La Alianza Anticomunista Argentina (AAA), conocida como Triple A, fue un grupo paramilitar y terrorista de extrema derecha peronista de la Argentina,1 asesinó a artistas, intelectuales, guerrilleros, políticos de izquierda, estudiantes, historiadores y sindicalistas, además de utilizar como métodos las amenazas, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada de personas.23 4 durante la década de 1970. Responsable de la desaparición y muerte de casi 700 personas.5 Sus acciones fueron catalogadas como delitos de lesa humanidad por el juez federal Norberto Oyarbide en 2006.6 Está relacionada à Alianza Americana Anticomunista.
Antecedentes
Algunos historiadores e investigadores han afirmado que la Triple A tiene antecedentes en las bandas parapoliciales que surgieron a principios del siglo XX, luego del Decreto Ley de Defensa Social. Cuando se sucedieron masacres conocidas como el Grito de Alcorta, la masacre de la Fábrica Vasena o la Semana Trágica. Muchas de esas masacres fueron realizadas o apoyadas por las bandas parapoliciales conocidas como Ligas patrióticas Argentinas.
También son señalados como antecedentes más contemporáneos, organizaciones como la Alianza Libertadora Nacionalista, la organización pro nazi creada en 1943; el Movimiento Nacionalista Tacuara, de las que provenían algunos integrantes de la Triple A. También, el Comando de Organización, comandado por el diputado Alberto Brito Lima, la Alianza Americana Anticomunista; la Concentración Nacional Universitaria (CNU), coexistió con la Triple A, a la que luego se integró.
Orígenes
Desde que José López Rega fue nombrado por Héctor J. Cámpora como ministro de Bienestar Social, se comenzó a rodear de militantes de otras agrupaciones que «quisieran eliminar a la izquierda», entre ellos, ex tacuaras del Movimiento Nueva Argentina (MNA), militantes de la Juventud Federal del dirigente peronista Manuel de Anchorena, miembros de la CNU, miembros delComando de Organización, cuadros técnicos de Guardia de Hierro y grupos sindicales ortodoxos especializados en la capacitación doctrinaria. Además, también creó la Juventud Peronista República Argentina (JPRA), debido a que necesitaba de un aparato propio que saliera a pelearle «la calle» y responderle en forma directa a la Tendencia, agrupaciones que respondían en forma orgánica a las organizaciones FAR y Montoneros. La organización fue sostenida con los recursos del Ministerio, y hasta les permitió el ingreso a la rama juvenil del Consejo Superior Peronista, el organismo institucional desde donde comenzaron a combatir a la Juventud Peronista de Regionales, agrupación de superficie de Montoneros.
Según algunos investigadores, trabajadores del ministerio y militantes de la Juventud Peronista República Argentina (llamada Jota PerRA) comenzaron a simular atentados de Montoneros en su contra como parte de una estrategia de presentarse como blancos militares de las agrupaciones de izquierda, lo que les permitía revalorizarse dentro del ministerio.
En un depósito llamado «microcine», en el segundo subsuelo del Ministerio, se guardaban armas. Una provisión importante se produjo a partir de que Manuel de Anchorena, fuera designado embajador en el Reino Unido. Por su gestión en ese país, logró que se enviaran doscientos subfusiles Sten MKII, que permitían ser desmontados con facilidad y además venían con un silenciador adaptable a otra arma muy utilizada en el Ministerio, el subfusil Sterling. El pago se instrumentó a través de la Dirección de Administración.
Existen teorías acerca del nombre de la Alianza que podría deberse al perfil esotérico de López Rega, quien creía que la moral de la humanidad iba a evolucionar en la medida en que se desarrollaran los tres vértices magnéticos del triángulo de la Triple A. Aunque otras versiones hablan de un compromiso entre dos facciones que proponían Alianza Antiimperialista Argentina oAlianza Anticomunista Argentina, por lo que firmaron como Triple A, aunque luego se impuso la segunda acepción.
Organización
Aunque en ese momento su liderazgo fue negado, hoy se sabe que José López Rega coordinó su organización. López Rega era secretario personal y ministro de Juan Domingo Perón, y creó las AAA para combatir a los sectores de izquierda del propio movimiento peronista.
López Rega y el comisario general entonces jefe de la Policía Federal Argentina, Alberto Villar, organizaron la Triple A durante el gobierno interino de Raúl Lastiri, en 1973. López Rega, al frente del Ministerio de Bienestar Social, desvió fondos para financiar la organización y el armamento del grupo parapolicial. Seguiría en ese cargo durante el gobierno de Perón y, a su muerte (1º de julio de 1974), en el de su mujer, Isabel Martínez, sobre la cual ejercía una extraordinaria influencia basada en una compartida devoción espiritista.
La Triple A, desde su gestación se organizó como un sistema de células, con el fin de que «no supiera un determinado grupo qué es lo que iba a hacer el otro». La organización se encontraba dirigida por un cuerpo nacional, que contaba con un cuerpo de ejecutores, y las secciones de «inteligencia», «justicia» y «operaciones»; este organigrama se repetía regionalmente. Los encargados del grupo original fueron López Rega, Villar, Almirón y Rovira.
En un principio, sólo existieron células de personal vinculado al Ministerio de Bienestar, al mando de los «lugartenientes» de López Rega, Rodolfo Eduardo Almirón y Alberto Villar. Luego, estas células fueron multiplicándose, siendo parte de ellas personal militar, oficiales policiales y agentes de inteligencia. De forma paralela la Triple A creó, en localidades lejanas a la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, nuevas organizaciones que respondían al mando de López Rega, por ejemplo, en Córdoba, gobernada por un «interventor federal», se creó el Comando Libertadores de América. También se asoció con grupos parapoliciales anteriores, otorgándoles protección, logística e inteligencia a cambio de lealtad. Un caso ejemplar de esta modalidad fue la Concentración Nacional Universitaria, en Mar del Plata.
Métodos
Debido a su organización, el modo de actuar desde la Triple A variaba según el objetivo del atentado y la «célula» a cargo de la planificación y ejecución.
En muchos casos eran militantes populares o sindicalistas arrestados en su domicilio o en la vía pública por un grupo de hombres con credenciales policiales, uniformados o no. Luego, estas personas aparecían acribilladas al otro día. Los atentados con bombas y los ataques con ráfagas de subfusil fueron otro método común utilizado por el grupo parapolicial desde el principio de la represión ilegal.
La Triple A fue adoptando procedimientos más violentos, en lo que podría ser llamado una escalada. Los secuestros, violaciones y ejecuciones de mujeres fue un método incorporado al «ritual» del terror. La eliminación de familias enteras se practicó como forma brutal de «escarmiento». También, se recurrió a la voladura con explosivos de sus víctimas.
Atentados
Durante el gobierno de Cámpora
Durante el gobierno de Cámpora, el 29 de junio de 1973, Eduardo Jiménez (ERP) fue asesinado por la Policía de Córdoba. Su detención se produjo cuando se disponía a pegar afiches de propaganda en una pared, junto con otros de sus compañeros. Testigos presenciales vieron cómo era introducido en una camioneta, pero la Policía informó que había muerto a consecuencia de un tiroteo. Presentaba un solo tiro en la frente y algunos golpes en el cuerpo. Los hechos anteriores al 21 de noviembre de 1973, fueron adjudicados por algunos historiadores e investigadores a la Triple A, la cual no reconoció la autoría del mismo por no haber hecho pública su existencia. Tampoco son reconocidos como un crimen de esta organización por la justicia, la cual reconoce la existencia de la organización criminal desde el primer hecho que se adjudicaron, el atentado contra Solari Yrigoyen.
Durante el gobierno de Lastiri
El 22 de julio de 1973, Benito Spahn (Juventud Peronista), fue asesinado por Tomás Roberto Cardozo, guardaespaldas de José Rucci, secretario general de la CGT. El 13 de agosto, Cirilo Heredia (JP), de 17 años, fue secuestrado y torturado. El 24, el Ateneo de Estudios «Juan Pablo Maestre», fue asaltado por un grupo de veinte personas que al grito de «este local está lleno de bolches» destrozaron el mobiliario, un cuadro de Maestre y material doctrinario. El 14 de septiembre, el «Ateneo 20 de junio», de la Juventud Peronista, es ametrallado por desconocidos. El 19, la Federación Gráfica Bonaerense denunció la desaparición de Sergio Joaquín Maillman de 24 años. El día 13 había sido visto herido y golpeado cuando era bajado de un Ford Falcon celeste e introducido en la casa de Miraflores 2044. Al final de esa cuadra está instalado el Quinto Cuerpo de Vigilancia de la Policía Federal. El automóvil en el que Maillman llegó hasta Miraflores tenía el número de patente «C 468.596» y el titular de la patente era María Esther Tagarelli de Martini, funcionaria del Ministerio de Bienestar Social. El 15 agosto, militantes de la Juventud Peronista que realizaban una manifestación de apoyo al gobernador derrocado Bidegain son detenidos y torturados. El 7 de septiembre, Oscar Suárez, al recuperar su libertad en Tucumán, denunció que había sido víctima de torturas infligidas por Héctor García Rey, jefe de la policía provincial, ligado a José López Rega.
El 20 de septiembre de 1973, en Resistencia en la provincia de Chaco, varios ex miembros del Comando de Organización son detenidos cuando están efectuando un atentado contra el comedor universitario; entre otros se encontraba Víctor Sánchez, su secretario general. El 28, en Rosario fue baleado el abogado Roberto Raúl Catalá, los atacantes dejaron panfletos en los que se asignaron el carácter de «comandos antimarxistas».
El 1 de octubre de 1973, en una reunión convocada por el presidente provisional del Consejo Superior Peronista, Raúl Lastiri, y el ministro del Interior, Benito Llambí, y en presencia de Juan Domingo Perón, que asistió en calidad de presidente electo, el consejo se declaró en «estado de guerra» contra los «infiltrados marxistas del Movimiento». El Consejo redactó un «documento reservado» que fue leído por el senador José Humberto Martiarena y distribuido entre los gobernadores provinciales presentes. A través del documento, el Movimiento Nacional Justicialista llamó a «asumir la propia defensa y atacar al enemigo en todos los frentes y con la mayor decisión», aduciendo que en ello iba la vida del Movimiento y de sus dirigentes. A efectos de esa defensa, impartió una serie de directivas, declarando el estado de movilización de los elementos materiales y humanos para afrontar esa guerra, llamando a una campaña de reafirmación de los principios doctrinarios justicialistas que debía esclarecer las diferencias con el marxismo. En el documento, el ítem 6, «Inteligencia», advertía que «en todos los distritos se organizará un sistema de inteligencia al servicio de esta lucha, el que estará vinculado con el organismo central que se creará». El ítem 9, «Medios de lucha», se precisó: «Se utilizarán todos los que se consideren eficientes, en cada lugar y oportunidad. La necesidad de los medios que se propongan, será apreciada por los dirigentes de cada distrito».7 Luego de este documento del justicialismo se iniciaron la «caza de brujas» y la represión ilegal contra la izquierda por parte de agentes del Estado.
Durante octubre, en Córdoba, fue herido por disparos el militante de la JP Ramón Fajardo, miembros armados de la Juventud Sindical Peronista toman la sede del Banco Social, bombas fueron detonadas en los domicilios de los diputados provinciales Fausto Rodríguez y Miguel A. Marcattini, miembros del Frejuli. También una bomba estalló en el domicilio del senador Tejada, presidente de la Cámara de Senadores de la provincia, y fueron detenidos Leandro Fote y otros militantes de organizaciones populares durante un procedimiento «rastrillo» efectuado en esta ciudad. En Corrientes, el Frente de Izquierda Popular denunció el estallido de una bomba en su local. En la provincia de Tucumán, la Junta Provincial del Justicialismo de Tucumán, siguiendo instrucciones del Consejo Superior que preside Humberto Martiarena «alertará a todos los compañeros de la situación de guerra contra los grupos marxistas». En Mar del Plata, fue incendiado el domicilio del dirigente de la Juventud Peronista Andrés Cabo, lo mismo ocurrió con el del secretario de la universidad local y miembro de la JP Alfredo Cuestas. En Mendoza, una bomba estalló en el despacho del gobernador de Mendoza, Martínez Baca, cuestionado por sectores derechistas del justicialismo.
En la provincia de Buenos Aires, en el local del Partido Comunista de la calle Estados Unidos y Sáenz Peña fue hallada una bomba que no llega a estallar, otra explotó en la Unidad Básica «Mártires de Trelew», de la calle Urquiza 2193, causando grandes daños, Nemesio Aquino, miembro de la JP y afiliado a la Unidad Básica «Héroes de Trelew», fue asesinado. También fue muerto el periodista José Colombo, miembro del diario El Norte, y los atacantes manifiestan que ese medio está «lleno de comunistas». El dirigente Dante Gullo denunció una serie de atentados contra locales de la JP. Dirigentes de partidos opositores manifiestan su inquietud por las «instrucciones antimarxistas» formuladas en el peronismo. La UTA (Unión Tranviarios Automotores) realiza un paro por el secuestro de Oscar Arca, delegado de la empresa Costera Criolla y miembro de la JTP, la viuda del periodista asesinado José Colombo denuncia que «En la Regional San Nicolás de la CGT hay una lista de 141 ´bolches´ en la que estábamos mi marido y yo».
Durante el tercer gobierno de Perón (1973-1974)
Luego de la asunción de la presidencia por Perón, el 12 de octubre de 1973, continuó la represión ilegal y los atentados por parte de fuerzas policiales y parapoliciales. Además, durante dicha presidencia de Perón existieron casos puntuales de represión y de prohibiciones de libros.
El primer atentado adjudicado a la Triple A tuvo lugar el 21 de noviembre de 1973, cuando la organización —como represalia por el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci a manos de la organización Montoneros un mes antes— colocó una bomba en el automóvil del senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, quien durante la anterior dictadura militar había actuado como defensor de presos políticos y, ya senador, había criticado muy duramente el proyecto de Ley de Asociaciones Profesionales presentado al Parlamento por el Poder Ejecutivo. El artefacto explotó e hirió en las piernas al senador, pero no logró matarlo; dos años más tarde repetirían el intento con otro artefacto explosivo sin lograr su objetivo.
El 14 de octubre, fue asesinado Constantino Razzeti, bioquímico, dirigente de la Juventud Peronista. El 21, diversos militantes de la JP fueron atacados por unos veinte individuos mientras están pegando carteles de propaganda, durante la gresca se escuchan gritos favorables a Osinde y a Brito Lima. En Santos Lugares, tras rociar con nafta el local fue incendiado el Ateneo Peronista «Heroica Resistencia», en Avenida La Plata 3820, allí funcionaba el Consejo Superior de la JP del Partido de 3 de febrero, algunos de cuyos militantes habían sido objeto de provocaciones, días antes, por el Comando de Organización dirigido en la zona por Susana Thompson. El 26, La Concentración Nacional Universitaria (CNU), el Comando Universitario Peronista de Derecho (CUPDED), la Legión Revolucionaria Peronista, los Grupos de Acción Peronistas (GAP), el Movimiento Universitario Nacional (MUN) y otras organizaciones derechistas llevaron a cabo un acto en el Aula Magna de la Facultad de Derecho que terminó con destrozos en las instalaciones. La reunión contó con la adhesión de la CGT y del Consejo Superior Provisorio de Justicialismo. Entre los asistentes se hallaban Alejandro Giovenco (acusado de haber participado en la matanza de Ezeiza), Juan Carlos Gómez (reconocido como asesino de la estudiante Filler en Mar del Plata en 1972 y funcionario policial), Jorge Rampoldi (miembro del ex-Sindicato de Derecho), César Augusto (de la misma entidad), Raúl Padrés, Rodolfo Galloso y José Luis Núñez, de similares antecedentes. El decano Mario Kestelboim solicitó la intervención policial, que se manifestó en la presencia del subcomisario Solano. El funcionario manifestó que no podía actuar sin consultar con sus superiores razón por la cual se retiró. Tampoco actuaron los automóviles ni el carro de asalto apostados en las inmediaciones.
En el mismo mes, la agencia oficial TELAM informó que en Tucumán las comisiones policiales antisubversivas habían sido integradas, también, por jóvenes peronistas, a quienes se les proveyó de armas. Al mando de esas comisiones mixtas se encontraba el jefe de la policía tucumana, Héctor Luis García Rey.
A fines de 1973, la Triple A difundió una «lista negra» de personalidades que «serán inmediatamente ejecutadas donde se las encuentre». En la lista se encontraban: militantes de izquierda; Omero Cristalo (alias J. Posadas); Hugo Bressano (alias Nahuel Moreno, dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores); los abogados Silvio Frondizi (hermano del ex presidente Arturo), Mario Hernández y Gustavo Roca. También incluía a los dirigentes Mario Roberto Santucho (dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores; los sindicalistas Armando Jaime, Raimundo Ongaro, René Salamanca y Agustín Tosco; el profesor Rodolfo Puiggrós (ex-rector interventor de la Universidad de Buenos Aires), el abogado Manuel Gaggero (director interino del diario El Mundo); Ernesto Giudice, miembro renunciante del Partido Comunista; el abogado Roberto Quieto, dirigente de Montoneros y Julio Troxler, ex-subjefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires, cercano al Peronismo de Base. La nómina se completó con los coroneles Luis César Perlinger y Juan Jaime Cesio, el obispo de La Rioja, monseñor Luis Angelelli y el senador nacional Luis Carnevale.
El 4 de enero de 1974, la Policía Federal allanó en Buenos Aires las librerías Fausto, Atlántida, Rivero y Santa Fe, donde arrestó a los empleados por difundir libros. Algunos de los libros prohibidos eran «La boca de la ballena», de Héctor Lastra; «Territo-rios», de Marcelo Pichón Riviere; «Sólo ángeles», de Enrique Medina y «The Buenos Aires affaire», de Manuel Puig. Todos los ejemplares encontrados fueron secuestrados.
El 11 de mayo de 1974 el padre Carlos Mugica fue emboscado cuando se disponía a subir a su automóvil Renault 4 azul estacionado en la puerta de la iglesia de San Francisco Solano de la calle Zelada 4771 en el barrio porteño de Villa Luro donde acababa de celebrar misa. Según algunos testigos, el autor del hecho fue Rodolfo Eduardo Almirón, integrante jerarquizado de la triple A, quien lo baleó con varios disparos de subfusil que le afectaron seriamente el abdomen y el tórax, falleciendo a los pocos minutos al ser trasladado a un hospital cercano. Según Miguel Bonasso, al conocerse la muerte, el dirigente peronista Arturo Sampay le dijo:
"el asesinato del padre Mugica es la respuesta de Perón al retiro de ustedes en la Plaza. Es una operación maquiavélica, destinada a que los militantes de la Tendencia se maten entre sí. Demasiado inteligente para que se le haya ocurrido al animal de López Rega".
Durante el gobierno de Isabel Perón (1974-1976)
El 31 de julio de 1974, en una intersección céntrica de la ciudad de Buenos Aires, el diputado Rodolfo Ortega Peña y su mujer fueron acribillados al descender de un taxi. En su funeral, las fuerzas de seguridad, tuvieron la orden del Jefe de la Policía Federal de dispersar a la multitud de personas que se aprestó a despedirlo, para lo que empleó balas de goma y gases.
El 7 de septiembre, la Triple A realizó un atentado en el domicilio familiar del entonces decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Raúl Laguzzi. La vivienda se encontraba bajo custodia de laPolicía Federal debido a las amenazas de muerte que sufría el decano. En el atentado falleció Pablo G. Laguzzi, hijo de Raúl, de cinco meses de edad. La Triple A se adjudicó el hecho, pero culpó de la muerte del infante al padre. Raúl Laguzzi y su mujer se exiliaron en México luego del hecho.
El 10 de septiembre el abogado Alfredo Curutchet en la localidad de San Isidro fue apresado en la vía pública, maniatado y acribillado por integrantes de la Triple A. El cuerpo del abogado fue encontrado muerto en una calle de la localidad de Béccar gracias a una denuncia policial anónima sobre ráfagas de subfusil en la zona. El cuerpo sin vida, «fue hallado boca abajo y maniatado con un cinturón de cuero, junto a él desparramadas en el suelo treinta y un cápsulas servidas calibre 9mm. y dos cartuchos servidos de escopeta calibre 12 mm».
El 20 de septiembre en horas del mediodía, el sub-jefe de la policía bonaerense Julio Troxler fue asesinado en el barrio porteño de Barracas, cuando un automóvil que transitaba a alta velocidad frenó junto Troxler y los tres o cuatro ocupantes del mismo le dispararon más de una veintena de proyectiles. Troxler ya había sido amenazado en varias oportunidades por la Triple A y su fotografía había sido proyectada en reuniones en la residencia presidencial de Olivos como propuesto para asesinato por José López Rega.
El 27 de septiembre, un grupo de ocho personas ingresaron a la casa de Silvio Frondizi y se lo llevaron por la fuerza. Su yerno, Luis Ángel Mendiburu intentó rescatarlo pero fue acribillado a balazos. Sólo tres horas después fue encontrado el cuerpo sin vida de Frondizi, y la Triple A hizo llegar un comunicado a los medios donde se adjudicaba el asesinato, justificándolo como un «ajusticiamiento» de un «traidor bolchevique».
Durante noviembre de 1974, fueron realizadas atentados que se suponen de su autoría o que la misma fue reclamada por la misma organización: una bomba fue detonada en el local de la Juventud Peronista; una bomba contra la persona del recientemente designado interventor de la Universidad Nacional de Litoral; una bomba explotó en el local del Frente Antimperialista por el Socialismo (FAS) de San Fernando; en el local del FAS de Virreyes se detonó otra bomba;Manuel Carballo, miembro de la JP, fue baleado; varios militantes peronistas que se encontraban en la Unidad Básica «Evita» festejando el Día de la Madre fueron agredidos por un grupo de matones.
En ese mes, un individuo disparó cinco tiros sobre Antonio José Delleroni y su mujer, Nélida Arana, cuando junto a varias personas aguardaban en un andén de la estación del Ferrocarril San Martín. Ambas víctimas habían actuado en el Peronismo de Base y habían defendido, como abogados, a numerosos presos políticos, Delleroni, por su parte, había llegado a ser miembro del PJ en General Sarmiento. La policía pudo atrapar al perpretador y determinó que se trataba deRicardo Julio Villanueva. El asesino reconoció pertenecer al Movimiento Nacional Justicialista y domiciliarse en Medrano 70, sede de la «Escuela Superior de Conducción Política», vinculada a la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) y al Consejo Superior Justicialista dirigido por el senador Martiarena. Declaró que venía siguiendo a Delleroni desde la víspera y que lo debía eliminar por ser este integrante del ERP. En una causa anterior por tenencia de armas de guerra, Delleroni hizo una solicitud de devolución de efectos personales en papel con membrete de la Juventud Peronista de la República Argentina dirigida por Julio Yessi (JPRA) y reconoció ser miembro «responsable» de la «Agrupación 20 de noviembre», adherida a dicha central. Además declaró ser empleado del Ministerio de Bienestar Social, dirigido por López Rega.
En diciembre, el automóvil en el que viajaba el diputado del FreJuLi Juan Luis Lucero fue acribillado desde otro coche en marcha, el diputado al momento era el presidente de la Comisión Investigadora de Apremios Ilegales y Torturas de la Legislatura de Santa Fe, y había dado a conocer los resultados de la investigación sobre la muerte del militante peronista Ángel Tacuarita Brandazza; hubo otro atentado sólo unos días de diferencia contra el mismo diputado, mediante una bomba instalada en su automóvil, que quedó totalmente destruido; en Buenos Aires, un grupo de personas ocupa la Unidad Básica «Evita Capitana» de Villa Detri, e incendia los muebles y las instalaciones, antes de retirarse del lugar escribieron en las paredes «Somos muchos» y «JPRA»; en la misma provincia Carlos Manco, colaborador de la Alianza Popular Revolucionaria, fue secuestrado, sometido a interrogatorios y golpeado durante dos días consecutivos y luego abandonado en las proximidades de Ramos Mejía, Manco fue introducido al local de la Asociación de Trabajadores de Sanidad y luego trasladado al sótano de una obra en construcción situada enfrente, antes de liberarlo los secuestradores le hicieron indicaciones amenazantes en el sentido de no mencionar a ATSA en sus declaraciones; una bomba estalló en la casa del doctor Viaggio, abogado y miembro del Partido Comunista, Viaggio era patrocinador de algunos refugiados chilenos llegados al país recientemente como asilados.
El 6 de agosto de 1974 cuatro militantes peronistas fueron secuestrados por la triple A en sus domicilios, horas más tarde los cuerpos fueros encontrados acribillados en la ciudad de La Plata, el suboficial retirado Ireneo Chavéz y su hijo Rolando Chavéz; Luis Mancor, estudiante de periodismo y el titular del Sindicato Único de Pétroleros, Carlos Pierini.
A fines de 1975, en un llamado "Parte de guerra Nº1", señala como elementos a ejecutar a los integrantes del siguiente listado de agrupaciones, que incluía desde organizaciones armadas hasta grupos de tendencia socialdemócrata:
• Partido Comunista
• Organización Montoneros
• Partido Auténtico
• Ejército Revolucionario del Pueblo
• Partido Revolucionario de los Trabajadores
• Partido Socialista de los Trabajadores
• Juventud Radical Revolucionaria
• Partido Comunista Revolucionario
Fin de sus actividades
El 19 de julio de 1975, los Granaderos descubrieron, al desmontar la sede del renunciante López Rega en el Ministerio, un arsenal de armas de guerra, incluyendo subfusiles, granadas y fusiles de francotirador. El escándalo consecuente lo implicó, así como a Isabel, en acusaciones de corrupción por malversar fondos del gobierno.
Según el periodista Hernán López Echagüe, la actividad de la extrema derecha pasó a ser regenteada por el sindicalista Lorenzo Miguel, Esta apreciación fue desmentida por el ladero del sindicalista, el también metalúrgico Herminio Iglesias.
No obstante, el periodista Alberto Moya halló relaciones entre Miguel y la Triple A, desde el sur del conurbano, cuando el presidente del Concejo Deliberante de Quilmes, Indalecio Castro, le pasó el mando de la patota de su guardaespaldas, el «Polaco» Dubchak, al líder metalúrgico que ya regenteaba otras patotas. Ese vínculo nació en la misma ciudad de Quilmes de donde salió la mayoría de los integrantes de la revista El Caudillo, vocera de los intereses del peronismo ortodoxo que simpatizaba con la Triple A.
Para el inicio del Proceso de Reorganización Nacional, la más sangrienta dictadura argentina, la Triple A ya había sido desmantelada, y las acciones represivas fueron llevadas a cabo en lo sucesivo por la dictadura. Aunque algunos investigadores, como el periodista Juan José Salinas sostienen que varios de sus miembros, por caso Aníbal Gordon, pasaron a trabajar para los militares porque ya venían haciéndolo en la SIDE.
Debate acerca del papel de Perón en la creación de la Triple A
En los últimos años se ha iniciado un debate acerca de la responsabilidad del entonces presidente Juan Perón por la constitución de la Triple A. A esta teoría suscriben los periodistas Juan Bautista Yofre,21 Hugo Gambini, Pacho O'Donnell,23 Joaquín Morales Solá, y Marcelo Larraquy, entre otros.
Según estos autores, el asesinato de José Ignacio Rucci en 1973, a quien Perón consideraba como un hijo, habría motivado al Presidente a crear una organización paramilitar para combatir a la izquierda de su movimiento. Algunos autores e historiadores sostienen que, poco después del asesinato de Rucci, Perón mencionó al gobernador Oscar Bidegain la necesidad de crear una organización paramilitar al estilo del somatén catalán del primer tercio del siglo XX: «Lo que hace falta en la Argentina es un somatén». Por otro lado, el exministro Antonio Cafiero dice que Perón sabía que una organización estaba matando guerrilleros pero que él no la ordenaba, ni controlaba ni conducía.
Según Eduardo Gurucharri (biógrafo del mayor Bernardo Alberte), el ex ministro -de Cámpora, Perón e Isabel- Antonio J. Benítez habría presenciado una reunión presidida por Perón antes de asumir la presidencia que la describe de la siguiente manera:
«Benítez refiere que López Rega y el comisario Villar exhibieron fotografías y nombraron personalidades políticas que deben ser depuradas de la infiltración marxista. Entre los nombrados están el propio Eduardo Luis Duhalde, el abogado Mario Hernández y Alberte. Benítez dijo que Perón se limitó a escuchar, sin aprobar ni desaprobar a quienes aludieron a la necesidad de operar por izquierda».
El periodista Ignacio González Jansen afirma que las órdenes de las Fuerzas Armadas a finales de 1973, eran «no tomar prisioneros».
En enero de 1974, el diputado Carlos Kunkel renunció a su banca, después de que Perón lo amenazara a él y al grupo de peronistas de izquierda del que formaba parte con la siguiente expresión: «En una semana se termina todo esto, porque formo una fuerza suficiente, lo voy a buscar a usted y lo mato». Según Carlos Kunkel «Perón ni remotamente tuvo que ver con la Triple A».
El diputado Rodolfo Ortega Peña, que se negó a renunciar, fue asesinado por la AAA el 31 de julio de 1974.
Denuncias
Medios de comunicación
Cuando la Triple A todavía se encontraba en actividad, hubo denuncias de sus delitos en diversos medios de comunicación masivos. Algunos de éstas fueron las realizadas por el Diario Clarín al informar sobre las presiones a sus periodistas para publicar los comunicados de la Triple A, o las realizadas por el Diario El Mundo cuando informó de los crímenes cometidos por la organización.
Además, otros medios partidarios, como “El descamisado” o “Militancia” reprodujeron las denuncias de los entonces diputados y asiduos colaboradores en esas revistas, Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde, sobre la estructura de creada en el Ministerio de Bienestar Social bajo la dirección de López Rega. En estos medios denunciaron, «la intervención de la agrupación en “la masacre de Ezeiza”», «la entrega de $ 1.000.000 de la cartera para destinarlos a la estructura clandestina», «la preparación en esa estructura de un escuadrón de la muerte que llevaría el nombre de “Águilas negras”», «la preparación de atentados contra desafectos a la figura de López Rega».
El 6 de julio de 1975, el diario La Opinión publicó un informe completo sobre la “Triple A”, que sería una copia del entregado por Ricardo Balbín a la presidente María Estela de Perón. El informe daba cuenta del reporte realizado por el Ejército en 1974, basado en el testimonio del teniente Juan Segura, y realiza la denuncia de la vinculación del Ministro José López Rega con la «organización terrorista de ultraderecha denominada Triple A».
Cámara de Diputados
Diputados de la izquierda peronista, como Ortega Peña, luego de realizar denuncias a partir de sus investigaciones en diversos medios de comunicación, denunciaron los crímenes, con precisiones sobre el caso de Juan Carlos Mercado, que había aparecido acribillado cuando portaba credenciales oficiales expedidas por López Rega.
Las denuncias no prosperaron y desde enero de 1974 había más de veinte diputados amenazados de muerte por la Triple A. La situación se tornó peor luego del asesinato de Ortega Peña y de un intento fallido de asesinato al diputado Héctor Sandler quien partió al exilio.
Recién luego del exilio de López Rega y sus colaboradores, el 23 de julio de 1975 la Cámara de Diputados dio curso al pedido de juicio político presentado por el diputado Jesús Porto y remitió una copia para la investigación judicial.
Segundo tribunal Russell
En 1974, bajo la presidencia del jurista italiano Ledio Basso, se volvió a conformar un nuevo Tribunal Russell para analizar los crímenes de las dictaduras latinoamericanas.
Cuando sesionaba dicho tribunal, en enero de 1975, el abogado argentino Leandro Despouy dio testimonio sobre los crímenes cometidos por «funcionarios del gobierno o ser allegados políticos», responsabilizaron a López Rega y a otros funcionarios del gobierno de María Estela Martínez de Perón. El abogado exiliado dio cuenta de la metodología, que «iba del asesinato a sangre fría de militantes desarmados a la tortura sistemática», acompañada por los comunicados oficiales que «hacían parecer estos asesinatos como productos de “violentos tiroteos”».
Además, se denunció lo que luego se conocería como el Plan Cóndor, la acción conjunta de las fuerzas de seguridad de varios países de Sudamérica. En este aspecto, se dio cuenta de al menos cinco personas secuestradas en Buenos Aires y trasladadas a Montevideo, donde fueron torturadas y asesinadas.
Causas judiciales
Las causas por los asesinatos, las amenazas y los atentados no tuvieron correlato con las pesquisas. La Cámara Federal ha dictado que las investigaciones «fueron llamativamente breves, carentes de profundidad y finalizadas prematuramente». Los casos más claros fueron las causas por los asesinatos del diputado Ortega Peña, de Julio Troxler y Pablo Laguzzi, donde no se realizaron «ningún tipo de actuación judicial».
Causa militar
En 1974, el teniente del Ejército Juan Segura descubrió, "por casualidad", el cuartel general de la Triple A en las oficinas de la publicación «El caudillo», financiada por López Rega.
Al regresar al pelotón al que pertenecía, dio cuenta de lo ocurrido al Coronel Jorge Sosa Molina, jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, ante quien realizó una denuncia oficial pero sin identificarse, por consejo del Coronel. Sosa Molina entregó la denuncia al Comandante en Jefe del Ejército, el General Rosas, quien le advirtió para amedrentarlo que esa denuncia debía ser entregada al Ministro de Defensa, Adolfo Savino, estrecho colaborador de López Rega.
Dos días después, el coronel Sosa Molina fue citado por López Rega en su despacho del Ministerio del Interior, donde ambos apostaron sus guardias armados a fin de evitar ser intimidados. Así, López Rega lloró por la denuncia presentada por Sosa Molina y negó tener relación alguna con las «Tres A».
Esta denuncia no fue seguida por una investigación, llegó al punto de no contar en el Ministerio de Defensa con constancias de la recepción de las carpetas, y el mismo ministro negar ante la Justicia haber recibido expediente alguno.
Causa judicial original
El 11 de julio de 1975, haciéndose eco de la investigación publicada cinco días antes en el diario La Opinión, el abogado católico independiente Miguel Radrizzani Goñi realizó una presentación ante la justicia contra José López Rega y los comisarios Rodolfo Eduardo Almirón y Juan Ramón Morales por el delito de asociación ilícita.
Una semana después de esta denuncia, por medio de dos decretos presidenciales, López Rega y gran parte de las cabecillas de la Triple A fueron enviadas al «Reino de España con el fin de cumplir una misión diplomática»
La causa se llevó casi sin actuaciones judiciales hasta 1983.
Investigaciones
En 1975, el entonces líder de la UCR, Ricardo Balbín realizó un informe puntual sobre la Triple A, que entregó en mano a Isabel Martínez de Perón. También el diputado nacional líder del Partido Revolucionario Cristiano, Horacio Sueldodenunció los crímenes de los grupos parapoliciales pero, debido a las amenazas y los atentados, fue obligado a esconderse para no ser asesinado. Héctor Sandler fue perseguido por sus denuncias y obligado a exiliarse.
Desde el gobierno se negaba o desmentían las denuncias. El ministro Alberto Rocamora proclamó que la «subversión de izquierda está actuando en forma continua y, en cambio, las denominadas AAA actúan en forma esporádica; no sé de qué signo son ni quién alienta a las Tres A», confirmando el conocimiento de parte del gobierno del grupo parapolicial. Sin embargo, esto fue luego negado por ministro del interior Antonio Benítez, en una sesión parlamentaria, «Al gobierno no le consta la existencia de la Triple A». Y luego, en declaraciones de prensa, amplió «no sabemos si existen o no las Tres A; ignoramos si es la propia izquierda terrorista con una nueva denominación».
El ministro de trabajo Carlos Ruckauf, precisó que «el país está en guerra y toda la sociedad argentina tiene que tomar conciencia que el enemigo encara una guerra total».
Investigaciones posteriores
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
En los anexos agregados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación al informe Nunca más que había elaborado la Conadep, en el 30 aniversario del golpe, constan denuncias desde el comienzo del gobierno constitucional de Héctor Cámpora, el 25 de mayo de 1973, hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón, de unas 600 desapariciones forzadas previas al golpe de 1976 y 500 ejecuciones sumarias.
Las amenazas de muerte llevaron al exilio a muchos, desde científicos como Manuel Sadosky; periodistas como Pepe Eliaschev; psicoanalistas como Marie Langer; artistas como Héctor Alterio, Mercedes Sosa, Pino Solanas, Norman Briski, Inda Ledesma, Armando Tejada Gómez, David Stivel, Luis Brandoni, Horacio Guarany o Nacha Guevara33 hasta políticos como José Ber Gelbard y el obispo de Mar del Plata, monseñor Pironio, quien fuera trasladado a Roma por elpapa Pablo VI por este motivo.
Otras investigaciones
De acuerdo a los trabajos más citados, sólo entre los meses de julio y septiembre de 1974, la Triple A habría realizado 220 atentados, de los que resultarían 60 víctimas mortales y 44 heridas de gravedad, además de 20 secuestros. La estimación global se coloca en el orden de los 1500 crímenes, algunos de los cuales se encuadran como crímenes de lesa humanidad.
El 6 de diciembre de 1971 fue asesinada Silvia Filler en Mar del Plata dentro de la universidad. El 9 de mayo de 1975 fue secuestrada la licenciada María del Carmen Maggi, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de Mar del Plata. Su cadáver apareció un año después y el día anterior al golpe de estado, el 23 de marzo de 1976, en una playa de Mar Chiquita.
Según el Archivo Nacional de la Memoria, entre el 20 de junio de 1973, el día de la Masacre de Ezeiza, hasta el inicio de la dictadura militar, hubo 900 desapariciones y 1500 asesinatos. Estiman que 3000 personas fueron apresadas por causas políticas.
Conexiones con la masonería
López Rega era miembro de la logia masónica irregular Propaganda Due (P2), dirigida por Licio Gelli, la cual trabajó en la Operación Gladio. El modus operandi de la masacre de Ezeiza fue similar al de los sucesos de Montejurra o a lamasacre de la plaza Taksim en Estambul.
El almirante Massera, que junto a otros derrocaría a Isabel Martínez de Perón poco después de la caída en desgracia y exilio de López Rega, era también miembro de la organización.
