Por Paula San Pedro, Investigadora Junior, Programa de Acción Humanitaria y Desarrollo, FRIDE (FRIDE, NOV/05):
Papel de la mujer argelina en la historia reciente
En la tradición argelina la mujer ha tenido un papel activo y en primera línea en los diferentes cambios que ha atravesado el país. La historia reciente de Argelia demuestra que ya durante la guerra de la independencia frente a Francia (1954-1962) la mujer se implicó sin reservas a todos los niveles cuando tomó conciencia de su situación de debilidad y vulnerabilidad. Pero la recompensa por su inestimable rol en esta lucha se disipó ante la influencia del movimiento islamista que logró su mayor victoria política con la aprobación del Código de Familia en 1984. Este Código, basado en una interpretación patriarcal de las leyes islámicas, significó la legitimación de las restricciones a las libertades de la mujer que ya existían sin consentimiento legal. La mayor de las privaciones fue perpetuar a la mujer argelina a ser menor de edad dependiente del padre, del marido o del hermano. Además, otorgó plenos derechos al hombre frente a la mujer en caso de divorcio hasta el punto de que mujer e hijos estaban obligados a dejar la casa familiar aunque fuese el marido quien tuviese la tutela de los hijos. Admitía la poligamia y obligaba a la mujer a tener un tutor (wali) para casarse. La mujer casada tenía el deber de obedecer a su marido lo que se traducía, entre otras cosas, en pedirle permiso para trabajar. Así pues, todas estas restricciones a la libertad personal de la mujer ante la ley han servido para reforzar el status de inferioridad de la mujer en la sociedad argelina. Tras su promulgación, el Código suscitó numerosas críticas, especialmente de los movimientos feministas nacionales. Esta oposición se basó en la ambivalencia de la postura del poder político argelino. Por un lado, el gobierno defendía un código que contraviene la legislación dado que la Constitución argelina preconiza el principio de igualdad. Por otra parte, las autoridades reconocían los derechos constitucionales de las mujeres tales como el derecho al voto (1) y el derecho a trabajar sin necesidad de consentimiento.
Pero el Código resultó ser la punta del iceberg de la involución social femenina. A partir de la llegada del partido Frente Islámico de Salvación (FIS) al poder en 1991, la violencia fundamentalista contra la mujer se intensificó. El FIS pretendía hacer cambios rápidos y notorios tras décadas de corrupción del partido único (Frente de Liberación Nacional- FLN) e impuso la discriminación sexista a través de medidas legales y del uso de la fuerza llegando a situaciones de apartheid de género. Decretaron el uso obligatorio del velo (hidjab), la separación de niños y niñas en el colegio, hombres y mujeres en los medios de transporte e incluso en algunas zonas de trabajo. Tras la cancelación de las elecciones y la consecuente ilegalización del partido islámico en 1992, la escalada de violencia fue extrema. El primer objetivo terrorista fueron las mujeres vinculadas a las fuerzas de seguridad, la policía y el gobierno. En 1993, los fundamentalistas empezaron a atacar y torturar a mujeres intelectuales, profesionales y feministas. Hubo numerosos casos de jóvenes secuestradas y llevadas a los campamentos militares donde eran utilizadas como esclavas sexuales (denominado matrimonio mutaa). Las amenazas de muerte a mujeres corrientes que no seguían los dictados de los grupos armados, tales como no llevar velo o no ir maquilladas, eran constantes. A partir de 1994, los ataques comenzaron a ser aún más indiscriminados masacrando pueblos enteros con efectos desproporcionados sobre mujeres y niños.
Tras más de una década de violencia marcada por un conflicto sangriento generado por el terrorismo islamista y las fuerzas de seguridad, Argelia está iniciando una nueva etapa de transformaciones. Esta situación de relativa paz y estabilidad política, y las constantes reivindicaciones de los grupos feministas han permitido dar una solución legal al controvertido debate que se inició en 1984 entorno a la reforma del Código de Familia. En términos generales la propuesta de enmienda busca la consolidación del principio de igualdad entre el hombre y la mujer, y el restablecimiento del equilibrio en lo que concierne a los derechos y obligaciones de los esposos. En términos concretos se exige la sumisión de la poligamia a la autorización del juez, la unificación de la mayoría legal (19 años) para los dos sexos, la derogación del matrimonio por procuración a través del wali (tutor) y la posibilidad de la esposa de solicitar el divorcio. Dos enmiendas se han considerado especialmente revolucionarias para la sociedad argelina; la posibilidad de que los dos cónyuges incluyan cláusulas específicas en el contrato matrimonial y la introducción de condiciones contractuales para luchar contra la repudiación. Por último, se exige el derecho de guardia a los dos padres, lo que permite a la mujer mantener el domicilio conyugal. En marzo de 2005, se aprobó el anteproyecto de ley que modifica 52 artículos del Código. Pero el significativo avance de estas enmiendas se ha visto empañado al establecer la primacía de la ley coránica sobre la legislación nacional e internacional. Esto implica que el principio de igualdad hombre-mujer, reconocido por la Constitución, quedará como letra muerta. Además, el Gobierno presionado por la oposición fundamentalista se ha visto obligado a continuar con el matrimonio por procuración, a mantener intactos los derechos de herencia y conservar el derecho del hombre a repudiar a la esposa. Parece claro que esta reforma legal no sólo es insuficiente, tal y como consideran las asociaciones feministas (2), sino que además va a permitir continuar con la violación de los derechos humanos de la mujer.
El último acontecimiento de gran relevancia nacional ha sido el referéndum sobre la paz y la reconciliación celebrado a finales de septiembre de 2005 con el que se pretende cerrar la larga etapa de violencia. El presidente Bouteflika en su empeño en dar continuidad al proceso que inició con la Ley de la Concordia Civil en 1999, publicó una Carta en agosto de 2005 en la que se garantizaba el indulto a todos los que participaron en el conflicto a excepción de aquellos que fueron responsables de masacres, violaciones o bombardeos en lugares públicos. Tras una extensa campaña liderada por el mismo Presidente y monopolizada por su partido en la que se silenció a la oposición, los resultados (3) dieron un rotundo y sorprendente apoyo a la amnistía.
A pesar de que esta amnistía parcial podría ser considerada como un paso adelante para alcanzar la paz nacional, las disposiciones de la Carta no permiten borrar las heridas de una terrible guerra ni garantizar el fin de la violencia (4). La Carta niega específicamente la responsabilidad del Estado en las desapariciones, y afirma que se han castigado todos los actos indebidos que han cometido los agentes del Estado. Además, las disposiciones contradicen las obligaciones contraídas por Argelia en virtud del derecho internacional. Para las víctimas y sus familias el mayor temor es que estas disposiciones pueden constituir una negación de la verdad y la justicia al no establecerse ninguna comisión de la verdad y que, por tanto, cualquier persona que participase en el conflicto pueda adherirse a la amnistía sin una previa confesión. Esta falta de compromiso a investigar los graves abusos cometidos durante el conflicto armado suscita una honda preocupación por la posibilidad de que las medidas propuestas perpetúen un clima de impunidad y, en última instancia, alienten nuevos abusos en el país.
Participación de la mujer en el ámbito económico, político y social
Desde la independencia, el Gobierno ha realizado una fuerte inversión en el sistema educativo. El resultado ha sido una importante caída de la tasa de analfabetismo y especialmente de las mujeres que ha pasado del 85 por ciento en los años 60 al 40 por ciento en la actualidad. A pesar de ello, esta cifra aún sigue siendo alta sobre todo si se compara con la masculina, que ronda el 20 por ciento. Uno de los factores claves de la evolución positiva ha sido el carácter obligatorio de la educación primaria y el acceso de la mujer a todos los niveles del sistema educativo. Esta política ha tenido un impacto directo sobre la tasa de escolarización femenina que ha alcanzado la paridad en la escuela primaria y representa más del 50 por ciento de los estudiantes universitarios. La discriminación de género está muy arraigada en la sociedad y empaña a otros ámbitos (educación, cultura) más allá de la propia legislación. En consecuencia esta exclusión también opera en el ámbito profesional ya que las mujeres, siguiendo el Código de Familia, han de obtener la autorización de sus maridos para poder desempeñar cualquier actividad profesional (5). A pesar de ello, las mujeres siguen luchando por su reconocimiento y poco a poco han logrado insertarse en el mercado laboral. Esto se refleja en una población activa femenina que crece cuatro veces más rápido que la población activa total con tasas que actualmente rondan el 15 por ciento (6). Esta mano de obra se caracteriza por la juventud de sus integrantes y por su elevado nivel de instrucción. El porcentaje de universitarias asciende ya al 50 por ciento aunque no representan ni el 10 por ciento de los trabajadores en el mercado laboral. Paralelamente, y como consecuencia de los problemas macroeconómicos que han provocado una disminución importante de la creación de empleo a nivel nacional, la tasa de desempleo femenina ha crecido rápidamente desde la independencia siendo actualmente del 32 por ciento (7). Por lo tanto, actualmente, se está destruyendo más empleo del que se crea. Tanto el empleo como el desempleo femenino se concentra en las urbes (tasas del 75 y del 45 por ciento respectivamente) donde las mujeres copan los servicios sociales frente a sectores como la construcción y las obras públicas donde no hay mano de obra femenina. Esta situación se corresponde con la ineficaz y limitada política de empleo femenino, especialmente en el ámbito rural. El derrumbamiento del sector público y el desempleo masivo junto con la llegada de mujeres al mercado laboral ha provocado la expansión del sector informal. A pesar de que no hay datos oficiales, las estadísticas estiman que una de cada tres mujeres trabaja en la actividad informal. La precariedad laboral y la discriminación salarial que caracteriza a este sector impone a las mujeres sórdidas condiciones que a menudo se asemejan a su “encierro” tradicional. La legislación argelina reconoce los derechos políticos de la mujer. A pesar de ello, la mujer está poco representada en los cargos políticos y gubernamentales directivos. De la misma manera, en teoría no hay restricciones a la participación de la mujer argelina en la política, pero aquellas que quieren mejorar su posición dentro de su partido político se enfrentan a la resistencia de los miembros masculinos (8). Sólo hay un ámbito donde la mujer está bien representada; el sistema judicial, en el que el 25 por ciento de los jueces son mujeres. Gracias a ello, se podrán reducir las sentencias sexistas, y se facilitará el acceso de la mujer a los tribunales. En la esfera social, la mujer aun no tiene la información suficiente para ser autónoma en su vida civil y política. Según una encuesta nacional reciente (9), sólo el 9 por ciento de las mujeres entre 9 y 49 años lee el periódico diariamente y sólo el 7 por ciento de las mujeres participa activamente en la vida política. Algunos de los factores que intervienen sobre la participación de la mujer en la vida política incluyen el control ejercido por el miembro masculino de la familia y la falta de información específica sobre la mujer.
Según la Constitución, las mujeres argelinas tienen los mismos derechos sociales y culturales que los hombres, pero en realidad no tienen el mismo acceso ni la posibilidad de ejercerlos. Estas restricciones tienen su raíz en el Código de Familia en el que se estipula el inferior rango de la mujer. En general, las actividades de la mujer se limitan a la esfera doméstica y son escasas las oportunidades que tienen de salir a la calle. Con este panorama, es muy difícil tomar decisiones independientes al hombre, influir en la vida comunitaria o alcanzar el desarrollo personal pleno.
Los extremistas religiosos preconizan que el compartimiento social de la mujer sea una aseveración de la identidad política y religiosa. Esta línea de pensamiento está teniendo un fuerte impacto sobre la autonomía de la mujer, especialmente en las comunidades rurales. Algunos casos testimonian que hay hombres que restringen a sus mujeres salir de casa y les prohíben ser examinadas por médicos hombres. Además, el maltrato doméstico es otra dramática realidad que cada vez se hace patente gracias al cambio de actitud de las mujeres. Pese a las trabas que tienen para acceder a la justicia, las mujeres se atreven a denunciar este tipo de violencia aunque el número de denuncias aún es bajo con respecto a los casos existentes.
El derecho de la mujer a la vivienda no está reconocido ni en la práctica ni en los textos legales. Esto ha permitido que desde 1984 se hayan visto casos de mujeres divorciadas con sus hijos vagabundeando al quedarse sin casa. Gracias a la reforma del Código de Familia, la mujer tendrá el mismo derecho que el hombre a mantener su vivienda. Este amparo legal no asegura que vaya a ser puesto en práctica como tampoco se sabe si las viudas y las solteras podrán mantener su vivienda a pesar de que no haya un hombre a la cabeza de familia.
Esta situación de desigualdad amparada en la legalidad ha sido la principal causa del gradual empobrecimiento de la mujer. Desde 1992, miles de mujeres han perdido miembros de su familia a manos de terroristas y han tenido que ponerse a la cabeza de la familia a pesar de que muchas tenían escasa experiencia más allá de sus tareas domésticas. El largo proceso hasta obtener el certificado de defunción ha provocado que muchas mujeres junto a sus familias sobrevivan en una situación muy precaria al no tener derecho a la pensión, a los ahorros familiares ni a la vivienda. Por otra parte, cientos de mujeres han sufrido la marginación social y la pobreza tras haber sido raptadas o violadas por los grupos armados. Las familias han rechazado a estas mujeres viéndose obligadas a vivir en la calle con una ayuda gubernamental muy limitada.
El papel de la cooperación internacional
Bajo esta realidad, la cooperación internacional puede jugar un papel muy importante en el desarrollo de la mujer en Argelia. El hecho de que sea una cooperación joven (10) y con poca experiencia explica porqué hasta ahora su actuación ha sido tímida, caracterizada por actuaciones puntuales pero sin una estrategia definida ni con un objetivo a largo plazo. Además, esta inexperiencia conlleva un desconocimiento generalizado del país, sobre todo de las zonas rurales. Por tanto, el primer paso para asegurar la eficacia de la ayuda internacional es realizar un análisis a nivel nacional en el que se identifique a la población femenina más vulnerable. Para ello hay que contar con la extensa experiencia de las asociaciones de mujeres cuya labor se ha centrado en ámbitos como la educación en valores igualitarios, la formación para aumentar la participación femenina en la esfera política y económica, el apoyo psicológico y la defensa de los derechos de la mujer. Los logros de estas asociaciones a lo largo de la reciente historia argelina han sido múltiples, a pesar de que durante mucho tiempo su trabajo se ha desarrollado bajo las amenazas y los ataques de los grupos violentos.
Los escasos estudios que se han realizado a nivel nacional hasta la fecha indican que las necesidades más apremiantes de las mujeres argelinas se concentran en las zonas rurales donde las bolsas de pobreza son mayores, el acceso a los servicios es muy limitado, las libertades personales están muy deterioradas y sobreviven en una situación de represión fomentada por el fundamentalismo religioso. Más allá del ámbito rural, la ayuda internacional puede incentivar el empleo femenino y su inserción en la economía, favorecer su desarrollo social, y apoyar actividades de formación y sensibilización que contribuyan a un cambio de actitudes en las relaciones de género. En el plano institucional, países como España pueden ofrecer una valiosa aportación en relación a la inclusión de la Ley de Violencia de Género en su Constitución y dar una respuesta legal a este fenómeno que está alcanzando graves proporciones. En términos generales, estos programas deben ser multidimensionales dado que la discriminación sexual está fuertemente arraigada en la sociedad y luchar contra ella supone incluir aspectos sociales, culturales y educativos además de legislativos.
Así pues, la cooperación internacional tiene la oportunidad de ser un actor clave en el desarrollo de la mujer argelina y ser el punto de inflexión hacia una nueva etapa que abra sus posibilidades. Pero ello sólo será posible si las agencias de desarrollo trabajan de forma coordinada y se cuenta con el apoyo del Gobierno argelino. Hasta la fecha, la Administración sólo se ha mostrado abierta a la ayuda internacional en su discurso ya que en términos prácticos siguen habiendo numerosos obstáculos que no permiten a la cooperación internacional trabajar con flexibilidad y eficacia.
Invertir en el desarrollo de la mujer tiene un efecto dinamizador sobre el resto de la población dado que la mayor parte de las responsabilidades dentro y fuera del hogar recaen sobre ella. En otras palabras, potenciar a la mujer sienta las bases de una sociedad más próspera, libre y democrática.
Notas:
1 En las elecciones locales de 1991 y en las elecciones parlamentarias de 1992 se estableció una ley de “procuraduría” que daba el derecho a los hombres a votar por todas las mujeres de su familia. En las elecciones presidencialistas de 1995 se otorgó a la mujer el derecho a votar por si misma.
2 Las reivindicaciones de las asociaciones feministas son: la derogación o enmienda del Código de Familia, la consagración de la monogamia, el derecho incondicional de la mujer a trabajar, la igualdad en materia de divorcio y el reparto igualitario del patrimonio. 3 Según fuentes oficiales la participación alcanzó el 79,6 por ciento y de ellos el 97,3 apoyó el proceso para la paz y la reconciliación.
4 Tres personas fallecieron al día siguiente de la celebración del referéndum como consecuencia de dos atentados atribuidos al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC). Esta organización islamista rechaza la propuesta de amnistía parcial lanzada por el Gobierno de Argel.
5 En base a la reforma del Código, los cónyuges deberán incluir esta cláusula en el contrato matrimonial.
6 Datos estimativos ya que no existen fuentes fiables. Las fuentes oficiales y no oficiales no coinciden.
7 Idem pie de pagina 4
8 Los partidos políticos no tuvieron representación femenina hasta 1997 pero en el 2002 gracias a la presión de las asociaciones de mujeres y otras organizaciones se logró que 19 mujeres fueran miembros de partidos políticos. De la misma manera, en el 2002, el número de mujeres en el Parlamento incrementó de 13 a 2.
9 Encuesta cualitativa sobre la sanidad de la familia, 2002
10 Argelia ha comenzado recientemente un flujo más constante e intenso de relaciones con los países donantes ya que durante la época de conflicto solo algunos donantes continuaron su actividad en el país. Esta situación ha supuesto que países como España, Bélgica, Alemania o Italia tengan una experiencia muy reciente con Argelia.
