Perón, y creó las AAA para combatir a los sectores de izquierda del propio movimiento peronista.

López Rega y el comisario general entonces jefe de la Policía Federal Argentina, Alberto Villar, organizaron la Triple A durante el gobierno interino de Raúl Lastiri, en 1973. López Rega, al frente del Ministerio de Bienestar Social, desvió fondos para financiar  la organización y el armamento del grupo parapolicial. Seguiría en ese cargo durante el gobierno de Perón y, a su muerte (1º de julio de 1974), en el de su mujer, Isabel Martínez, sobre la cual ejercía una extraordinaria influencia basada en una compartida devoción espiritista. 

La Triple A, desde su gestación se organizó como un sistema de células, con el fin de que «no supiera un determinado grupo qué es lo que iba a hacer el otro». La organización se encontraba dirigida por un cuerpo nacional, que contaba con un cuerpo de ejecutores, y las secciones de «inteligencia», «justicia» y «operaciones»; este organigrama se repetía regionalmente. Los encargados del grupo original fueron López Rega, Villar, Almirón y Rovira.

En un principio, sólo existieron células de personal vinculado al Ministerio de Bienestar, al mando de los «lugartenientes» de López Rega, Rodolfo Eduardo Almirón y Alberto Villar. Luego, estas células fueron multiplicándose, siendo parte de ellas personal militar, oficiales policiales y agentes de inteligencia. De forma paralela la Triple A creó, en localidades lejanas a la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, nuevas organizaciones que respondían al mando de López Rega, por ejemplo, en Córdoba, gobernada por un «interventor federal», se creó el Comando Libertadores de América. También se asoció con grupos parapoliciales anteriores, otorgándoles protección, logística e inteligencia a cambio de lealtad. Un caso ejemplar de esta modalidad fue la Concentración Nacional Universitaria, en Mar del Plata.

Métodos 

Debido a su organización, el modo de actuar desde la Triple A variaba según el objetivo del atentado y la «célula» a cargo de la planificación y ejecución.

En muchos casos eran militantes populares o sindicalistas arrestados en su domicilio o en la vía pública por un grupo de hombres con credenciales policiales, uniformados o no. Luego, estas personas aparecían acribilladas al otro día. Los atentados con bombas y los ataques con ráfagas de subfusil fueron otro método común utilizado por el grupo parapolicial desde el principio de la represión ilegal. 

La Triple A fue adoptando procedimientos más violentos, en lo que podría ser llamado una escalada. Los secuestros, violaciones y ejecuciones de mujeres fue un método incorporado al «ritual» del terror. La eliminación de familias enteras se practicó como forma brutal de «escarmiento». También, se recurrió a la voladura con explosivos de sus víctimas. 

Atentados 

Durante el gobierno de Cámpora

Durante el gobierno de Cámpora, el 29 de junio de 1973, Eduardo Jiménez (ERP) fue asesinado por la Policía de Córdoba. Su detención se produjo cuando se disponía a pegar afiches de propaganda en una pared, junto con otros de sus compañeros. Testigos presenciales vieron cómo era introducido en una camioneta, pero la Policía informó que había muerto a consecuencia de un tiroteo. Presentaba un solo tiro en la frente y algunos golpes en el cuerpo. Los hechos anteriores al 21 de noviembre de 1973, fueron adjudicados por algunos historiadores e investigadores a la Triple A, la cual no reconoció la autoría del mismo por no haber hecho pública su existencia. Tampoco son reconocidos como un crimen de esta organización por la justicia, la cual reconoce la existencia de la organización criminal desde el primer hecho que se adjudicaron, el atentado contra Solari Yrigoyen.

Durante el gobierno de Lastiri

El 22 de julio de 1973, Benito Spahn (Juventud Peronista), fue asesinado por Tomás Roberto Cardozo, guardaespaldas de José Rucci, secretario general de la CGT. El 13 de agosto, Cirilo Heredia (JP), de 17 años, fue secuestrado y torturado. El 24, el Ateneo de Estudios «Juan Pablo Maestre», fue asaltado por un grupo de veinte personas que al grito de «este local está lleno de bolches» destrozaron el mobiliario, un cuadro de Maestre y material doctrinario. El 14 de septiembre, el «Ateneo 20 de junio», de la Juventud Peronista, es ametrallado por desconocidos. El 19, la Federación Gráfica Bonaerense denunció la desaparición de Sergio Joaquín Maillman de 24 años. El día 13 había sido visto herido y golpeado cuando era bajado de un Ford Falcon celeste e introducido en la casa de Miraflores 2044. Al final de esa cuadra está instalado el Quinto Cuerpo de Vigilancia de la Policía Federal. El automóvil en el que Maillman llegó hasta Miraflores tenía el número de patente «C 468.596» y el titular de la patente era María Esther Tagarelli de Martini, funcionaria del Ministerio de Bienestar Social. El 15 agosto, militantes de la Juventud Peronista que realizaban una manifestación de apoyo al gobernador derrocado Bidegain son detenidos y torturados. El 7 de septiembre, Oscar Suárez, al recuperar su libertad en Tucumán, denunció que había sido víctima de torturas infligidas por Héctor García Rey, jefe de la policía provincial, ligado a José López Rega. 

El 20 de septiembre de 1973, en Resistencia en la provincia de Chaco, varios ex miembros del Comando de Organización son detenidos cuando están efectuando un atentado contra el comedor universitario; entre otros se encontraba Víctor Sánchez, su secretario general. El 28, en Rosario fue baleado el abogado Roberto Raúl Catalá, los atacantes dejaron panfletos en los que se asignaron el carácter de «comandos antimarxistas». 

El 1 de octubre de 1973, en una reunión convocada por el presidente provisional del Consejo Superior Peronista, Raúl Lastiri, y el ministro del Interior, Benito Llambí, y en presencia de Juan Domingo Perón, que asistió en calidad de presidente electo, el consejo se declaró en «estado de guerra» contra los «infiltrados marxistas del Movimiento». El Consejo redactó un «documento reservado» que fue leído por el senador José Humberto Martiarena y distribuido entre los gobernadores provinciales presentes. A través del documento, el Movimiento Nacional Justicialista llamó a «asumir la propia defensa y atacar al enemigo en todos los frentes y con la mayor decisión», aduciendo que en ello iba la vida del Movimiento y de sus dirigentes. A efectos de esa defensa, impartió una serie de directivas, declarando el estado de movilización de los elementos materiales y humanos para afrontar esa guerra, llamando a una campaña de reafirmación de los principios doctrinarios justicialistas que debía esclarecer las diferencias con el marxismo. En el documento, el ítem 6, «Inteligencia», advertía que «en todos los distritos se organizará un sistema de inteligencia al servicio de esta lucha, el que estará vinculado con el organismo central que se creará». El ítem 9, «Medios de lucha», se precisó: «Se utilizarán todos los que se consideren eficientes, en cada lugar y oportunidad. La necesidad de los medios que se propongan, será apreciada por los dirigentes de cada distrito».7 Luego de este documento del justicialismo se iniciaron la «caza de brujas» y la represión ilegal contra la izquierda por parte de agentes del Estado. 

Durante octubre, en Córdoba, fue herido por disparos el militante de la JP Ramón Fajardo, miembros armados de la Juventud Sindical Peronista toman la sede del Banco Social, bombas fueron detonadas en los domicilios de los diputados provinciales Fausto Rodríguez y Miguel A. Marcattini, miembros del Frejuli. También una bomba estalló en el domicilio del senador Tejada, presidente de la Cámara de Senadores de la provincia, y fueron detenidos Leandro Fote y otros militantes de organizaciones populares durante un procedimiento «rastrillo» efectuado en esta ciudad. En Corrientes, el Frente de Izquierda Popular denunció el estallido de una bomba en su local. En la provincia de Tucumán, la Junta Provincial del Justicialismo de Tucumán, siguiendo instrucciones del Consejo Superior que preside Humberto Martiarena «alertará a todos los compañeros de la situación de guerra contra los grupos marxistas». En Mar del Plata, fue incendiado el domicilio del dirigente de la Juventud Peronista Andrés Cabo, lo mismo ocurrió con el del secretario de la universidad local y miembro de la JP Alfredo Cuestas. En Mendoza, una bomba estalló en el despacho del gobernador de Mendoza, Martínez Baca, cuestionado por sectores derechistas del justicialismo. 

En la provincia de Buenos Aires, en el local del Partido Comunista de la calle Estados Unidos y Sáenz Peña fue hallada una bomba que no llega a estallar, otra explotó en la Unidad Básica «Mártires de Trelew», de la calle Urquiza 2193, causando grandes daños, Nemesio Aquino, miembro de la JP y afiliado a la Unidad Básica «Héroes de Trelew», fue asesinado. También fue muerto el periodista José Colombo, miembro del diario El Norte, y los atacantes manifiestan que ese medio está «lleno de comunistas». El dirigente Dante Gullo denunció una serie de atentados contra locales de la JP. Dirigentes de partidos opositores manifiestan su inquietud por las «instrucciones antimarxistas» formuladas en el peronismo. La UTA (Unión Tranviarios Automotores) realiza un paro por el secuestro de Oscar Arca, delegado de la empresa Costera Criolla y miembro de la JTP, la viuda del periodista asesinado José Colombo denuncia que «En la Regional San Nicolás de la CGT hay una lista de 141 ´bolches´ en la que estábamos mi marido y yo». 

Durante el tercer gobierno de Perón (1973-1974)

Luego de la asunción de la presidencia por Perón, el 12 de octubre de 1973, continuó la represión ilegal y los atentados por parte de fuerzas policiales y parapoliciales. Además, durante dicha presidencia de Perón existieron casos puntuales de represión y de prohibiciones de libros.

El primer atentado adjudicado a la Triple A tuvo lugar el 21 de noviembre de 1973, cuando la organización —como represalia por el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci a manos de la organización Montoneros un mes antes— colocó una bomba en el automóvil del senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, quien durante la anterior dictadura militar había actuado como defensor de presos políticos y, ya senador, había criticado muy duramente el proyecto de Ley de Asociaciones Profesionales presentado al Parlamento por el Poder Ejecutivo. El artefacto explotó e hirió en las piernas al senador, pero no logró matarlo; dos años más tarde repetirían el intento con otro artefacto explosivo sin lograr su objetivo. 

El 14 de octubre, fue asesinado Constantino Razzeti, bioquímico, dirigente de la Juventud Peronista. El 21, diversos militantes de la JP fueron atacados por unos veinte individuos mientras están pegando carteles de propaganda, durante la gresca se escuchan gritos favorables a Osinde y a Brito Lima. En Santos Lugares, tras rociar con nafta el local fue incendiado el Ateneo Peronista «Heroica Resistencia», en Avenida La Plata 3820, allí funcio­naba el Consejo Superior de la JP del Partido de 3 de febrero, algunos de cuyos militantes habían sido objeto de provocaciones, días antes, por el Comando de Organización dirigido en la zona por Susana Thompson. El 26, La Concentración Nacional Universitaria (CNU), el Comando Universitario Peronista de Derecho (CUPDED), la Legión Revolucionaria Peronista, los Grupos de Acción Peronistas (GAP), el Movimiento Universitario Nacional (MUN) y otras organizaciones derechistas llevaron a cabo un acto en el Aula Magna de la Facultad de Derecho que terminó con destrozos en las instalaciones. La reunión contó con la adhesión de la CGT y del Consejo Superior Provisorio de Justicialismo. Entre los asistentes se hallaban Alejandro Giovenco (acusado de haber participado en la matanza de Ezeiza), Juan Carlos Gómez (reconocido como asesino de la estudiante Filler en Mar del Plata en 1972 y funcionario policial), Jorge Rampoldi (miembro del ex-Sindicato de Derecho), César Augusto (de la misma entidad), Raúl Padrés, Rodolfo Galloso y José Luis Núñez, de similares antecedentes. El decano Mario Kestelboim solicitó la intervención policial, que se manifestó en la presencia del subcomisario Solano. El funcionario manifestó que no podía actuar sin consultar con sus superiores razón por la cual se retiró. Tampoco actuaron los automóviles ni el carro de asalto apostados en las inmediaciones. 

En el mismo mes, la agencia oficial TELAM informó que en Tucumán las comisiones policiales antisubversivas habían sido integradas, también, por jóvenes peronistas, a quienes se les proveyó de armas. Al mando de esas comisiones mixtas se encontraba el jefe de la policía tucumana, Héctor Luis García Rey. 

A fines de 1973, la Triple A difundió una «lista negra» de personalidades que «serán inmediatamente ejecutadas donde se las encuentre». En la lista se encontraban: militantes de izquierda; Omero Cristalo (alias J. Posadas); Hugo Bressano (alias Nahuel Moreno, dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores); los abogados Silvio Frondizi (hermano del ex presidente Arturo), Mario Hernández y Gustavo Roca. También incluía a los dirigentes Mario Roberto Santucho (dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores; los sindicalistas Armando Jaime, Raimundo Ongaro, René Salamanca y Agustín Tosco; el profesor Rodolfo Puiggrós (ex-rector interventor de la Universidad de Buenos Aires), el abogado Manuel Gaggero (director interino del diario El Mundo); Ernesto Giudice, miembro renunciante del Partido Comunista; el abogado Roberto Quieto, dirigente de Montoneros y Julio Troxler, ex-subjefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires, cercano al Peronismo de Base. La nómina se completó con los coroneles Luis César Perlinger y Juan Jaime Cesio, el obispo de La Rioja, monseñor Luis Angelelli y el senador nacional Luis Carnevale. 

El 4 de enero de 1974, la Policía Federal allanó en Buenos Aires las librerías Fausto, Atlántida, Rivero y Santa Fe, donde arrestó a los empleados por difundir libros. Algunos de los libros prohibidos eran «La boca de la ballena», de Héctor Lastra; «Territo-rios», de Marcelo Pichón Riviere; «Sólo ángeles», de Enrique Medina y «The Buenos Aires affaire», de Manuel Puig. Todos los ejemplares encontrados fueron secuestrados. 

El 11 de mayo de 1974 el padre Carlos Mugica fue emboscado cuando se disponía a subir a su automóvil Renault 4 azul estacionado en la puerta de la iglesia de San Francisco Solano de la calle Zelada 4771 en el barrio porteño de Villa Luro donde acababa de celebrar misa. Según algunos testigos, el autor del hecho fue Rodolfo Eduardo Almirón, integrante jerarquizado de la triple A, quien lo baleó con varios disparos de subfusil que le afectaron seriamente el abdomen y el tórax, falleciendo a los pocos minutos al ser trasladado a un hospital cercano. Según Miguel Bonasso, al conocerse la muerte, el dirigente peronista Arturo Sampay le dijo:

"el asesinato del padre Mugica es la respuesta de Perón al retiro de ustedes en la Plaza. Es una operación maquiavélica, destinada a que los militantes de la Tendencia se maten entre sí. Demasiado inteligente para que se le haya ocurrido al animal de López Rega".

Durante el gobierno de Isabel Perón (1974-1976)

El 31 de julio de 1974, en una intersección céntrica de la ciudad de Buenos Aires, el diputado Rodolfo Ortega Peña y su mujer fueron acribillados al descender de un taxi. En su funeral, las fuerzas de seguridad, tuvieron la orden del Jefe de la Policía Federal de dispersar a la multitud de personas que se aprestó a despedirlo, para lo que empleó balas de goma y gases.

El 7 de septiembre, la Triple A realizó un atentado en el domicilio familiar del entonces decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Raúl Laguzzi. La vivienda se encontraba bajo custodia de laPolicía Federal debido a las amenazas de muerte que sufría el decano. En el atentado falleció Pablo G. Laguzzi, hijo de Raúl, de cinco meses de edad. La Triple A se adjudicó el hecho, pero culpó de la muerte del infante al padre. Raúl Laguzzi y su mujer se exiliaron en México luego del hecho.

El 10 de septiembre el abogado Alfredo Curutchet en la localidad de San Isidro fue apresado en la vía pública, maniatado y acribillado por integrantes de la Triple A. El cuerpo del abogado fue encontrado muerto en una calle de la localidad de Béccar gracias a una denuncia policial anónima sobre ráfagas de subfusil en la zona. El cuerpo sin vida, «fue hallado boca abajo y maniatado con un cinturón de cuero, junto a él desparramadas en el suelo treinta y un cápsulas servidas calibre 9mm. y dos cartuchos servidos de escopeta calibre 12 mm». 

El 20 de septiembre en horas del mediodía, el sub-jefe de la policía bonaerense Julio Troxler fue asesinado en el barrio porteño de Barracas, cuando un automóvil que transitaba a alta velocidad frenó junto Troxler y los tres o cuatro ocupantes del mismo le dispararon más de una veintena de proyectiles. Troxler ya había sido amenazado en varias oportunidades por la Triple A y su fotografía había sido proyectada en reuniones en la residencia presidencial de Olivos como propuesto para asesinato por José López Rega.

El 27 de septiembre, un grupo de ocho personas ingresaron a la casa de Silvio Frondizi y se lo llevaron por la fuerza. Su yerno, Luis Ángel Mendiburu intentó rescatarlo pero fue acribillado a balazos. Sólo tres horas después fue encontrado el cuerpo sin vida de Frondizi, y la Triple A hizo llegar un comunicado a los medios donde se adjudicaba el asesinato, justificándolo como un «ajusticiamiento» de un «traidor bolchevique».

Durante noviembre de 1974, fueron realizadas atentados que se suponen de su autoría o que la misma fue reclamada por la misma organización: una bomba fue detonada en el local de la Juventud Peronista; una bomba contra la persona del recientemente designado interventor de la Universidad Nacional de Litoral; una bomba explotó en el local del Frente Antimperialista por el Socialismo (FAS) de San Fernando; en el local del FAS de Virreyes se detonó otra bomba;Manuel Carballo, miembro de la JP, fue baleado; varios militantes peronistas que se encontraban en la Unidad Básica «Evita» festejando el Día de la Madre fueron agredidos por un grupo de matones. 

En ese mes, un individuo disparó cinco tiros sobre Antonio José Delleroni y su mujer, Nélida Arana, cuando junto a varias personas aguardaban en un andén de la estación del Ferrocarril San Martín. Ambas víctimas habían actuado en el Peronismo de Base y habían defendido, como abogados, a numerosos presos políticos, Delleroni, por su parte, había llegado a ser miembro del PJ en General Sarmiento. La policía pudo atrapar al perpretador y determinó que se trataba deRicardo Julio Villanueva. El asesino reconoció pertenecer al Movimiento Nacional Justicialista y domiciliarse en Medrano 70, sede de la «Escuela Superior de Conducción Política», vinculada a la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) y al Consejo Superior Justicialista dirigido por el senador Martiarena. Declaró que venía siguiendo a Delleroni desde la víspera y que lo debía eliminar por ser este integrante del ERP. En una causa anterior por tenencia de armas de guerra, Delleroni hizo una solicitud de devolución de efectos personales en papel con membrete de la Juventud Peronista de la República Argentina dirigida por Julio Yessi (JPRA) y reconoció ser miembro «responsable» de la «Agrupación 20 de noviembre», adherida a dicha central. Además declaró ser empleado del Ministerio de Bienestar Social, dirigido por López Rega. 

En diciembre, el automóvil en el que viajaba el diputado del FreJuLi Juan Luis Lucero fue acribillado desde otro coche en marcha, el diputado al momento era el presidente de la Comisión Investigadora de Apremios Ilegales y Torturas de la Legislatura de Santa Fe, y había dado a conocer los resultados de la investigación sobre la muerte del militante peronista Ángel Tacuarita Brandazza; hubo otro atentado sólo unos días de diferencia contra el mismo diputado, mediante una bomba instalada en su automóvil, que quedó totalmente destruido; en Buenos Aires, un grupo de personas ocupa la Unidad Básica «Evita Capitana» de Villa Detri, e incendia los muebles y las instalaciones, antes de retirarse del lugar escribieron en las paredes «Somos muchos» y «JPRA»; en la misma provincia Carlos Manco, colaborador de la Alianza Popular Revolucionaria, fue secuestrado, sometido a interrogatorios y golpeado durante dos días consecutivos y luego abandonado en las proximidades de Ramos Mejía, Manco fue introducido al local de la Asociación de Trabajadores de Sanidad y luego trasladado al sótano de una obra en construcción situada enfrente, antes de liberarlo los secuestradores le hicieron indicaciones amenazantes en el sentido de no mencionar a ATSA en sus declaraciones; una bomba estalló en la casa del doctor Viaggio, abogado y miembro del Partido Comunista, Viaggio era patrocinador de algunos refugiados chilenos llegados al país recientemente como asilados. 

El 6 de agosto de 1974 cuatro militantes peronistas fueron secuestrados por la triple A en sus domicilios, horas más tarde los cuerpos fueros encontrados acribillados en la ciudad de La Plata, el suboficial retirado Ireneo Chavéz y su hijo Rolando Chavéz; Luis Mancor, estudiante de periodismo y el titular del Sindicato Único de Pétroleros, Carlos Pierini. 

A fines de 1975, en un llamado "Parte de guerra Nº1", señala como elementos a ejecutar a los integrantes del siguiente listado de agrupaciones, que incluía desde organizaciones armadas hasta grupos de tendencia socialdemócrata:

• Partido Comunista

• Organización Montoneros

• Partido Auténtico

• Ejército Revolucionario del Pueblo

• Partido Revolucionario de los Trabajadores

• Partido Socialista de los Trabajadores

• Juventud Radical Revolucionaria

• Partido Comunista Revolucionario

Fin de sus actividades

El 19 de julio de 1975, los Granaderos descubrieron, al desmontar la sede del renunciante López Rega en el Ministerio, un arsenal de armas de guerra, incluyendo subfusiles, granadas y fusiles de francotirador. El escándalo consecuente lo implicó, así como a Isabel, en acusaciones de corrupción por malversar fondos del gobierno. 

Según el periodista Hernán López Echagüe, la actividad de la extrema derecha pasó a ser regenteada por el sindicalista Lorenzo Miguel, Esta apreciación fue desmentida por el ladero del sindicalista, el también metalúrgico Herminio Iglesias. 

No obstante, el periodista Alberto Moya halló relaciones entre Miguel y la Triple A, desde el sur del conurbano, cuando el presidente del Concejo Deliberante de Quilmes, Indalecio Castro, le pasó el mando de la patota de su guardaespaldas, el «Polaco» Dubchak, al líder metalúrgico que ya regenteaba otras patotas. Ese vínculo nació en la misma ciudad de Quilmes de donde salió la mayoría de los integrantes de la revista El Caudillo, vocera de los intereses del peronismo ortodoxo que simpatizaba con la Triple A. 

Para el inicio del Proceso de Reorganización Nacional, la más sangrienta dictadura argentina, la Triple A ya había sido desmantelada, y las acciones represivas fueron llevadas a cabo en lo sucesivo por la dictadura. Aunque algunos investigadores, como el periodista Juan José Salinas sostienen que varios de sus miembros, por caso Aníbal Gordon, pasaron a trabajar para los militares porque ya venían haciéndolo en la SIDE. 

Debate acerca del papel de Perón en la creación de la Triple A 

En los últimos años se ha iniciado un debate acerca de la responsabilidad del entonces presidente Juan Perón por la constitución de la Triple A. A esta teoría suscriben los periodistas Juan Bautista Yofre,21 Hugo Gambini, Pacho O'Donnell,23 Joaquín Morales Solá,  y Marcelo Larraquy, entre otros.

Según estos autores, el asesinato de José Ignacio Rucci en 1973, a quien Perón consideraba como un hijo, habría motivado al Presidente a crear una organización paramilitar para combatir a la izquierda de su movimiento. Algunos autores e historiadores sostienen que, poco después del asesinato de Rucci, Perón mencionó al gobernador Oscar Bidegain la necesidad de crear una organización paramilitar al estilo del somatén catalán del primer tercio del siglo XX: «Lo que hace falta en la Argentina es un somatén». Por otro lado, el exministro Antonio Cafiero dice que Perón sabía que una organización estaba matando guerrilleros pero que él no la ordenaba, ni controlaba ni conducía. 

Según Eduardo Gurucharri (biógrafo del mayor Bernardo Alberte), el ex ministro -de Cámpora, Perón e Isabel- Antonio J. Benítez habría presenciado una reunión presidida por Perón antes de asumir la presidencia que la describe de la siguiente manera: 

«Benítez refiere que López Rega y el comisario Villar exhibieron fotografías y nombraron personalidades políticas que deben ser depuradas de la infiltración marxista. Entre los nombrados están el propio Eduardo Luis Duhalde, el abogado Mario Hernández y Alberte. Benítez dijo que Perón se limitó a escuchar, sin aprobar ni desaprobar a quienes aludieron a la necesidad de operar por izquierda».

El periodista Ignacio González Jansen afirma que las órdenes de las Fuerzas Armadas a finales de 1973, eran «no tomar prisioneros». 

En enero de 1974, el diputado Carlos Kunkel renunció a su banca, después de que Perón lo amenazara a él y al grupo de peronistas de izquierda del que formaba parte con la siguiente expresión: «En una semana se termina todo esto, porque formo una fuerza suficiente, lo voy a buscar a usted y lo mato».  Según Carlos Kunkel «Perón ni remotamente tuvo que ver con la Triple A».

El diputado Rodolfo Ortega Peña, que se negó a renunciar, fue asesinado por la AAA el 31 de julio de 1974.

Denuncias 

Medios de comunicación 

Cuando la Triple A todavía se encontraba en actividad, hubo denuncias de sus delitos en diversos medios de comunicación masivos. Algunos de éstas fueron las realizadas por el Diario Clarín al informar sobre las presiones a sus periodistas para publicar los comunicados de la Triple A, o las realizadas por el Diario El Mundo cuando informó de los crímenes cometidos por la organización. 

Además, otros medios partidarios, como “El descamisado” o “Militancia” reprodujeron las denuncias de los entonces diputados y asiduos colaboradores en esas revistas, Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde, sobre la estructura de creada en el Ministerio de Bienestar Social bajo la dirección de López Rega. En estos medios denunciaron, «la intervención de la agrupación en “la masacre de Ezeiza”», «la entrega de $ 1.000.000 de la cartera para destinarlos a la estructura clandestina», «la preparación en esa estructura de un escuadrón de la muerte que llevaría el nombre de “Águilas negras”», «la preparación de atentados contra desafectos a la figura de López Rega».

El 6 de julio de 1975, el diario La Opinión publicó un informe completo sobre la “Triple A”, que sería una copia del entregado por Ricardo Balbín a la presidente María Estela de Perón. El informe daba cuenta del reporte realizado por el Ejército en 1974, basado en el testimonio del teniente Juan Segura, y realiza la denuncia de la vinculación del Ministro José López Rega con la «organización terrorista de ultraderecha denominada Triple A».

Cámara de Diputados

Diputados de la izquierda peronista, como Ortega Peña, luego de realizar denuncias a partir de sus investigaciones en diversos medios de comunicación, denunciaron los crímenes, con precisiones sobre el caso de Juan Carlos Mercado, que había aparecido acribillado cuando portaba credenciales oficiales expedidas por López Rega.

Las denuncias no prosperaron y desde enero de 1974 había más de veinte diputados amenazados de muerte por la Triple A. La situación se tornó peor luego del asesinato de Ortega Peña y de un intento fallido de asesinato al diputado Héctor Sandler quien partió al exilio.

Recién luego del exilio de López Rega y sus colaboradores, el 23 de julio de 1975 la Cámara de Diputados dio curso al pedido de juicio político presentado por el diputado Jesús Porto y remitió una copia para la investigación judicial.

Segundo tribunal Russell 

En 1974, bajo la presidencia del jurista italiano Ledio Basso, se volvió a conformar un nuevo Tribunal Russell  para analizar los crímenes de las dictaduras latinoamericanas.

Cuando sesionaba dicho tribunal, en enero de 1975, el abogado argentino Leandro Despouy dio testimonio sobre los crímenes cometidos por «funcionarios del gobierno o ser allegados políticos», responsabilizaron a López Rega y a otros funcionarios del gobierno de María Estela Martínez de Perón. El abogado exiliado dio cuenta de la metodología, que «iba del asesinato a sangre fría de militantes desarmados a la tortura sistemática», acompañada por los comunicados oficiales que «hacían parecer estos asesinatos como productos de “violentos tiroteos”».

Además, se denunció lo que luego se conocería como el Plan Cóndor, la acción conjunta de las fuerzas de seguridad de varios países de Sudamérica. En este aspecto, se dio cuenta de al menos cinco personas secuestradas en Buenos Aires y trasladadas a Montevideo, donde fueron torturadas y asesinadas.

Causas judiciales

Las causas por los asesinatos, las amenazas y los atentados no tuvieron correlato con las pesquisas. La Cámara Federal ha dictado que las investigaciones «fueron llamativamente breves, carentes de profundidad y finalizadas prematuramente». Los casos más claros fueron las causas por los asesinatos del diputado Ortega Peña, de Julio Troxler y Pablo Laguzzi, donde no se realizaron «ningún tipo de actuación judicial».

Causa militar 

En 1974, el teniente del Ejército Juan Segura descubrió, "por casualidad", el cuartel general de la Triple A en las oficinas de la publicación «El caudillo», financiada por López Rega. 

Al regresar al pelotón al que pertenecía, dio cuenta de lo ocurrido al Coronel Jorge Sosa Molina, jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, ante quien realizó una denuncia oficial pero sin identificarse, por consejo del Coronel. Sosa Molina entregó la denuncia al Comandante en Jefe del Ejército, el General Rosas, quien le advirtió para amedrentarlo que esa denuncia debía ser entregada al Ministro de Defensa, Adolfo Savino, estrecho colaborador de López Rega.

Dos días después, el coronel Sosa Molina fue citado por López Rega en su despacho del Ministerio del Interior, donde ambos apostaron sus guardias armados a fin de evitar ser intimidados. Así, López Rega lloró por la denuncia presentada por Sosa Molina y negó tener relación alguna con las «Tres A». 

Esta denuncia no fue seguida por una investigación, llegó al punto de no contar en el Ministerio de Defensa con constancias de la recepción de las carpetas, y el mismo ministro negar ante la Justicia haber recibido expediente alguno.

Causa judicial original

El 11 de julio de 1975, haciéndose eco de la investigación publicada cinco días antes en el diario La Opinión, el abogado católico independiente Miguel Radrizzani Goñi realizó una presentación ante la justicia contra José López Rega y los comisarios Rodolfo Eduardo Almirón y Juan Ramón Morales por el delito de asociación ilícita.

Una semana después de esta denuncia, por medio de dos decretos presidenciales, López Rega y gran parte de las cabecillas de la Triple A fueron enviadas al «Reino de España con el fin de cumplir una misión diplomática» 

La causa se llevó casi sin actuaciones judiciales hasta 1983.

Investigaciones 

En 1975, el entonces líder de la UCR, Ricardo Balbín realizó un informe puntual sobre la Triple A, que entregó en mano a Isabel Martínez de Perón. También el diputado nacional líder del Partido Revolucionario Cristiano, Horacio Sueldodenunció los crímenes de los grupos parapoliciales pero, debido a las amenazas y los atentados, fue obligado a esconderse para no ser asesinado. Héctor Sandler fue perseguido por sus denuncias y obligado a exiliarse. 

Desde el gobierno se negaba o desmentían las denuncias. El ministro Alberto Rocamora proclamó que la «subversión de izquierda está actuando en forma continua y, en cambio, las denominadas AAA actúan en forma esporádica; no sé de qué signo son ni quién alienta a las Tres A», confirmando el conocimiento de parte del gobierno del grupo parapolicial. Sin embargo, esto fue luego negado por ministro del interior Antonio Benítez, en una sesión parlamentaria, «Al gobierno no le consta la existencia de la Triple A». Y luego, en declaraciones de prensa, amplió «no sabemos si existen o no las Tres A; ignoramos si es la propia izquierda terrorista con una nueva denominación». 

El ministro de trabajo Carlos Ruckauf, precisó que «el país está en guerra y toda la sociedad argentina tiene que tomar conciencia que el enemigo encara una guerra total». 

Investigaciones posteriores 

Secretaría de Derechos Humanos de la Nación

En los anexos agregados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación al informe Nunca más que había elaborado la Conadep, en el 30 aniversario del golpe, constan denuncias desde el comienzo del gobierno constitucional de Héctor Cámpora, el 25 de mayo de 1973, hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón, de unas 600 desapariciones forzadas previas al golpe de 1976 y 500 ejecuciones sumarias. 

Las amenazas de muerte llevaron al exilio a muchos, desde científicos como Manuel Sadosky; periodistas como Pepe Eliaschev; psicoanalistas como Marie Langer; artistas como Héctor Alterio, Mercedes Sosa, Pino Solanas, Norman Briski, Inda Ledesma, Armando Tejada Gómez, David Stivel, Luis Brandoni, Horacio Guarany o Nacha Guevara33 hasta políticos como José Ber Gelbard y el obispo de Mar del Plata, monseñor Pironio, quien fuera trasladado a Roma por elpapa Pablo VI por este motivo.

Otras investigaciones

De acuerdo a los trabajos más citados,  sólo entre los meses de julio y septiembre de 1974, la Triple A habría realizado 220 atentados, de los que resultarían 60 víctimas mortales y 44 heridas de gravedad, además de 20 secuestros. La estimación global se coloca en el orden de los 1500 crímenes, algunos de los cuales se encuadran como crímenes de lesa humanidad. 

El 6 de diciembre de 1971 fue asesinada Silvia Filler en Mar del Plata dentro de la universidad. El 9 de mayo de 1975 fue secuestrada la licenciada María del Carmen Maggi, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de Mar del Plata. Su cadáver apareció un año después y el día anterior al golpe de estado, el 23 de marzo de 1976, en una playa de Mar Chiquita. 

Según el Archivo Nacional de la Memoria, entre el 20 de junio de 1973, el día de la Masacre de Ezeiza, hasta el inicio de la dictadura militar, hubo 900 desapariciones y 1500 asesinatos. Estiman que 3000 personas fueron apresadas por causas políticas. 

Conexiones con la masonería

López Rega era miembro de la logia masónica irregular Propaganda Due (P2), dirigida por Licio Gelli, la cual trabajó en la Operación Gladio. El modus operandi de la masacre de Ezeiza fue similar al de los sucesos de Montejurra o a lamasacre de la plaza Taksim en Estambul. 

El almirante Massera, que junto a otros derrocaría a Isabel Martínez de Perón poco después de la caída en desgracia y exilio de López Rega, era también miembro de la organización. 

López Rega, el Brujo y la Triple A

José López Rega (Buenos Aires, 17 de octubre de 1916 – Ibídem, 9 de junio de 1989) fue un político, ministro y policía argentino, conocido por su influencia sobre Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón y por haber organizado, desde el cargo de Ministro de Bienestar Social, la Triple A (AAA - Alianza Anticomunista Argentina) un grupo terrorista paramilitar que persiguió y asesinó a los que él consideraba como infiltración marxista en el peronismo.

Apodado el Brujo por sus adversarios (por su afinidad al esoterismo, por la cual publicó en 1962 su único libro: Astrología esotérica) y Daniel o Lopecito por sus allegados ocupó el cargo de Ministro de Bienestar Social durante los gobiernos de Héctor J. Cámpora, de Raúl Alberto Lastiri, de Juan Domingo Perón y (después de la muerte de éste) de Isabel Perón desde donde organizó la Alianza Anticomunista Argentina, un grupo terrorista de ultraderecha que practicó atentados y asesinatos selectivos para combatir la influencia del ala izquierda del peronismo y de organizaciones progresistas opositoras al Gobierno.

Su influencia fue aumentando vertiginosamente desde 1973, y en especial luego de la muerte de Perón a mediados de 1974, convirtiéndose en un virtual primer ministro debido a su influencia sobre Isabel Perón al punto de que casi la totalidad del gabinete estaba conformado por hombres de su confianza y promovidos por él mismo.

En 1975 el ministro de economía Celestino Rodrigo, promovido por el propio López Rega, anunció un plan económico para frenar la escalada inflacionaria que consistía en crear un shock mediante un súbito aumento de precios. La violenta reacción popular a este plan derivó en la renuncia de López Rega y su fuga hacia España como "embajador itinerante".

Tras permanecer más de 10 años prófugo, fue detenido en Estados Unidos en 1986 y extraditado a la Argentina donde fue procesado por asociación ilícita, secuestro y homicidio en el marco de los juicios a los responsables del Terrorismo de Estado, realizados durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Murió a los 72 años el 9 de junio de 1989 mientras cumplía prisión preventiva a la espera de la sentencia.

Primeros años 

Juventud

López Rega fue, de acuerdo con su biógrafo, un niño introvertido y callado, con un profundo interés en temas espirituales y religiosos. Gracias al apoyo del Jefe de Policía Filomeno Velazco, López Rega integró la guardia que protegía la residencia presidencial.

Empezó su carrera policial como agente en la Policía Federal para luego ascender a la jerarquía de cabo 1ª, con el que se retiró, Años después Perón firmó el decreto 1350.3 el 3 de mayo de 1974 y fue ascendido doce grados directamente a comisario general (grado máximo del escalafón de Oficiales, a pesar de que por ser Cabo le correspondía el escalafón de Suboficiales y de que estaba retirado desde muchos años antes.)

Vínculo con Perón

Desde pequeño siempre quiso ser policía, pero cuando en una manifestación, el general Perón se quedó sin un custodia, él tomó su lugar. Una común afición por el espiritismo vinculó finalmente a López Rega con María Estela Martínez de Perón en 1965, cuando ésta, enviada por su esposo desde su exilio en España, organizó una reunión en casa del mayor Bernardo Alberte, delegado de Perón y promotor de varios de los movimientos de la izquierda peronista, entre ellos la CGT de los Argentinos.

Tras ganarse la confianza de María Estela Martínez de Perón (conocida popularmente como Isabel Perón), López Rega se trasladó a España, donde ejerció como custodio y luego como secretario privado del matrimonio. Tras las elecciones de 1973, en las que triunfó Héctor José Cámpora, Perón lo envió para ocupar la cartera de Bienestar Social; desde ésta se opuso a las medidas de los elementos más afines a la izquierda, como Esteban Righi.

En junio de este mismo año, cuando regresó Perón al país, López Rega fue el instigador del enfrentamiento entre las dos alas del peronismo que culminó en la brutal masacre de Ezeiza, en que los sectores bajo su mando fusilaron a las columnas de Montoneros que intentaban aproximarse al palco.

Las reacciones no se hicieron esperar; Mario Roberto Santucho, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo, llamó a conferencia de prensa para acusar a López Rega y al teniente coronelJosé Manuel Osinde de la masacre. Las declaraciones de López Rega y de Perón, quien había apoyado epistolarmente desde el exilio a los grupos como Montoneros, fueron esta vez durísimas contra ellos, y el delicado equilibrio que había agrupado en el movimiento peronista a dos facciones muy distintas no tardó en romperse.

López Rega criticó abiertamente la posición de Cámpora en reunión de gabinete; tras los hechos, y al enterarse de las reuniones de Perón con los líderes de la CGT y el Ejército, tanto Cámpora como su vicepresidente renunciaron, y la presidencia quedó provisionalmente en manos del presidente de la Cámara de Diputados, su yerno Raúl Alberto Lastiri.

Ascenso al poder

El 4 de agosto, en el Congreso Nacional Justicialista, fueron nominados Juan Domingo Perón como candidato a presidente e Isabel Perón a vicepresidente, esta última por indicación de su esposo; el 23 de septiembre, la fórmula Perón-Perón llegó al poder con el 61,85%.

En un intento de presionar a Perón, un grupo de combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) asesinó al secretario general de la CGT José Ignacio Rucci el 25 de septiembrede 1973 por lo que el propio Perón convocó a una reunión a la que además de los ministros, gobernadores y vicegobernadores asistió el secretario general del Partido Justicialista y en la que se aprobó un Documento reservado en el que se denunciaban las "agresiones marxistas" y se ordenaba a los militantes "participar activamente en las acciones que se planifiquen para llevar adelante esta lucha". 

Poco más adelante el ministro Antonio J. Benítez refirió de una reunión informativa a la que habían asistido Perón y altos funcionarios de su gobierno en la cual López Rega y el Jefe de la Policía Federal Alberto Villar exhibieron fotografías y nombraron personalidades políticas que debían ser objeto de depuración de la infiltración marxista. 

López Rega había ido armando desde el gobierno una fuerza parapolicial conocida como Alianza Anticomunista Argentina o Triple A, con base en el Ministerio de Bienestar Social que había comenzado a actuar desde antes de la asunción de Perón y continuó haciéndolo luego. El primer atentado firmado por esa organización fue el del 21 de noviembre de 1973 cuando el senadorradical Hipólito Solari Yrigoyen fue gravísimamente herido. Se supone que el atentado fue dirigido por el entonces Jefe de la Policía Federal, Rodolfo Eduardo Almirón.

En 1974, López Rega viajó a Libia en representación del gobierno de Perón y firmó numerosos acuerdos en materia cultural, comunicativa, económica, etc. A este objetivo diplomático se le llamó «Misión Argentina en Libia».

Caída y fuga

Una de las primeras acciones del gobierno de Perón fue la aprobación de una ley por la cual se agravaban las penas de los delitos de "sedición" y la "subversión", lo que provocó un enfrentamiento interno y la renuncia de ocho diputados de la Juventud Peronista que se oponían a ella.

Cuando, el 1 de julio, falleció Perón, Isabel asumió la presidencia, y López Rega un rango casi de primer ministro, al serle confiada la dirección de todas las secretarías bajo la órbita de la Presidencia. La composición del nuevo ministerio fue casi íntegramente obra suya.

El 11 de julio de 1975 renunció a su cargo tras las violentas reacciones al plan económico promovido por su protegido Celestino Rodrigo (quien también debió renunciar a su cargo), y fue nombrado embajador itinerante en España (lo que fue interpretado por muchos como una excusa para huir del país) y se refugia en una quinta cercana a Jerez de la Frontera.

El 24 de marzo de 1976 Isabel Perón es derrocada por un golpe militar auto-denominado Proceso de Reorganización Nacional, que el 18 de junio de 1976 pone a López Rega bajo disposición del Poder Ejecutivo Nacional y solicita su extradición desde España.

El Consejo de Ministros de España resuelve aceptar este pedido y moviliza la policía para detenerlo, pero López Rega escapa hacia Suiza donde se instala cerca de Ginebra hasta que en 1982 es descubierto por un fotógrafo.

Debido a esto fue procesado por falsificación de documentos y residencia ilegal en territorio helvético, resultando absuelto en primer instancia. Sin embargo, en 1983 el Tribunal de Apelación anula la absolución y López Rega vuelve a escaparse, esta vez hacia las Bahamas donde alterna residencia con Miami.

En 1983 el radical Raúl Alfonsín asume la presidencia constitucional en Argentina y comienza a impulsar juicios por los crímenes cometidos por militares y civiles durante el Terrorismo de Estado.

Así, el Gobierno argentino comienza a buscar a López Rega. Si bien su paradero era desconocido, se sospechaba que permanecía oculto en algún lugar de Estados Unidos.

El 27 de febrero de 1986, el juez de Miami Samuel Smargon emite una orden de arresto contra López Rega luego de que el 21 de ese mes la Argentina solicitara su extradición por fraude,conspiración, malversación, falsificación y robo.

Finalmente, el 13 de marzo es detenido por el FBI en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando regresaba de las Bahamas. Sabiendo que estaba siendo fuertemente buscado, decidió entregarse por su cuenta en la Aduana:

—Mucho gusto. Soy López Rega y vengo a entregarme. Acá están los documentos.6

Permaneció detenido unas semanas en Estados Unidos hasta que fue autorizada la extradición a la Argentina, donde fue procesado por asociación ilícita, secuestro y homicidio.

Inmediatamente le fue dictada la prisión preventiva.

Murió en esas condiciones a los 72 años el 9 de junio de 1989 mientras esperaba su condena.

Conexiones con la P2

López Rega era miembro de la logia masónica irregular Propaganda Due, entre cuyos miembros también se encontraba el almirante Massera, uno de los comandantes militares que derrocó a Isabel Perón.7 La logia era dirigida por Licio Gelli, la cual trabajó en la Operación Gladio. El modus operandi de la masacre de Ezeiza fue similar al de los sucesos de Montejurra o a la masacre de la plaza Taksim en Estambul.8

Abuso sexual infantil y sus secuelas en la vida adulta.

FUENTE: INTERPSIQUIS (2004) 

Ana Maria Jurado Golón. 

Directora Instituto de Psicologia Aplicada. Guatemala 

El abuso sexual perpetrado en la infancia repercute masivamente en la psique de los y las sobrevivientes. Las secuelas se pueden encontrar en casi todos los aspectos: afectivo, cognitivo, volitivo, relacional, sexual, espiritual, laboral, de tal forma que el diagnóstico se complica y el tratamiento es a su vez complejo. Este trabajo hace una descripción de los cuadros y secuelas que presentan un grupo de sobrevivientes tratadas por la autora en coterapia con la Dra. Lourdes Corado de Herrera en la experiencia de cuatro grupos de psicoterapia. Leer más