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Aktion T4, el plan de Hitler para higienizar la raza




"60,000 marcos es lo que esta persona que sufre un defecto hereditario cuesta a la comunidad durante su vida. Alemán, ese es también tu dinero", con este lema un cartel de la Oficina de Políticas Raciales apelaba al bolsillo de los alemanes para justificar un programa nazi que pretendía eliminar a aquellos que Hitler definía como los que "no merecían vivir", el programa que oficialmente duró desde el 1939 al 1941, serviría de ensayo para el posterior Holocausto de los judíos en Europa.

La idea de higiene racial, había formado parte de la ideología de Hitler desde el principio. Si los judíos eran considerados un bacilo que debía eliminarse del "cuerpo racial alemán" los discapacitados eran vistos como una parte enferma de este y no merecerían tampoco un final mejor.

En Julio del 1933, al poco de llegar al poder los Nazis, estos promulgaron la "Ley de prevención de la descendencia de de personas con enfermedades hereditarias". Esta ley imponía la esterilización obligatoria para personas que sufrían las que se suponía que eran enfermedades hereditarias como la esquizofrenia, epilepsia, enfermedad de Huntington o "imbecilidad". También debían ser esterilizados los alcohólicos crónicos y los que presentaban otras "desviaciones" sociales como prostitutas. Los tribunales de Salud Hereditaria (Erbgesundheitsgerichte) se encargaban de inspeccionar los asilos, casas de acogida, prisiones y las escuelas especiales para seleccionar los que debían ser esterilizados.

Un total de unas 360,000 personas fueron esterilizadas como consecuencia de la aplicación de la Ley entre 1933 y 1939. Aunque algunos sugirieron que la aplicación de la ley se extendiera también a las personas con defectos físicos, finalmente no fue así, tal vez porque algunos mandamases nazis hubieran tenido que sufrir su propia medicina como Goebels o Bouhler. La falta de mano de obra que sufrió Alemania a partir del 1937 cuando el país se encontraba en pleno rearme, hizo que el ritmo de las esterilizaciones decayera.

Contrario a lo que uno pueda imaginar este tipo de teorías de "darwinismo social" no eran únicas de los Nazis. A principios del siglo XX, la Eugenesia, mejora de los rasgos hereditarios mediante selección "artificial", contaba con muchos seguidores especialmente en Estados Unidos. La idea de esterilización de personas anti-sociales y con este tipo de enfermedades también llegó a tomar forma de ley en Estados Unidos, Suecia y Suiza entre otros. En Suecia por ejemplo 63,000 fueron esterilizadas entre 1935 y 1975.

En la Alemania de antes de Hitler este tipo de políticas ya habían empezado a arraigar, los que apoyaban las políticas de eugenesia, creían que la medicina moderna y los costosos programas de ayuda social interferían con la selección natural de "supervivencia del más fuerte". Los que apoyaban estas medidas solían ser gente educada tanto de la derecha como de la izquierda. Estas ideas serían absorbidas por el Partido Nazi durante los años 20.

Pero los planes de Hitler irían un poco más allá, y haría un aplicación más extrema e intensiva, y pasaría de la esterilización al asesinato. Hitler se había mostrado siempre favorable a eliminar las personas que no "merecían vivir", sin embargo era consciente que la opinión pública no aceptaría este tipo de medidas en tiempos de paz, pero con una guerra todo sería más fácil.

De hecho el estallido de la guerra hizo que este tipo de personas fuera visto como más costoso aún, pues a parte de los recursos que necesitaban, ocupaban sitio en hospitales e instituciones que eran necesarios para atender a los soldados heridos o gente evacuada de las ciudades bombardeadas. El Doctor Hermann Pfannmüller dijo "La idea insoportable que lo mejor, la flor y nata de nuestra juventud, tenga que perder su vida en el frente para que los imbéciles y elementos asociales e irresponsables tengan una existencia cómoda en un asilo".

En Mayo del 1939, cuando Hitler ya tenía decidido atacar Polonia. Hitler decidió crear el Comité para el Registro Científico de las Enfermedades Hereditarias y Congénitas Serias, que sería dirigido por su médico personal Karl Brandt. Al poco empezarían los asesinatos de niños. Los médicos eran obligados a informar de todos los casos de recién nacidos con enfermedades graves. El objetivo del plan eran todos los niños menores de 3 años de los que se pudiera sospechar que sufrieran alguna de las enfermedades hereditarias, a las que se le añadía mongolismo, microcefalia, hidrocefalia, malformaciones, ceguera, sordera o parálisis. Un tribunal de expertos médicos daba su aprobación para que el niño fuera asesinado.

Como era de esperar los padres no eran partidarios de aplicar este tipo de medidas con sus hijos, particularmente los padres de áreas católicas. Por lo que se recurría al engaño, haciéndoles creer que sus hijos iban a ir a centros especiales donde recibirían los mejores cuidados o incluso disfrutarían de unas vacaciones. En realidad su estancia en estos centros se limitaba a escasas semanas donde era "evaluados" y posteriormente asesinados por inyección letal, sus muertes eran registradas como "neumonía".

Posteriormente se aprovechaba el cadáver para realizar una autopsia y se procedía tomar muestras del cerebro para ser usada en posteriores investigaciones médicas. Curiosamente este último paso, dentro de la brutalidad, lejos de remover la consciencia de los médicos y demás personas implicados, les hacía sentirse mejor, pues la muerte no había sido en vano, sino que servía a la ciencia.

Con el estallido de la guerra en 1939, el proceso de selección y evaluación se relajó y se extendió a niños mayores y adolescentes, delincuentes juveniles y por supuesto niños judíos. A su vez muchos padres empezaron a sospechar lo que estaba ocurriendo, pues se hizo muy evidente cuando se estaba procediendo a eliminar las instituciones que se encargaban del cuidado de estos niños. En estos casos se pasaba a las amenazas de quitarles la custodia o trabajos forzados. En 1941 el número de niños asesinados ya se elevaba a más de 5,000.

La guerra también fue aprovechada para extender el programa a adultos con discapacidades, los primeros serían pacientes de instituciones de la recién invadida Polonia, en total unos 17,000 entre fusilados y gaseados. Esta práctica se adoptaría también en Alemania, donde llegaría se llegaría a aplicar de manera sistemática. Así se ordenó que los hospitales y los centros de cuidado de niños y mayores debían informar del estado de los pacientes que llevaran más de 5 años internados, muchos doctores exageraban la gravedad del estado de estos enfermos pues pensaban que la intención era emplearlos en trabajos forzados. Los pacientes judíos fueron asesinados durante el 1940. Para entonces el programa T4 ya contaba con seis instalaciones de gaseamiento.

Como pasaba con los niños una tribunal médico examinaba cada caso y al igual que ocurrió con ellos a medida que la guerra avanzaba el rigor de estos tribunales era menor, muchas veces los médicos que decidían ni si quiera veían el paciente. También los métodos de eliminación evolucionaron pasando de la inyección letal a las cámaras de gas.

Con la finalidad de confundir a las familias primero se enviaba a los enfermos a hospitales de tránsito y finalmente llegaban los centros de "tratamiento especial", con la excusa de la guerra se decía a las familias que las visitas estaban restringidas, aunque realmente los enfermos eran asesinados a las 24 horas de su llegada a estos centros. Posteriormente las familias recibían un certificado de defunción con una causa y fecha ficticia y una urna funeraria con cenizas que se suponía que eran de su familiar, pero rara vez lo eran porque las ejecuciones se realizaban en masa. A veces incluso se pedía a las familias que sufragaran los costes funerarios.

Conscientes que el programa T4 despertaría el rechazo de la opinión pública las autoridades nazis lo intentaron mantener en secreto, aunque fue del todo imposible debido al gran número de doctores, enfermeras y funcionarios implicados, algunos llegaron a explicar más que lo que debían, algunos cuando estaban borrachos. Aunque el programa fue ampliamente aceptado por los médicos.

El programa T4 finalmente se convirtió en un secreto a voces. Unas veces las causas de muerte de aparecían en los certificados eran imposibles, apendicitis en un enfermo sin apéndice. Otras veces, casualidades difíciles de creer como que todos los niños "especiales" de un mismo pueblo que habían ido de colonias y murieran por neumonía el mismo día. También despertaban sospechas los autobuses cargados de enfermos de los que nunca más se sabía nada más, excepto los inquietantes humos que salían de las chimeneas de estos centros. Otros casos son aún más siniestros como la aparición de cenizas con pelo humano en las calles de Handamar, pueblo que albergaba uno de los centros de "cuidados especiales".

Un rumor, en este caso falso, que afirmaba que los soldados mutilados provenientes del frente ruso corrían la misma suerte, incrementó los temores y alentó las voces críticas incluso dentro del partido. Finalmente fue en 1940, cuando las protestas y presión populares aumentaron, especialmente en círculos católicos. Varios obispos pero en especial el de Munster, Clemens August von Galen el León de Munster, denunció el programa en varias pastorales y escritos. Sus sermones no fueron publicado por la prensa alemana pero circularon en panfletos ilegales. Galen no fue arrestado por el temor a una revuelta popular, aunque se tiene constancia de que había planes de eliminarlo "después de la victoria final". Otros sacerdotes católicos que se opusieron, eran menos conocidos y acabaron en la cárcel o en campos de concentración.

Las protestas se acabaron extendiendo a Baviera, donde una multitud increpó a Hitler en persona, la única vez durante sus 12 años de mandato. Finalmente Hitler consciente que no se podía permitir una confrontación con la iglesia en tiempos de guerra decidió cancelar el programa el 24 de Agosto de 1941. Por otra parte la invasión de la Unión Soviética posibilitaba nuevas oportunidades al personal del T4 para aplicar sus conocimientos en la "solución final del problema judío". En 1942 se reemprendió aunque de manera local y a menor escala, las victimas ya no eran asesinadas en instalaciones de gaseamiento centrales, sino por inyección letal o sobredosis de drogas en varias clínicas dispersas por toda Alemania y Austria, si bien otras veces se optaba por dejarlos morir de hambre, sin duda más barato y cruel.

Se estima que hasta 1941 habrían sido ejecutados entre 75,000 y 100,000 personas, aunque el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg se calculó que el número total de víctimas fue de 275,000.

PS: El nombre en clave T4 era una abreviación de Tiergartenstrasse 4, la dirección del cuartel general de la Fundación General para el Bienestar y Cuidado Institucional

Genocidio en Ruanda

Huérfanos de Kigali

Se denomina Genocidio de Ruanda al intento de exterminio de la población tutsi por parte del gobierno hegemónico hutu de Ruanda en 1994. En el pasado, en Ruanda se distinguían dos estamentos dentro de la etnia banyaruanda, a la que pertenece casi toda la población: la mayoría hutu y la minoría tutsi. No existe ningún rasgo racial ni lingüístico específico que diferencia a hutus y tutsis. Por lo tanto, después del genocidio, en 1994 ambas distinciones fueron eliminadas de los carnés de identidad. Antes de la independencia del país, sus líderes siempre fuerontutsis. Desde 1961 hasta 1994, el poder fue asumido por los hutus.

Antecedentes

En el siglo IV a. C. los twas (pigmeos cazadores) penetran en las montañas boscosas de Ruanda y se instalan allí de manera permanente. Unos siglos más tarde, hacia el siglo XI d. C., familias hutus (que son tutsis agricultores) comienzan a llegar a la región y a establecerse de forma sedentaria, conviviendo con los twas en paz. Un siglo después (siglo XII y XIII), llegan a Ruanda familias tutsis (que son hutus ganaderos) provenientes de los alrededores (principalmente de la actual Uganda). También estos últimos se instalan en la zona y en el siglo XIV pasan a formar parte de una comunidad formada por twas (cazadores), hutus (agricultores) y tutsis (ganaderos). La convivencia entre las dos últimas etnias fue simbiótica durante un tiempo hasta que a partir del siglo XVI, los principales jefes tutsis inician unas campañas militares contra los hutus, acabando con sus príncipes, a los cuales, de forma cruel y simbólica, cortaron los genitales y los colgaron en los tambores reales buscando humillar a sus contrincantes y recordarles que estos, los hutus, eran súbditos de los tutsis.
A pesar del dominio de los tutsis, las diferencias socioeconómicas no estaban muy pronunciadas. Aunque el pertenecer a uno u otro estamento definía el estatus social, un hutu, por ejemplo, podía ascender de clase si poseía las suficientes propiedades; sin embargo, ya había comenzado una relación de vasallaje dominada por la casta menos significativa en la zona, los tutsis, con un 14% de la población.
En el siglo XIX, los reyes tutsis habían afianzado su dominio. La mejor organización del clan real Nyiginya dominaba todo el país, lo que provocó una casta militar y social compuesta por tutsis y que excluía a la mayoría de la etnia hutu. Fue en este siglo, a raíz de estas circunstancias, cuando se creó una estructura socioeconómica clasista que aumentaría durante ese siglo a causa de la colonización europea; alemana en primer lugar (1897-1916) y luego belga, por mandato de la Sociedad de Naciones, debido a las sanciones impuestas a Prusia. La influencia occidental, a través de la introducción artificial por los belgas de un carné étnico (1934) que otorgaba a los tutsis mayor nivel social y mejores puestos en la administración colonial, acabó institucionalizando definitivamente las diferencias sociales. Mientras tanto, los pigmeos twas, gozaron de un relativo buen trato por parte de la casta tutsi que consideraba a los cazadores de las montañas por encima de los hutus en la pirámide social.
Con la colonización belga, el sistema sociopolítico se reforzó aún más en favor del estamento dominante: los tutsis. La necesidad de una expansión colonial consensuada dividió el continente africano en zonas dominadas por los países europeos que reforzaron a unos grupos u otros dependiendo de sus intereses. Cuando la administración belga consideró que las reivindicaciones tutsis eran desmesuradas, cambió de comportamiento y comenzó a apoyar a la mayoría hutu. Finalmente, la rivalidad entre los dos grupos se agudizó con la creación, por iniciativa belga, de varios partidos políticos sobre bases étnicas: la Unión Nacional Ruandesa (UNR), de tendencia antihutu, la Unión Democrática Ruandesa (RADER), el Partido del Movimiento de Emancipación Hutu (Parmehutu) y la Avocación para la Promoción Social de las Masas (Aprosoma) de orientación antitutsi. De igual manera, se debe resaltar el papel de los misioneros europeos por legitimar el sistema social y la dominación colonial, con nuevas normas que limitaban el comportamiento injusto y la explotación de unos por parte de otros.
A mitad de siglo XX, en 1958, después de que un grupo hutu con estudios redactara un manifiesto reclamando un cambio social, desde la corte real se respondió con un documento que, entre otras cosas, decía lo siguiente:
Podría preguntarse cómo los hutus reclaman ahora sus derechos al reparto del patrimonio común. De hecho, la relación entre nosotros (tutsis) y ellos (hutus) ha estado siempre fundamentada sobre el vasallaje; no hay, pues, entre ellos y nosotros ningún fundamento de fraternidad. Si nuestros reyes conquistaron el país de los hutus matando a sus reyezuelos, y sometiendo así a los hutus a la servidumbre, ¿cómo pueden ahora pretender ser nuestros hermanos?
Frente esta posición de los gobernantes tutsis, se posicionaron personas como el obispo Perraudin, que fue determinante en el proceso de emancipación hutu. En su carta pastoral del 11 de febrero de 1959, lo manifiesta claramente:
La ley de la justicia y de la caridad pide que las instituciones de un país aseguren realmente a todos sus habitantes los mismos derechos fundamentales y las mismas posibilidades de promoción humana y de participación en los asuntos públicos. Las instituciones que consagren un régimen de privilegios, favoritismo, proteccionismo, bien sea para los individuos o para los grupos sociales, no son conformes a la moral cristiana.
Este es quizá el punto de escisión histórico más importante. A partir de aquí, los hutus comienzan, de forma meditada, a intentar socavar el poder de los tutsis para llegar a un mejor reparto de la riqueza. Un incidente el 1 de noviembre de 1959 entre jóvenes tutsis y uno de los líderes hutus se convirtió en la chispa de una revuelta popular, en la cual, los hutus quemaron propiedades tutsisy asesinaron a varios de sus propietarios. La administración belga, durante dos años de enfrentamientos de bajo nivel entre unos y otros, contabilizó un total de 74 muertos, de los cuales, no obstante, 61 eran hutus asesinados por nuevas milicias tutsis que pretendían acabar con el movimiento revolucionario, el cual respondió con más fuerza ante la represión y, durante los dos años siguientes, alrededor de 20.000 tutsis murieron asesinados. Ante esta espiral de violencia, el31 de mayo de 1961 la ONU proclamó una amnistía tras comprobar que los enfrentamientos se agravaban y la mayoría hutu ya había provocado el exilio de unos 150.000 tutsis. Aquel mismo año, Ruanda, liderada por la población hutu se independiza de Bélgica. Este momento fue aprovechado por la ONU para exigir la organización de un referéndum bajo la vigilancia de observadores. El resultado fue de un 80% del NO a la continuidad de la monarquía tutsi, lo que obligó a los gobernantes a aceptar la República, provocando el exilio de miles de tutsis partidarios del sistema vigente monárquico y contrarios a conceder el poder a los hutus. Los exiliados de corta edad de aquel momento, con el paso de los años, se llegarían a convertir en los fundadores del Frente Patriótico Ruandés, que ocuparía un lugar importante en la guerra de Ruanda de 1990 hasta 1994.
Grégoire Kayibanda fue el primer presidente de una Ruanda liberada del dominio colonial. Los datos de crecimiento económico y estabilidad social eran esperanzadores. A pesar de las diferencias acumuladas durante siglos, tutsis y hutus lograban convivir sin llegar a enfrentamientos generalizados. La masa campesina accedía a la enseñanza y el país, sin demasiados recursos, progresaba. Aun así, los tutsis partidarios del régimen monárquico en el exilio se organizaron en los países limítrofes y lanzaron diversos ataques contra el gobierno ruandés, sin mucho éxito. El odio entre partidarios de la república, de mayoría hutu, y partidarios del régimen anterior a ésta, mayormente de la etnia tutsi, aumentaba y aunque todavía, al principio de la década de los 70, el enfrentamiento no era exarcerbado, ya se estaba fraguando una división social pronunciada que produciría conflictos mayores.
Desafortunadamente en 1972 se produjeron unas terribles matanzas en el vecino Burundi: 350.000 hutus fueron asesinados por tutsis y esto provocó, definitivamente, un sentimiento antitutsi por parte de la mayoría de los hutus en el interior de Ruanda. La población comenzó a exigir a su presidente Grégoire Kayibanda mano dura contra la antaño clase dominante en el país y la respuesta insatisfactoria por parte del presidente y los casos de corrupción en el gobierno, provocaron el golpe de Estado del general Habyarimana (de origen hutu), en julio de 1973.
Pese a su irrupción antidemocrática en la escena política, el gobierno del general realizó una buena gestión del país hasta la segunda mitad de los 80, contando con el apoyo logístico y militar de Francia. También tomó la iniciativa de una reconciliación nacional. Estos datos son confirmados por el Banco Mundial, que presentaba a Ruanda como modelo de desarrollo en el África subsahariana durante la década de los 80, y por Amnistía Internacional, que en 1990, daba como satisfactorio el respeto de los derechos humanos. Aunque la tensión entre partidarios de un lado y otro se mantuvo durante los 17 años siguientes al golpe de Estado de Habyarimana, éste, había conseguido apaciguar a unos y a otros cediendo, sobre todo, que el control financiero del país se concentrara en manos tutsis, lo que demuestra que, a pesar de las acusaciones por parte de los exiliados tutsis de no ser permitidos de vuelta en el país por su etnia, éstos contaban, de nuevo, con una posición de poder. Además, durante algunos años, el FPR se había internado en Ruanda de forma clandestina y había reclutado a muchos jóvenes tutsis por todo el país para recibir una formación ideológica y militar y constituir brigadas secretas, diseminadas masivamente por las colinas. Este hecho es recordado por Tito Rutaremara, ideólogo del FPR:
Hacia el final del 87, se habían constituido 36 células del Frente en el interior del país.
Factores económicos externos, como el descenso del precio del café, principal producto de exportación, y otros internos, sobre todo la corrupción en el Norte del país (lugar de procedencia de Habyarimana) comenzaron a provocar nuevas tensiones en la segunda mitad de la década de los 80. El cada vez peor estado de la situación económica y la acusación de los tutsis exiliados de no ser permitida su vuelta al país, fueron las razones principales que provocaron la Guerra de Ruanda.
En el año 1989 el precio mundial del café se redujo en un 50% lo que hizo que Ruanda perdiera el 40% de sus ingresos por exportación. El país se enfrentó a la peor crisis alimentaria de los últimos 50 años al mismo tiempo que aumentaba el gasto militar en detrimento de los servicios públicos.
En octubre de 1990 el Frente Patriótico Ruandés, compuesto por exiliados tutsis expulsados del país por los hutus con el apoyo del ejército, invade Ruanda desde su vecino Uganda. En 1993 los dos países firman un acuerdo de paz (Acuerdo de Arusha).
En Ruanda se crea un gobierno de transición compuesto por hutus y tutsis.

Genocidio

Evolución demográfica de Ruanda. Obsérvese el acusado descenso en la primera mitad de los años 90 provocado por las condiciones económicas del país y el genocidio.
En abril de 1994 el asesinato del general Juvénal Habyarimana y el avance del Frente Patriótico Ruandés desencadena una multitud de masacres2 en el país contra los tutsis obligando a un desplazamiento masivo de personas hacia campos de refugiados situados en la frontera con los países vecinos, en especial el Zaire (hoyRepública Democrática del Congo). En agosto de 1995 tropas zaireñas intentan expulsar a estos desplazados a Ruanda. Catorce mil personas son devueltas a Ruanda, mientras que otras 150.000 se refugian en las montañas. Más de 800.000 personas fueron asesinadas y casi cada una de las mujeres que sobrevivieron al genocidio fueron violadas. Muchos de los 5.000 niños nacidos fruto de esas violaciones fueron asesinados.
Considerando todos los datos y testimonios que se poseen acerca del genocidio de Ruanda, hay que aclarar que éste no fue exactamente un genocidio de hutus por un lado contra tutsis, por otro, sino que una falange radical y mayoritaria de los hutus fue la que preparó el aniquilamiento masivo tanto de tutsis como también de hutus moderados u opositores del régimen del Habyarimana y cercanos al Frente Patriótico Ruandés (FPR). Por lo tanto, el genocidio no fue sólo de carácter étnicosino también político. Por otro lado no debemos olvidar que también hubo entre las víctimas miles de ciudadanos hutus muertos a manos del FPR. Diversos testimonios nos aclaran que también los militares del Frente Patriótico Revolucionario cometieron asesinatos masivos. Pese a todo, está claro que los tutsis fueron masacrados: se eliminó al 75% de su población durante el genocidio.
El ciudadano belga, Marcel Gérin, recuerda como él y su mujer quedaron atrapados por el conflicto. Fueron testigos de las matanzas indiscriminadas en la zona donde residían y pudieron constatar, al ser hechos prisioneros, como los que aparentemente parecían milicianos Interhamwes (radicales hutus) no eran sino mercenarios contratados por el ejército tutsi, los cuales realizaron, según Marcel Gérin, las mayores matanzas en la zona donde residían.[cita requerida] Sin embargo, cualquier imagen que se tomara llevaba a creer que los autores eran las milicias hutus Interahamwes.
Milagrosamente y gracias a unos periodistas y a los cascos azules, tanto él como su mujer, lograron escapar de aquel infierno.
Otro testimonio importante es el de Santos Ganuza, un misionero navarro, que era el rector de la parroquia de Kiziguro por aquel entonces. Dice:
Fui muchos años rector de una parroquia, en el este del país. En abril de 1994 llegaron los Interahamwe y mataron a unos 1.000 tutsis que se habían refugiado en la iglesia, sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. Pocos días después, llegaron los militares tutsi y mataron a 10.000 hutus. Las televisiones occidentales proyectaron las imágenes de estos hutus asesinados en mi parroquia, identificándolos como a tutsis.
Otra opinión interesante acerca de la situación reinante en los primeros meses de 1994, nos la ofrece el padre catalán Joaquín Vallmajó, misionero en Ruanda, que decidió quedarse y que desapareció el 26 de abril después de que un grupo de soldados del FPR lo detuviera:
Después de varios años de crisis política y social, se está produciendo la guerra más absurda, que está desembocando en una crisis política vergonzosa. Un pequeño grupo de politicastros corruptos hasta el extremo quiere conservar el poder a cualquier precio, sacrificando al pueblo y al país si es preciso. Otro grupo no menos corrupto aspira al poder por los medios que sea. Un tercer grupo, el más numeroso y digno de respeto, sufre las consecuencias del poder y de sus agentes: es el pueblo, víctima del racismo, la dictadura, la pobreza, la guerra, el hambre, el robo, el bandidismo, la violencia y la manipulación. La situación es muy grave desde el punto de vista político, económico, social y cultural y racial. La manipulación de los políticos en el poder y sus acólitos y de los partidos y sus líderes es vergonzosa.
En espera de acontecimientos, actualmente no tenemos ni gobierno, ni autoridades, ni presupuesto , ni trabajo. Los funcionarios llevan sin cobrar desde enero y los maestros han amenazado con no convocar los exámenes de secundaria. El ministro de Economía ha declarado que se irá pagando a los funcionarios a medida que se recauden los impuestos. Se dan todas la condiciones para que estalle un conflicto social que algunos políticos alientan para pescar en río revuelto. ¿Y el "Frente Patriótico Ruandés"? Son todavía peores. Unos no "desmerecen" de los otros.
El 6 de abril de 1994 ha pasado a ser una fecha macabra no sólo para la historia de Ruanda sino también para la historia de la humanidad. A raíz, sobre todo, del asesinato de presidenteHabyarimana, el conflicto interno ruandés ganó en crueldad y se convirtió en un enfrentamiento a gran escala que alcanzó todos los rincones del país. Mostramos, a continuación, una secuencia cronológica de los terribles hechos que tuvieron lugar en los meses de abril, mayo, junio y julio.
Al día siguiente, el 7 de abril, la primera ministra Agathe Uwlingiyimana y 10 soldados belgas de las fuerzas de la ONU que la custodiaban, fueron asesinados por la guardia presidencial, acusando al contingente de la ONU, según nos cuenta Roméo Dallaire, de haber derribado el avión del presidente. Este hecho, confirma claramente las sospechas del comandante acerca de una trama oculta llevada a cabo por los radicales hutus.
Independientemente del motivo utilizado para perpetrar este asesinato, el hecho en sí tuvo una importante repercusión internacional, lo que hizo pensar a muchos que la ONU intervendría firmemente y pararía el terrible conflicto que se avecinaba. Por el contrario, se ordenó la retirada de lo cascos azules, dejando a la población civil sin protección. Esta situación fue aprovechada por los radicales hutus para comenzar el genocidio.
El 8 de abril, el Frente Patriótico Ruandés lanza un ataque en los alrededores de Kigali buscando proteger a las víctimas tutsis y rescata a 600 soldados de su ejército que se encontraban en la capital desde la firma de los Acuerdos de Paz de Arusha.
El 9 de abril, ante esta violenta situación, se formó un gobierno interino presidido por Jean Kambanda, con la característica principal de que no incluía a ningún tutsi ni hutu moderado o de la tendencia cercana al FPR entre sus filas. Los radicales hutus, por lo tanto, habían tomado el poder gubernamental y además, contaban con milicias organizadas: jóvenes del partido MRND, los Interahamwe, que se ocupaban de la población civil y que destacaron en las primeras matanzas masivas.
Las brigadas del FPR, formadas por jóvenes tutsis y repartidas de forma clandestina a lo largo de las colinas, fueron el primer objetivo de los Interahamwe. Sin embargo, de forma progresiva toda la casta tutsi se convirtió en el enemigo a batir, así como también los miembros de la casta hutu que de alguna manera protegieran a los tutsis, se negaran a participar en los asesinatos o tuvieran incluso familiares tutsis. A pesar de todo, muchas familias hutus, aun conscientes de la suerte que corrían, escondieron en sus casas a vecinos y conocidos tutsis.
En ese mismo día, Bélgica y Francia, sacan del país a todos sus nacionales, sin preocuparse de los ruandeses, ni siquiera de los que trabajaban en sus empresas. El día 11 de abril, un comunicado de la Cruz Roja Internacional estima que decenas de miles de ruandeses han sido asesinados en tan solo unos días. Mientras tanto, la misión de pacificación de Naciones Unidas UNAMIR, no hacía nada. El 14 de abril, el contingente belga se retira. Aun así el general Dallaire, al mando, podría haber protegido a la población civil, al menos en Kigali, pero de nuevo, se vio frenado por órdenes directas del Cuartel General de la ONU. Su superior, el entonces Coordinador de las Operaciones de las Fuerzas de Paz de la ONU Kofi Annan, le ordenó mantenerse al margen a través del siguiente comunicado:
[...]a cooperar con los oficiales franceses y belgas para facilitar la evacuación de sus nacionales y otros extranjeros que soliciten ser evacuados. Usted puede comunicarse con los oficiales para alcanzar este propósito. Deberá hacer todo el esfuerzo posible para no comprometer su imparcialidad o actuar más allá de su mandato pero puede valerse de su competencia si es esencial para la evacuación de los extranjeros. Esto no debe llevarle a participar en un posible combate, excepto en legítima defensa. 
Lejos de Kigali, el 17 de abril, y concretamente en la población de Kibuye, perteneciente al condado del mismo nombre y cercana al lago Kivu, según nos cuenta la antropóloga forense Clea Koff en su libro "El lenguaje de los huesos", fue el día en el que comenzaron las labores de exterminio de la población tutsi en aquel condado. Durante los tres siguientes meses, murieron o desaparecieron casi 250.000 personas. Varios miles fueron asesinadas en la iglesia de Kibuye en una sola masacre:
Según los escasos supervivientes de Kibuye, el préfet, o gobernador de Kibuye organizó a los gendarmes para que condujeran a la gente que él ya había elegido para ser asesinada a dos lugares: la iglesia y el estadio. El préfet les dijo que era por su propia seguridad, que así quedarían protegidos de la violencia que se extendía por todo el país. Pero al cabo de dos semanas de haber sido conducidos a esas «zonas de seguridad», la gente que estaba dentro fue atacada por la misma policía y la misma milicia que supuestamente debía protegerlos. Ésa era la típica táctica de los genocidas de Ruanda: reunir a un gran número de víctimas en edificios y terrenos cerrados con escasos medios de escape y matarlos. De hecho, en Ruanda había muerto más gente en iglesias que en cualquier otro lugar.
Clea Koff relata estos estremecedores acontecimientos basándose en la publicación «Muerte, desesperación y desafío» investigación realizada por la organización African Rights (web en inglés), basada, a su vez, en multitud de relatos de testigos de la masacre y los propios perjudicados. La lectura de este documento y otros publicados en esta web, no dejan duda de la crueldad con la que se llevó a cabo el genocidio y el clima infernal que reinaba en el país. En este trágico conflicto hubo todo tipo de víctimas y como podemos comprobar a través de los siguientes testimonios, los radicales hutus aprovecharon su posición de poder para llevar a cabo multitud de crueles abusos.
Comentarios de las víctimas
Emma es original de Kibuye, pero se encontraba en Kimihurura, Kigali, en Abril de 1994, visitando a unos amigos de la familia. Consciente de que sus vidas corrían peligro, una amiga le recomendó que se prostituyera. Nos cuenta Emma: «Probablemente una semana antes de que comenzara el genocidio, los vecinos ya sabían que me encontraba con esta familia. El criado fue uno de los que delataron mi estancia allí. A partir de ese momento, todos los chicos de la zona, amigos del criado, venían a violarme. No estoy segura de cuántos, o del número de veces que me violaron. Había muchos y venían varias veces al día. La dueña de la casa no se preocupó por mí para nada. Dijo que incluso si miles de hombres venían a violarme, al menos seguiría aún con vida. Sufrí esta situación durante toda mi estancia en Kigali». 
Paul, natural de Rwamagana en Kibungo, fue unos de los hombres incluidos en este estudio. Su testimonio es un recordatorio de que las violaciones y sus consecuencias no sólo perjudicaron a mujeres. Paul fue obligado por la fuerza por los Interahamwe a mantener relaciones sexuales con una mujer que ellos sospechaban pudiera estar infectada de VIH/SIDA, en este caso la intención era el provocarle una muerte lenta y dolorosa.
Su hijo mayor fue asesinado en su ciudad natal así como su mujer, sin embargo, Paul logró escapar. Aun así, fue capturado por otra milicia que traía con ellos a una mujer. «Me pidieron que tuviera relaciones sexuales con ella. Estaba tumbada en el suelo y ellos me dijeron que les enseñara las cosas que hacía con mi mujer. Cuando me opuse, uno de aquellos hombres me golpeó con un palo y no tuve otra opción que hacer lo que ellos querían. Permanecieron de pie observando, lanzándome insultos que no repetiré aquí. Ellos poseían lanzas y palos.
Cuando hubimos terminado, ellos me dijeron que no había una muerte similar a acostarse con una mujer enferma de SIDA. Ellos sabían muy bien que el marido de esta mujer había muerto a causa del SIDA, pero yo no lo sabía, ni siquiera conocía a aquella señora. 
También, en la entrevista concedida por el general Romeo Dallaire a Sol Alameda, éste recuerda hechos que aún no ha logrado olvidar y que le han mantenido bajo tratamiento psquiátrico durante varios años:
Sol Alameda: De todas las atrocidades que vio, ¿cuáles le han perseguido más después?

Romeo Dallaire: Las escenas de violaciones. Les introducían palos y botellas que rompían; les cortaban los pechos. Todas esas escenas con mujeres, para mí, con mi cultura, me parecían lo peor que se puede imaginar. Aun muertas, veías en los ojos de esas mujeres el horror y el sufrimiento, la indignidad que habían padecido. Muchas veces mataban a los niños delante de sus padres, les cortaban las extremidades y los órganos genitales, y les dejaban desangrarse. Luego también mataban a los padres. Había gente que pagaba para que les pegaran un tiro en vez de ser matados con machete. «Pagar por cómo morir...».
Como podemos comprobar, el nivel de violencia en Ruanda era extremo y respondía a un desenfreno de las pasiones más bajas. Sin embargo, detrás de todo esto también había una gran organización. Si en las zonas rurales y pequeñas localidades el método para acabar con la mayor cantidad de personas era reunirlas en estadios deportivos o iglesias para luego darles muerte, en las ciudades existía todo un operativo humano y logístico suficiente para identificar a cualquier persona que por alguna razón debiera ser aniquilada. Clea Koff, nos lo describe:
en Kigali los asesinos habían utilizado controles de carreteras para detener a los peatones y a los automovilistas y poder inspeccionar así sus carnés de identidad. En esta documentación que todo ruandés llevaba en esa época figuraba una información crucial para los asesinos: la «etnia». Todo ruandés pertenecía a uno de los tres grupos «étnicos»: hutu, tutsi o twa, y los políticos que planearon el genocidio dejaron bien claro que abril de 1994 suponía la bajada de bandera para el genocidio de los tutsis, y para cualquiera que estuviera casado con un tutsi o cuyas opiniones políticas pudieran calificarse de «moderadas».
Mientras tanto en Nueva York, el 20 de abril, Butros Butros-Ghali, entonces Secretario General de las Naciones Unidas, consciente de la situación en la que se encuentra toda Ruanda ordena un:"inmediato y masivo refuerzo de UNAMIR para parar la contienda y las masacres, requiriendo varios miles de tropas adicionales y reforzar los poderes bajo el Capítulo VII"("inmediate and massive reinforcement of UNAMIR to stop the fighting and the massacres, requiring several thousand additional troops and enforcement powers under Chapter VII").
Tras la decisión del Secretario General de las Naciones Unidas, al día siguiente, paradójicamente, el Consejo de Seguridad vota de forma unánime reducir, paulatinamente, la Misión UNAMIR de 2,539 soldados a 270. (Resolución del consejo de Seguridad 912). Pero a día 20 de abril la misión UNAMIR ya se había reducido a 1,515 efectivos, debido a la retirada total del contingente belga (14 de abril) a causa de la muerte de diez de sus soldados, lo que confirma -insistimos en ello- que el macabro plan desvelado por el informador de Dallaire en enero de ese mismo año, se había completado con éxito. La marcha de los soldados belgas dejó a 2,000 personas sin protección. Éstas se refugiaron del conflicto en la Escuela Técnica Oficial (ETO) pero fueron asesinadas a los pocos días. El 25 de abril, las fuerzas de la ONU ya habían descendido a 503 soldados. Aun así, Dallaire, consiguió proteger a unos 25.000 ciudadanos durante algunas semanas.
Al día siguiente, 21 de abril, la Cruz Roja Internacional emite otro comunicado donde advierte de que el número de asesinados no era de decenas de miles sino cientos de miles. Unos días después, el FPR, recompuesto, ataca masivamente desde el noroeste produciendo la huida a Tanzania de al menos 250.000 refugiados hutus en un solo día (30 de abril).
El 2 de mayo, Kofi Annan, manifiesta:
Cuando los belgas se retiraron quedó claro que las Naciones Unidas no podrían implementar el mandato que tenían, y tampoco, el mandato podía ser cambiado o introducido un refuerzo...No se lo que el Consejo decidirá después de haber revisado y reconsiderado la situación al día de hoy. Si el Consejo va a recomendar un refuerzo, éste debe estar bien equipado, con mucha movilidad y, además, capaz de protegerse a sí mismo. Si no enviamos este tipo de refuerzo...entonces no estoy seguro si serán capaces de establecer el orden y la ley... que llevaría al final de las masacres...aquí estamos observando a personas que están siendo privadas de los más fundamentales derechos, el derecho a la vida, y da la impresión de que no hacemos nada. 
Al día siguiente, ante esta petición de las Naciones Unidas por reforzar de nuevo la misión UNAMIR, el presidente Clinton firma una Decisión Directiva Presidencial que impone estrictas restricciones al apoyo norteamericano a futuras misiones de paz de las Naciones Unidas. Ante este hecho, el 4 de mayo, Boutros Ghali va más lejos y utiliza, por primera vez, el término «Genocidio» para describir lo que estaba ocurriendo en Ruanda, lo que coloca a Bill Clinton, junto a otros importantes dirigentes internacionales, en una situación embarazosa. La aceptación de la palabra «Genocidio», implicaba, a causa de la legislación internacional para estos casos, la intervención militar inmediata. El Gobierno estadounidense, de forma implacable, ordenó a todos los miembros del Gobierno que omitieran el uso de la palabra «genocidio» y en su lugar, utilizaran la expresión «Actos de Genocidio». Durante los días siguientes, importantes dirigentes norteamericanos se justifican por no intervenir. Madeleine Albright, representante de los Estados Unidos ante la ONU manifiesta en la sede las Naciones Unidas:
Déjenme decirles que en el caso de Ruanda, creo, en mi opinión, que de sobremanera el Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas han perdido el barco. Al día de hoy estamos tratando con una situación más allá de lo que cualquier hubiera esperado. Y como comenté antes, lo que ocurrió fue que estábamos en un proceso donde una pequeña fuerza de las Naciones Unidas, creíamos, podría sobrellevar los problemas en aquella área, y entonces nos encontramos con el derribo del avión con los dos presidentes, lo que ha creado una avalancha. Por lo que es difícil de juzgar si aquellas particulares operaciones (misión de UNAMIR y UNOMUR, nota del traductor) se pusieron en marcha de forma correcta". 
El 13 de mayo, el secretario general de la ONU anuncia una votación para restaurar la misión UNAMIR en Ruanda. Sin embargo, Madeleine Albright retrasa esta votación por cuatro días. Cuando por fin es aprobada, los tutsis, ahora, atacan por el norte dejando desolación a su paso. 5.500 soldados son enviados a Ruanda por mandato de Consejo de Seguridad que expresa: «actos de genocidio pueden haberse cometido». No obstante, la misión militar se retrasa debido a las diferencias entre los países africanos que aportan la mayoría de los soldados y que no alcanzan acuerdo sobre quién pagará la factura. Las relaciones entre la ONU y los países que deben colaborar es tensa. Mientras tanto, un comunicado del día 19 de mayo emitido por la Cruz Roja estima en 500.000 ruandeses asesinados. Sorpresivamente, ningún dirigente político internacional había utilizado todavía la palabra «genocidio».
A principios del mes de junio, el FPR, que se organiza en el nordeste del país, lanza un ultimátum a todos los extranjeros residentes en Ruanda para que abandonen el país en menos de tres días al anunciar un ataque inminente. En el oeste, se crea una guerrilla tutsi llamada Ejército de Liberación de Ruanda (ALIR).
Pasan las semanas y la misión UNAMIR, por falta de acuerdo entre los países que la componen, no está operativa. Entre tanto el genocidio continúa. El 22 de junio, el Consejo de Seguridad autoriza, de forma temporal, al gobierno francés a ocuparse de establecer el orden y crear un área de seguridad en la zona suroeste del país. Esta acción es conocida como laoperación Turquesa. Aun así, sus 2.500 soldados, no pueden evitar la matanza de más tutsis a manos de hutus radicales.
Finalmente, a mediados del mes de julio, el Frente Patriótico Ruandés se apodera de Kigali obligando al gobierno hutu radical a huir del país en dirección al Zaire seguido de al menos dos millones de hutus que crearon el campo de refugiados más grande de la historia en Goma, «la ciudad de los muertos». En ese momento, el ejército francés delega el mando de su misión a las tropas etíopes y el FPR forma un nuevo gobierno interino de unidad nacional en Kigali.
Esta fecha es considerada como el final del genocidio. Aun así, en los campos de refugiados, la enfermedad y más asesinatos acaban con la vida de miles de personas. Para evaluar el conflicto y poder conocer las pérdidas en vidas humanas, las Naciones Unidas, la organización de Médicos por los Derechos Humanos (PHRUSA) 9 (ONG encargada de hallar sobre el terreno pruebas fehacientes de que hubo genocidio a petición del Tribunal Internacional de La Haya y que llegó a exhumar en una sola fosa hasta 500 muertos, la mayoría asesinados a machete) y otros organismos, realizan diversos estudios y acuerdan que fue durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 1994 (más o menos 100 días) cuando se produjeron la mayoría de los asesinatos que costaron la vida a 800.000 ruandeses. Por último, la comisión de expertos de la ONU encargada de investigar las matanzas, aun reconociendo que tanto los tutsis como hutus habían cometido "crímenes contra la humanidad", concluyó:
hay indicios evidentes de que han sido perpetrados actos de genocidio contra el grupo tutsi por parte de elementos hutus, de manera concertada, planificada, sistemática y metódica.
En 1994 las milicias hutus, llamadas Interahamwe (que significa "golpeemos juntos"), son entrenadas y equipadas por el ejército ruandés entre arengas y ánimos a la confrontación con los tutsis por parte de la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas (RTLM) dirigida por las facciones hutus más extremas. Estos mensajes incidían en las diferencias que separaban a ambos "grupos étnicos" y, a medida que avanza el conflicto, los llamamientos a la confrontación y a la "caza del tutsi" se hicieron más explícitos, especialmente a partir del mes de abril en el que se hizo circular la historia de que la minoría tutsi planeaba un genocidio contra los hutus.
Según Linda Melvern, una reportera británica que tuvo acceso a documentos oficiales, el genocidio estuvo bien planeado. En el momento del inicio de la matanza, la milicia ruandesa estaba compuesta por 30.000 hombres (un miembro por cada diez familias) y organizados a lo largo del país con representantes en cada vecindario. Algunos miembros de la milicia podían adquirir rifles de asalto Ak-47 con solo rellenar un formulario. Otras armas, como granadas no requirieron ningún papeleo y se distribuyeron masivamente.
El genocidio fue financiado, por lo menos en parte, con el dinero sacado de programas de ayuda internacionales, tales como la financiación proporcionada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional bajo un Programa de Ajuste Estructural. Se estima que se gastaron 134 millones de dólares en la preparación del genocidio—ya de por sí una de las naciones más pobres de la Tierra—con unos 4,6 millones de dólares gastados solo en machetes, azadas, hachas, cuchillos y martillos. Se estima que tal gasto permitió que uno de cada tres varones hutus tuviera un machete nuevo.
Según Melvern, el primer ministro de Ruanda, Jean Kambanda, reveló que el genocidio se discutió abiertamente en reuniones de gabinete, y cómo una ministra de gabinete dijo que estaba "personalmente a favor de conseguir librarse de todos los tutsis... sin tutsis todos los problemas de Ruanda desaparecerían". 

Las víctimas

Probablemente, nunca se sabrá cuántos muertos provocó. Se calculan entre 500.000 y 1.000.000.1 Si fueron 800.000 equivaldrían al 11 por ciento del total de la población y 80% de los tutsis que vivían en el país. Además el genocidio y conflicto civil provocó el exilio de dos millones de ruandeses en el entonces Zaire, 480.000 en Tanzania, 200.000 en Burundi y 10.000 en Uganda, junto a más de un millón de desplazados internos.11 Tampoco se sabe cuántas víctimas ha provocado la venganza tutsi. Aunque se habla del "otro genocidio", parece que no es en absoluto comparable.

El papel de la religión

Ruanda es un país mayoritariamente católico (65% católico, 15% protestante). El involucramiento de la religión en la política contingente de Ruanda se evidencia en que el obispo de Kigali (capital del país), Vincent Nsengiyumva era miembro del comité central del partido único del presidente Habyanmana, el NRMD (movimiento revolucionario nacional para el desarrollo, por sus siglas en inglés). Aun a pesar de la enorme presencia religiosa un alto número de ruandeses no vaciló en participar en el genocidio demostrando así el fracaso la superficialidad de su educación cristiana.
Cuando las masacres comenzaron en 1994, muchos tutsi y disidentes hutus buscaron refugio en las iglesias. Sin embargo esto facilitó la labor de la interaharnwe (patrullas de la muerte del gobierno y el ejército) que sabía dónde encontrarlos. 
En un duro mensaje conocido el 20 de marzo de 1996, el Papa Juan Pablo II admitió oficialmente que decenas de sacerdotes, religiosos y monjas de las etnias rivales participaron activamente en las matanzas consumadas en Ruanda. "Todos los miembros de la Iglesia que pecaron durante el genocidio deben tener el coraje de hacerle frente a las consecuencias de los actos cometidos contra Dios y la humanidad", dijo en un tono marcadamente severo. Sin embargo añadió que "la Iglesia como tal no puede ser responsabilizada por las faltas de sus miembros, que han actuado en contra de la ley evangélica por la que serán llamados a dar cuenta de sus acciones". 
El padre Wenceslas Munyeshyaka es un ejemplo. Figura líder en la catedral de Kigali, escapó a Francia con ayuda de sacerdotes franceses pero fue posteriormente acusado de genocidio por haber aportado listas de civiles a lainterahamwe y por la violación de jóvenes refugiadas. Según narra Paul Rusesabagina, el padre Wenceslas Munyeshyaka solía referirse a su propia madre tutsi como cucaracha. Estos hechos no impidieron que el padre Wenceslas retomase sus actividades pastorales en Francia, con acuerdo del clero francés, hasta que fue finalmente arrestado.
En 2006, el ex sacerdote Athanase Seromba fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Penal Internacional para Rwanda por su papel en la masacre de 2.000 tutsis. La corte escuchó que Seromba atrajo a los tutsis a la iglesia, donde creían que encontrarían refugio. Cuando llegaron, ordenó excavadoras para aplastar a los refugiados dentro y milicias hutu para matar a los supervivientes. 
Un médico practicante en el Hospital Adventista Mugonero y en ese entonces pastor adventista, Elizaphan Ntakirutimana de 78 años, y su hijo Gerard, fueron condenados a 10 y 25 años de prisión, respectivamente, por el Tribunal Penal Internacional por su complicidad en el genocidio. Ray Dabrowski, director de Comunicación, en la sede mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día declaró: "Reconocemos con tristeza que algunos de los miembros de nuestra iglesia se volvieron contra sus compañeros y vecinos. Nos entristece que el acusado no actuara en armonía con los principios de su iglesia. Ofrecemos una disculpa".  
Un tribunal de Porvoo en Finlandia condenó a cadena perpetua a al hoy ex pastor de la Iglesia Bautista de Ruanda, Francois Bazaramba, de 59 años, por participar en el genocidio en el municipio ruandés de Nyakizu entre abril y mayo de 1994 al ordenar o instigar el asesinato de al menos cinco personas de etnia tutsi. También fue el organizador de varios ataques perpetrados por miembros de la etnia hutu contra la población tutsi que causaron la muerte de numerosas personas y la destrucción de sus propiedades, según el tribunal. La investigación policial del caso duró más de dos años, durante los cuales agentes finlandeses visitaron Ruanda en varias ocasiones e interrogaron a más de un centenar de testigos. 
Jean Bosco Uwinkindi era pastor de la Iglesia Pentecostal en 1994 en la iglesia evangélica de Kanzenze, en la prefectura de Kigali Rural, está acusado de cooperar con el Movimiento Republicano Nacional para la Democracia y el Desarrollo (MRND), una milicia anti tutsi. Cerca de su templo se encontraron unos dos mil cadáveres y se cree que fue complice y organizador del asesinato también de hutus moderados. 
En Bélgica, un tribunal de crímenes de guerra sentenció a dos monjas como cómplices de asesinato por su participación en el genocidio de Ruanda, ocurrido hace siete años. la monja Gertrude Mukangango recibió una pena de 15 años por su intervención en la matanza de 7.000 personas que buscaban refugio en su convento, en el sur del país. Por su parte, la religiosa María Kisito Mukabutera fue sentenciada a 12 años de cárcel por el mismo cargo. Varios sobrevivientes de la matanza contaron ante el tribunal cómo las dos monjas entregaron a miles de personas que buscaban refugio en su convento. Además, las religiosas suministraron latas de combustible a las milicias hutus, que incendiaron un garage que albergaba a unas 500 personas. 
la ONG "Derechos Africanos" da los detalles de las actividades de un numero de obispos anglicanos que se juntaron en la Parroquia de Shyogwe en Gitarama durante el genocidio. Samuel Musabyimana, el obispo anterior de la diócesis, ha sido acusado por dos pastores anglicanos y varios amigos anteriores de haber traicionado a los Tutsis que vinieron a él por protección. A la mayor parte de ellos los devolvió a los brazos de la milicia que esperaba en las barricadas cercanas. Los pocos que aceptó ocultar eran Tutsis educados. El 6 de mayo, se informa, trajo la milicia a sus escondites, luego conminó a los milicianos a llevar a los refugiados en sus furgonetas y darles muerte en otro lado. Human Right informa que, lejos de condenar el intento de exterminio de los tutsis, el arzobispo Augustin Nshamihigo y el obispo Jonathan Ruhumuliza, ambos de la Iglesia Anglicana, actuando como voceros del gobierno genocida en una conferencia de prensa en Nairobi, al igual que muchos otros trataron de explicar la masacre atribuyendo la culpa por el genocidio en el RPF ya que había "atacado a Ruanda". Los periodistas extranjeros estaban tan disgustados con esta presentación que salieron de la conferencia.
Según sobrevivientes, el Obispo Aaron Ruhumuliza, jefe de la Iglesia Metodista Libre en Gikondo, Kigali, ayudó a la milicia a realizar una matanza en su propia iglesia el 9 de abril de 1994. Michel Twagirayesu, el Presidente de la Iglesia Presbiteriana de Rwanda y vicepresidente anterior del consejo mundial de iglesias es acusado de haber trabajado estrechamente con los asesinos en la fortaleza Presbiteriana de Kirinda, Kibuye, traicionando a sus feligreses y camaradas del clero por igual. Aún estos hombres, contra quien es hay tal evidencia irresistible, permanecen inmunes de la justicia. 
El obispo católico de Gikongoro, Monseñor Augustin Misago, también fue acusado de participar en el genocidio. Primero por haber solicitado al Vaticano en junio de 1994 que se llevase a los sacerdotes tutsi del país porque en Ruanda ya no se les quería y por hechos como lo ocurrido el 4 de mayo de 1994, en que el obispo se presentó junto con la policía ante un grupo de 90 niños tutsi que se encontraban retenidos, el obispo les dijo que no se preocupasen porque la policía los cuidaría. Tres días después la policía colaboró en la masacre de 82 de estos niños. Finalmente Misago fue absuelto de todos los cargos en el año 2000. 
Mientras tanto, cientos de hombres, mujeres y niños, miembros de estas iglesias, han sido acusados desde ofensas menores a participación activa en relación al genocidio, permanecen en las prisiones atestadas de Rwanda. 
Sin embargo, Human Rights Watch también informa de otros que fueron mártires por defender a las víctimas del genocidio. Hubo mártires católicos como Fr. Georges Gashugi, Fr. Vjeko Curic y Sor. Felicitas Niyitegeka, más la plenitud de los miembros del Camino Neocatecumenal que se negaron a participar en los asesinatos o a entregar a sus hermanos, resultando varios de ellos mártires. Los musulmanes exitosamente defendieron los barrios musulmanes negándose a entregar a sus hermanos tutsi, en ninguna mesquita hubo masacres como en los templos cristianos, ningún imán fue condenado por compicidad en el genocidio, y hasta se cree que el repentino crecimiento del Islam en 10 años se debe en parte a esta realidad. También los testigos de Jehová actuaron de modo consecuente, resultando unos 500 muertos al negarse a matar o al descubrirse que ocultaban a sus hermanos tutsu, fueron especialmente perseguidos por el régimen al negarse a portar armas y participar en las ceremonias de adoctrinamiento colectivo. Lamentablemente todos estos casos resultaron una excepción respecto al total de la población.

Reacciones internacionales 

Francia 

Mientras ocurría la tragedia, el mundo entero parecía ajeno a la barbarie y no intervino para parar el trágico conflicto. En el caso de Francia, y esto puede ser extensivo a Bélgica y a Alemania, todos con importantes intereses en la zona desde el siglo XIX, el comportamiento no fue del todo solidario. El general Roméo Dallaire describe la actitud de estos tres países antes, durante y después del conflicto, ante la pregunta de por qué los franceses impedían que ganaran la guerra los tutsis:
"Los franceses se mueven en la zona por la llamada francophonie, por el orgullo de controlar. E invariablemente ayudan a los hutus. Enseguida comprobé asombrado que tanto franceses como belgas y alemanes tenían allí consejeros a docenas. Ellos sí sabían lo que pasaba, pero ninguno proporcionaba a la ONU, es decir, a mí, su representante, la información que poseían. Y al mismo tiempo, esos países que estaban en el Consejo de Seguridad tampoco dejaban a la ONU, a mí, montar mi propia unidad de información, porque, decían, el mandato no contemplaba eso. Incluso cuando tuve constancia de que se pasaban armas de contrabando a través de la frontera de Uganda y pedí permiso para buscarlas, me contestaron que no." 
A pesar de todo Francia se encargó, a través de la Operación Turquesa, de pacificar parte del territorio. El país galo, con 2.500 soldados provenientes de sus bases en África, garantizó la seguridad en la parte suroeste del país y la llegada de la ayuda internacional. Todo hasta que la misión UNAMIR lograra reunir a los 5.500 soldados necesarios para hacerse cargo de la situación. De este modo, Francia se erigió con el mando del discurso de la solidaridad. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. Según Victoria Brittain, Francia había prestado apoyo militar ylogístico al gobierno del asesinado Habyarimana desde hacía años, lo que definió las intenciones del ejército galo como sospechosas. Según el estudio de Joan Casòliva y Joan Carrero29 Francia había permanecido al lado de Habyarimana hasta la firma de los Acuerdos de Arusha. Apoyó al gobierno hutu con armamento para evitar la invasión del FPR y otras incursiones de los tutsis. Finalmente, se retiró del país con la llegada de los primeros soldados de la MINUAR (UNOMUR), en noviembre de 1993 y no volvió hasta junio de 1994 con la Operación Turquesa, a petición de lasNaciones Unidas y con estrictas condiciones de no apoyar al gobierno radical hutu.
Por otro lado, el ejército francés permitió que miembros de las milicias hutus y responsables de las primeras matanzas se refugiaran en «zonas seguras» fronterizas evitando así caer en manos del FPR y permitiendo que controlaran la gestión de la ayuda humanitaria.
Esto nos lleva a pensar que Francia aplicó una radical «Realpolitik» en la zona para no perder su capacidad de influencia en competencia con Bélgica y otros países.

Estados Unidos 

Durante el tiempo que duró el genocidio, ninguno de los gobernantes estadounidenses, usó esta palabra para definir lo que estaba ocurriendo en el país centroafricano. El haberlo admitido les hubiera obligado a intervernir en el conflicto. En su lugar, utilizaron la definición «actos de genocidio» para describir la situación. Pero lo más importante y que más influencia tuvo en el seno de las Naciones Unidas y por lo que no se actuó antes, fueron las continuas discrepancias queEstados Unidos sostuvo con el Secretario General de la ONU en ese momento, Boutros Boutros-Ghali. Las decisiones de este, en varias ocasiones, chocaron de frente con las intenciones del Gobierno estadounidense.
Otro aspecto importante para comprender mejor la actitud de los Estados Unidos frente al genocidio ruandés y según argumentan Joan Casòliva y Joan Carrero fue el interés de los estadounidenses por influir en la zona. El mismo Secretario de Comercio de Estados Unidos, ya a principios de 1996, expresó las intenciones de su país en relación a África:
La era del dominio económico y de la hegemonía comercial de Europa sobre África ha terminado. África nos interesa. 
Aunque estas declaraciones fueron hechas en 1996, hay hechos que claramente demuestran un interés por la zona desde antes incluso de 1994. Siguiendo la argumentación de Joan Casòliva y Joan Carrero, expondremos aquí algunos de ellos.
Durante la guerra de Ruanda, entre 1990 y 1994, soldados del FPR que atacaron el norte del país desde el vecino Uganda, habían adquirido formación militar en los Estados Unidos a través del programa IMET, lo que coloca al país estadounidense del lado de la población tutsi y de Uganda.
Años antes, entre 1989 y 1992. Uganda recibió una ayuda de 183 millones de dólares, la misma cantidad que durante los 27 años anteriores. Además, si consideramos que por aquel entonces, Estados Unidos era el principal proveedor de armas de Uganda, podemos concluir que la intención principal del gobierno estadounidense era la de aumentar el poder e influencia de Uganda sobre otros países del entorno y conseguir así tener controlada la zona de los Grandes Lagos.
La misión de las Naciones Unidas MONOUR (o UNOMUR), que pretendía controlar la frontera entre Uganda y Ruanda para evitar más conflictos como los que se habían dado durante los últimos años por las incursiones del FPR en Ruanda, se vio entorpecida por Estados Unidos y Gran Bretaña, con el pretexto de que faltaban pruebas objetivas que verificaran esas agresiones, incluso cuando fueron los responsables de la MONOUR los que informaron al Cuartel General de las Naciones Unidas de que Uganda les impedía realizar su trabajo y había adoptado un comportamiento radical.
La misión UNAMIR o MINUAR, liderada por el general Dallaire, y creada para cuidar del cumplimiento de los acuerdos de Arusha (Tanzania) fue durante cuatro meses bloqueada por estadounidenses y británicos. Este retraso provocó tensiones entre las partes ya enfrentadas: FPR y gobierno de Habyarimana.
La primera embajada en abandonar Ruanda fue la embajada estadounidense (7 de abril de 1994) y durante el genocidio puso todo tipo de impedimentos a las Naciones Unidas para poder actuar de forma decidida y enérgica y poder así parar el conflicto.
Pasados dos años de la masacre, el 15 de noviembre de 1996, Estados Unidos bloqueó la adopción y la aplicación de la resolución 1080, por la que el Consejo de Seguridad aprobaría el despliegue de una fuerza multinacional de protección de los refugiados y población civil amenazada en el Este del exZaire y que estaban siendo masacrados por los militares ruandeses.
Por último, cuando se le preguntó a un miembro de la Administración Clinton por la asistencia masiva de Estados Unidos al Gobierno Ruandés, este respondió que «era necesario establecer un régimen militar muy potente en la región de los Grandes Lagos para imponer soluciones militares a los conflictos».

Las compañías mineras 

Es sabido que el subsuelo del Congo contiene yacimientos de cobre, niobio, cobalto, zinc, plata, diamantes, uranio, cadmio, carbon, petroleo, coltan y otros metales raros, pero sobre todo concentraciones de oro en cantidades excepcionales. Este hecho puede ser un elemento importante a la hora de observar las distintas actitudes de los países que tradicionalmente han dominado la zona desde la época colonial. Las grandes concentraciones de oro (24 quilate) se convierten en un factor más para comprender el insolidario comportamiento de algunos países occidentales, que podrían haber priorizado su competencia por controlar los ingentes recursos naturales de la zona a las vidas humanas.

La expansión del conflicto

El genocidio ruandés trajo consigo graves consecuencias para la región de los Grandes Lagos. Poco tiempo después del término de la crisis local, ésta se trasladó a los vecinos Zaire, Burundi y Uganda. El más afectado por esto fue Zaire, que ya vivía una crisis interna producto de la desestabilización generada por el desastroso gobierno de Mobutu Sese Seko. La llegada de millones de refugiados se convirtió en el caldo de cultivo que desataría la Primera y la Segunda Guerra del Congo, que dejaría el trágico saldo de 3.8 millones de muertos. Cuando se acercaba la guerra en el Congo, muchos escaparon hacia otros países pero otros miles murieron por la crueldad de estos asesinos, entre un incalculable número de niños y jóvenes inocentes.

Juicios y castigos

El 8 de noviembre de 1994, por resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y en virtud de lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, al considerar que el genocidio ruandés era un grave atentado contra la paz y la seguridad internacional, se creó un Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Éste tribunal tiene como objeto la persecución de los líderes e instigadores del genocidio.
Al mismo tiempo, una vez que la situación estuvo medianamente normalizada, los tribunales ruandeses iniciaron centenares de procesos en contra de inculpados de cometer las graves violaciones a los derechos humanos. Hasta la fecha más de 700 personas han sido condenadas por los tribunales culpables de genocidio.

Caso Akayesu 

Constituye un hito mundial al ser considerada la primera condena internacional por genocidio y la primera en reconocer la violencia sexual como actos constitutivos de genocidio. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado el 8 de noviembre de 1994, en el caso Akayesu, declaró a un acusado culpable de violación por no haber impedido ni detenido una violación en su calidad de oficial, y no por haberla cometido personalmente. El tribunal consideró que la violación constituía tortura y que, dadas las circunstancias, la violación generalizada, como parte de unas "medidas dirigidas a impedir nacimientos dentro del grupo", constituía un acto de genocidio. Por ejemplo, en las sociedades donde la pertenencia a una etnia está determinada por la identidad del padre, violar a una mujer para dejarla embarazada puede impedirle dar a luz a su hijo en el seno de su propio grupo.
Jean Paul Akayesu, antiguo alcalde de la ciudad ruandesa de Taba, fue arrestado en Zambia el 10 de octubre de 1995 y fue transferido a la Unidad de Detención del Tribunal en Arusha el 26 de mayo de 1996. El juicio comenzó en junio de 1997 y el 2 de septiembre de 1998 la Cámara Procesal I lo encontró culpable de genocidio, incitación directa y pública a cometer genocidio y crímenes de lesa humanidad. El 2 de octubre de 1998 fue sentenciado a prisión de por vida. Akayesu cumple condena a cadena perpetua en una prisión de Malí.
Theoneste Bagosora fue encontrado culpable por un tribunal de la ONU y condenado a cadena perpetua. Fue acusado de comandar las tropas y milicias hutu Interahamwe, responsables de la masacre. Además, el tribunal consideró que Bagosora fue "responsable" del asesinato de la primera ministra Agathe Uwilingiyimana y destacados miembros de la oposición, así como de diez soldados belgas.
Además, los jueces condenaron a los oficiales Aloys Ntabakuze y Anatol Nsengiyumva por su participación en el genocidio. El acusado general Gratien Kabiligi fue puesto en libertad.

El ICTR ha sentenciado a 32 personas desde 1997. El más reciente fue el famoso cantante ruandés Simon Bikindi, quien fue condenado a 15 años de prisión por haber pronunciado un discurso en junio de 1994 en el que instó a los hutus a matar a la minoría tutsi.

Las Abuelas de Plaza de Mayo


La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo es una organización de derechos humanos argentina que tiene como finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños secuestrados-desaparecidos por la última dictadura militar (1976-1983), crear las condiciones para prevenir la comisión de ese crimen de lesa humanidad y obtener el castigo correspondiente para todos los responsables. Está presidida por Estela Barnes de Carlotto y tiene su sede central en Buenos Aires. Hasta octubre de 2012 las Abuelas han recuperado la identidad original de 107 nietos. Han sido nominadas en cinco ocasiones al Premio Nobel de la Paz: entre el 2008 y el 2012. El 14 de septiembre de 2011 recibieron el premio Félix Houphouët-Boigny, otorgado por la Unesco, por su trabajo en materia de Derechos Humanos.  

Apropiación de menores en la dictadura argentina 

La dictadura militar instaurada en la Argentina el 24 de marzo de 1976, autodenominada como Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), estableció una metodología de eliminación masiva de opositores, que ha sido considerada judicialmente como un genocidio,  durante el cual fueron detenidas-desaparecidas miles de personas, con utilización en gran escala de centros clandestinos de detención (CCD) donde se procedía a su tortura, asesinato y desaparición de los cuerpos. 
En ese contexto los hijos de las detenidos-desaparecidos fueron tratados por las fuerzas represivas como "botín de guerra",  para lo cual se planificó detalladamente, incluso por escrito, un sistema de detención de embarazadas, partos clandestinos, falsificación de identidades y simulación de adopciones, con el fin de apropiarse de los niños. De esa manera alrededor de quinientos niños fueron apropiados y privados de su identidad, y en muchos casos llevados a vivir con personas que creían sus padres y que en realidad fueron autores, partícipes o encubridores del asesinato de sus verdaderos padres. 
Reteniendo a los niños nacidos en cautividad y entregándolos posteriormente como «botín de guerra» se afirmaba el poder del Estado Patriarcal Militar sobre un aspecto característico de la identidad femenina, la maternidad. Con la supresión de la madre, se quebranta el lazo humano fundamental, y esto robustece la creencia de que el Estado Militar controla todo sin oposición. Ser capaz de atacar a la vida en sus propias raíces muestra al poder militar como absoluto e inmutable. Esta «reorganización», considerada necesaria por los militares para «salvar» a la sociedad argentina, exigía que los hijos de los «subversivos» fueron apartados de los suyos para ser otorgados a «buenas familias» (por ej.: de militares o de clase alta) (Suárez - Orozco, 1987). Ramón Camps, Jefe de Policía de la Prov. de Buenos Aires donde cantidades de niños/as fueron secuestrados/as, decía; «...Personalmente yo no eliminé a ningún/a chico/a, lo que hice fue dar algunos/as a organizaciones benéficas para que les encontraran nuevos padres. Los subversivos educan a sus hijos en la subversión. Por ello esto debía detenerse». (citado por Barki, 1988 p. 241). 

El inicio de las Abuelas de Plaza de Mayo

El golpe de estado del 24 de marzo de 1976 estableció un régimen terrorista que tuvo como eje la desaparición forzada de los opositores y la imposición de un sentimiento generalizado de miedo destinado a paralizar cualquier reclamo; el sólo hecho de preguntar por el paradero de un familiar detenido-desaparecido era riesgoso y podía resultar a su vez en la detención-desaparición propia. En ese momento la situación de indefensión e impotencia de los familiares de las personas desaparecidas era extrema, ya que ninguna democracia del mundo, ni la Iglesia Católica, de gran influencia en el país, o las organizaciones internacionales humanitarias, estaba dispuesta a condenar al régimen militar y, por el contrario, en algunos casos cooperaban con la represión ilegal. Tampoco era posible recurrir al sistema judicial, ya que los jueces argentinos rechazaban sistemáticamente los recursos de hábeas corpus.

En esas condiciones un grupo de madres, padres y familiares de desaparecidos iniciaron un movimiento de resistencia no violenta.
Tenemos que ir directamente a la Plaza de Mayo y quedarnos allí hasta que nos den una respuesta. 
El 30 de abril de 1977 comenzaron a marchar cada jueves alrededor de la Pirámide de Mayo, en la plaza del mismo nombre, situada frente a la casa de gobierno. Inicialmente se reconocían entre sí llevando un pequeño clavo; luego las mujeres decidieron cubrirse el cabello con un pañal de tela blanco.  El grupo recibió rápidamente el nombre de Madres de Plaza de Mayo y por su sola presencia comenzó a ejercer presión nacional e internacional sobre el destino de las personas que desaparecían en la Argentina. 
Casi al mismo tiempo, el 15 de mayo, María Eugenia Casinelli (consuegra del poeta Juan Gelman) y otras once abuelas firmaban un hábeas corpus colectivo en forma de carta, dirigida a la justicia de Morón, en el que hacían saber la existencia de bebés desaparecidos y solicitaban que se suspendiesen todas las adopciones. La carta ha sido considerada documento histórico y antecedente inmediato de la constitución de las Abuelas de Plaza de Mayo a fines de ese año. Un fragmento de la misma dice:
(…) los bebés de nuestros hijos desaparecidos o muertos en estos últimos dos años. Algunas de estas criaturas han nacido de sus madres en cautiverio. Otra fue sacada de su hogar, que fue destruido. Hasta ahora todos nuestros esfuerzos han sido vanos. Las criaturas no han sido reintegradas a sus hogares, a sus familias. No sabemos ya qué hacer... Últimamente ha llegado a nuestro conocimiento que algunos abuelos han podido localizar a sus nietos en tribunales de menores o por su intermedio. Por eso nos permitimos rogarle quiera tener a bien interesarse en la lista de bebés desaparecidos que adjuntamos, por si ustedes tuvieran noticias de alguno de ellos. 
En septiembre Alicia Zubasnabar de De la Cuadra, "Licha", comenzó a asistir junto con su esposo y Hebe de Bonafini a las rondas de las Madres de Plaza de Mayo, buscando a un hijo, una hija embarazada, su nuera y su yerno. Al mismo tiempo, otra madre-abuela, María Isabel Chorobik de Mariani, "Chicha", había comenzado a buscar a otras madres de desaparecidos que, como ella, tuvieran también nietos pequeños desaparecidos. Mariani había sido impulsada a agruparse con otras abuelas por Lidia Pegenaute, una abogada que se desempeñaba como asesora de menores en los tribunales de La Plata y que le entregó la dirección de Alicia de De la Cuadra para que fuera a verla.  La Dra. Peganaute, fue uno de los casos excepcionales de funcionarios del poder judicial, que colaboraron genuinamente con los familiares de desaparecidos. En los últimos meses del año, Chicha Mariani fue a buscar a Licha de De la Cuadra a su casa de La Plata:
El día que conocí a Alicia ella estaba con un salto de cama rosado y ordenaba su casa. Empezamos a charlar y perdimos la noción del tiempo. Ese día empecé a descubrir lo que realmente estaba pasando y a entender que la búsqueda debía hacerse de otra manera, que no había un solo niño desaparecido sino por lo menos dos. Y si habían dos, ¿cuántos más podrían ser? Por primera vez tuve la horrorosa sensación de que no encontrábamos a los niños porque no nos los querían entregar.
Chicha Mariani 

Ese día Alicia de De la Cuadra invitó a Chicha Mariani a sumarse a la acción que las Madres de Plaza de Mayo estaban preparando con motivo de la visita a la Argentina del Secretario de Estado de los Estados Unidos Cyrus Vance. Simultáneamente, De la Cuadra comenzó a preguntar, entre las Madres de Plaza de Mayo, quienes buscaban también nietos, para comenzar a una acción conjunta destinada a recuperarlos.  El 21 de noviembre las Madres de Plaza de Mayo irrumpieron en la ceremonia oficial para entregarle al alto funcionario estadounidense, cada una un resumen de sus hijos y nietos desaparecidos. Fue la primera vez que estuvieron juntas las doce abuelas consideradas fundadoras. 
Licha (Alicia de De la Cuadra) buscó a las otras abuelas que ya conocía de la Plaza de Mayo, nos reunimos y decidimos empezar a trabajar juntas. Éramos 12 en ese momento. A mi me asombró verlas con tanta serenidad; yo era un guiñapo, un llanto continuo, las veía a ellas tan serenas y decía ’tengo que ser como ellas’. Primero nos dimos a conocer como «Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos». Pero fuimos creciendo, la gente empezó a conocernos y a llamarnos las "Abuelas de Plaza de Mayo".
Chicha Mariani 

Las doce primeras

Las fundadoras de las Abuelas de Plaza de Mayo fueron doce madres-abuelas de desaparecidos, que tenían entonces una edad entre los 50 y los 60 años:
Mirta Acuña de Baravalle
Beatriz H. C. Aicardi de Neuhaus
María Eugenia Casinelli de García Irureta Goyena
Eva Márquez de Castillo Barrios
María Isabel Chorobik de Mariani
Delia Giovanola de Califano
Clara Jurado
Leontina Puebla de Pérez
Raquel Radio de Marizcurrena
Vilma Delinda Sesarego de Gutiérrez
Haydee Vallino de Lemos
Alicia Zubasnabar de De la Cuadra 

Inicialmente adoptaron el nombre de Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos y Alicia de De la Cuadra fue reconocida como la primera presidenta del grupo; en 1980 terminaron aceptando la denominación por la que ya eran conocidas, Abuelas de Plaza de Mayo.
Este subgrupo de Las Madres comprendió que la situación de los niños apropiados por las fuerzas de seguridad, era diferente de la de sus progenitores desaparecidos y que se precisaban estrategias y metodologías específicas para recuperarlos. «Buscar a los nietos sin olvidar a los hijos», fue la consigna que las agrupó. 
Es por la misma época, cabe señalar, que en el grupo de las Madres de la Plaza de Mayo se organizó un subgrupo, el de las Abuelas, madres por partida doble, quienes realizan una tarea esencial respecto de los bebés. Se dedican a los niños que fueron secuestrados junto con sus padres y no han reaparecido, y a las jóvenes que, secuestradas estando embarazadas, se supone han dado a luz en prisión. Es decir que esas madres, por el testimonio que llevan, representan mucho, no solamente para la Argentina, sino para el mundo entero.

Una de las características esenciales de Las Abuelas de Plaza de Mayo, al igual que Las Madres, fue la de organizarse básicamente como grupo de mujeres. Eso no significó que los abuelos, y en general otros varones y mujeres no colaborasen con la Asociación, pero la dirección y la representación recayó siempre sobre mujeres que tenían nietos desaparecidos.
Cuando en los primeros momentos desaparecían las personas y se empezaba a trabajar, en la Plaza de Mayo había hombres, mujeres, jóvenes, un poco de todo. En el caso nuestro es que yo me pude jubilar y dedicarme, pero mi marido tenía que seguir trabajando para mantener la casa. Él me espera, me apoya, me tiene paciencia, me alentaba y me sigue alentando. Pero hay otra cuestión que es la visceral: la de mujer, la de madre, que nos impide dejar de hacer todo lo que tenemos que hacer para seguir buscando. También es cierto que muchos hombres se resintieron en su salud y se murieron. La mayoría de las abuelas son viudas... Y que para los militares el hombre era más peligroso. "¡Déjenlas a esas lloronas viejas locas!, ya se van a cansar...". Si hubieran adivinado que íbamos a persistir para siempre nos hubiesen secuestrado en mayor número.
Estela B. de Carlotto 

La constitución de Las Abuelas de Plaza de Mayo no tuvo un momento preciso ni un acto formal. Fue un proceso de confluencias entre mujeres buscando nietos. Así se formó un núcleo inicial de doce abuelas, que comenzaron a reunirse de manera sistemática, desde fines de 1977. Las Abuelas de Plaza de Mayo han adoptado como fecha de su creación, el sábado 21 de noviembre de 1977; sin embargo ellas mismas aclaran que la fecha es simbólica y que se trató de «un desbarajuste de la memoria» que las llevó a confundir el día en que le entregaron sus notas a Cyrus Vance. 

Actuación durante la dictadura 

Terror local, indiferencia mundial 

Las abuelas se fueron constituyendo progresivamente como una organización. En los primeros meses hubo arduas discusiones entre las Madres de Plaza de Mayo sobre la conveniencia o no de que las abuelas se organizaran formalmente como grupo diferenciado.  Sin embargo la búsqueda de los nietos requería una serie de actividades específicas (recorrida de casas-cuna y orfelinatos, trámites antes los jueces de menores, investigación de los casos de adopción conocidos) que las llevó naturalmente a reunirse, coordinar acciones y, finalmente, a presentarse como Abuelas.
A mediados del año '77, ya éramos muchas en la Plaza, ya caminábamos de a dos o tres alrededor del mástil, cuando una de las actuales Abuelas, Eva (Eva Márquez de Castillo Barrios), era Eva, me pide que me aparte del grupo para conversar sobre los chiquitos nacidos en cautiverio. Porque ya no podíamos buscar a los chiquitos en Tribunales sino que teníamos que buscarlos en Casa Cuna, en orfelinatos, en Jueces de Menores. En la misma forma que Eva me separa a mí, fuimos señalándonos unas con otras las que éramos abuelas porque ya sabíamos que nuestros nietos habían nacido, suponíamos. Y empezaron las reuniones de Abuelas en forma clandestina. ¿Dónde nos reuníamos, cómo nos reuníamos? Empezó siendo, creo que la primerísima vez fue en una confitería que había en un entrepiso en Retiro. Ahí nos juntamos todas. Teníamos un motivo en común para reunirnos que era la búsqueda de nuestros nietos.
Delia Giovanola de Califano 

Comenzaron a reunirse en iglesias o confiterías tradicionales de Buenos Aires, como la “Richmond”, la “London”, “Las Violetas” o el “Tortoni”, aparentando ser mujeres mayores tomando el té o celebrando el cumpleaños de alguna. También mantuvieron algunos encuentros en la parada "El Palenque" del Parque Pereyra Iraola, en la ruta de Buenos Aires hacia La Plata, simulando realizar picnics, en un lugar de esparcimiento masivo popular. Se trataba de personas sin ninguna experiencia en actividades políticas u organizativas, ni conocimientos sobre los mecanismos institucionales nacionales e internacionales, que intentaban actuar prácticamente sin apoyos internos ni externos, en un medio en el que no existía el más mínimo respeto a los derechos humanos.
Éramos simples amas de casa. La mayoría de nosotras nunca había hecho nada fuera de su hogar. Yo ni siquiera sabía como tomar un colectivo (bus) sola. No estaba acostumbrada a salir de mi casa sin mi esposo. Incluso ahora pienso que no podría hacer las cosas que hice.
Haydee de Lemos 

La tarea inicial, como ya venían haciendo las Madres de Plaza de Mayo, fue armar un resumen escrito presentado en carpetas, de cada uno de sus familiares desaparecidos, destacando la condición de embarazada de sus hijas o nueras, o la desaparición de sus nietos. Algunas, que habían recibido noticias sobre el nacimiento de sus nietos, pusieron también las fechas estimadas de nacimiento, el sexo y en algunos casos, los nombres y hasta las fotos de los bebés desaparecidos, para ser presentadas a organizaciones nacionales e internacionales, con el fin de solicitar ayuda humanitaria.
Pero probablemente lo más notable de las Abuelas de Plaza de Mayo haya sido la tarea investigativa directa que encararon y organizaron, para establecer la suerte y paradero de sus nietos. Actuando como si fueran detectives, ellas mismas organizaron sin medios, un sistema de inteligencia coordinado, recorriendo los juzgados de menores, orfelinatos y casas cuna, buscando incoherencias en las adopciones o "nacimientos" extraños de la época, observando a las familias sospechosas de haberse apropiado de sus nietos, tomando fotos de los niños en jardines de infantes y escuelas, etc. Toda esa información era compartida, analizada de manera sistemática en grupo y registrada. Poco a poco comenzaron a recibir también —y siguen recibiendo— denuncias y datos que la población les hacía llegar, como una manera de colaborar en la tarea de ubicación de los pequeños. Las Abuelas (y las Madres) crearon así una amplísima red de recolección informal de datos que llegó hasta los lugares más imprevistos.
Entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977 fueron secuestradas y desaparecidas doce personas vinculadas a la Madres de Plaza de Mayo, entre ellas su fundadora Azucena Villaflor y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet; la mayoría de ellas fueron secuestradas directamente de la Iglesia de la Santa Cruz. En una investigación que llevó décadas, se descubrió que las mismas fueron llevadas a la ESMA, torturadas y arrojadas vivas al mar desde un avión. 
En ese marco la mayoría de los jueces adoptaron una actitud de colaboración con el secuestro y desaparición de los niños y la supresión de su identidad, omitiendo investigar sus orígenes y facilitando las adopciones. En uno de los casos más extremos, la jueza Delia Pons recibió al niño Emiliano Ginés, y aún conociendo la identidad del menor, decidió no informar a la familia sobre su situación y ordenó internarlo en la Casa Cuna donde murió el 1 de septiembre de 1978. 
La jueza Pons, en 1978, expresó a las Abuelas de Plaza de Mayo sus ideas sobre la suerte que debían correr los hijos de los hijos de las personas detenidas-desaparecidas:
Estoy convencida que sus hijos eran terroristas, y terrorista es sinónimo de asesino. A los asesinos yo no pienso devolverles los hijos porque no sería justo hacerlo. No tienen derecho a criarlos. Tampoco me voy a pronunciar por la devolución de los niños a ustedes. Es ilógico perturbar a esas criaturas que están en manos de familias decentes que sabrán educarlos como no supieron hacer ustedes con sus hijos. Sólo sobre mi cadáver van a obtener la tenencia de esos niños.
Delia Pons, Jueza de Menores 

Las Abuelas solicitaron apoyo a todos los líderes de los principales partidos políticos de Argentina, entre ellos Ricardo Balbín de la Unión Cívica Radical, Ítalo Luder del Partido Justicialista y Oscar Alende del Partido Intransigente, quienes en los dos primeros casos evitaron comprometerse atribuyendo la responsabilidad al accionar de los grupos guerrilleros, y en último se negó a recibirlas. 
Ante la evidencia de que se habían anulado todos los procedimientos e instituciones capaces de proteger a los niños, las Abuelas de Plaza de Mayo decidieron recurrir a la ayuda humanitaria internacional. El primer pedido de ayuda humanitaria fue dirigido a la Iglesia Católica. En enero de 1978 las Abuelas le solicitaron al Papa Pablo VI su intervención humanitaria en la cuestión de los bebés desaparecidos; el Papa, sin embargo, no respondió la solicitud ni realizó gestión alguna. Solicitudes similares fueron luego realizadas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Conferencia Episcopal Argentina, UNICEF y la Cruz Roja. En todos los casos esas instituciones guardaron silencio o rechazaron la petición y permanecieron inactivas.

Primeros resultados

En noviembre de 1977 las Abuelas presentaron su petición ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y por primera vez se dio curso al reclamo, dando intervención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ese mismo mes y pese al terror imperante, el tradicional diario de la comunidad británica en la Argentina, el Buenos Aires Herald, dirigido por Robert Cox, publicó una carta de lectores de las Abuelas de Plaza de Mayo, dando a conocer que había niños desaparecidos en el país. Las organizaciones de derechos humanos siempre han reconocido el valor que demostró Cox en aquel momento y la importancia que tuvieron sus publicaciones en un momento en que nadie en el mundo estaba dispuesto a denunciar las violaciones de derechos humanos en la Argentina.  También en abril de 1978, las Abuelas tomaron la costumbre de concurrir a la localidad de San Miguel, en el conurbano de Buenos Aires, donde se realizaban anualmente las reuniones la Conferencia Episcopal Argentina. Durante varios años le otorgaron máxima prioridad a buscar el apoyo de la Iglesia Católica, hasta que finalmente concluyeron que la cúpula de la misma estaba relacionada estrechamente con el gobierno militar y en conocimiento de las apropiaciones ilegales de bebés.  Pocos años después, las Abuelas llegaron a criticar severa y formalmente la actitud de la Iglesia Católica Argentina, en una carta dirigida a la Conferencia Episcopal:
Muchas veces hemos recurrido a ustedes, muchas veces nos hemos acercado a nuestra Iglesia, transidas de dolor e impotencia... Esperábamos algo más que el silencio de nuestra Iglesia, de nuestros Obispos... ¿Alguna vez la Iglesia hablará por esos indefensos niños? ¿O es que a la Iglesia no le importa que hayan desaparecido los niños...?
Abuelas de Plaza de Mayo 

El domingo 5 de agosto de 1978, Día del Niño, apenas un mes después del triunfo en la Copa Mundial de Fútbol jugada en Argentina, el diario La Prensa aceptó publicar la primera solicitada en la que se reclamaba por los niños desaparecidos. El texto, que fuera llamado en Italia el Himno de las Abuelas, fue un factor decisivo para comenzar a movilizar a la opinión pública internacional:
Apelamos a las conciencias y a los corazones, de las personas que tengan a su cargo, hayan adoptado o tengan conocimiento de dónde se encuentran nuestros nietitos desaparecidos, para que en un gesto de profunda humanidad y caridad cristiana restituyan esos bebés al seno de las familias que viven la desesperación de ignorar su paradero. Ellos son los hijos de nuestros hijos desaparecidos o muertos en estos últimos dos años. Nosotras, Madres-Abuelas, hacemos hoy público nuestro diario clamor, recordando que la Ley de Dios ampara lo más inocente y puro de la Creación. También la ley de los hombres otorga a esas criaturas desvalidas el más elemental derecho: el de la vida, junto al amor de sus abuelas que las buscan día por día, sin descanso, y seguirán buscándolas mientras tengan un hálito de vida. Que el Señor ilumine a las personas que reciben las sonrisas y caricias de nuestros nietitos para que respondan a este angustioso llamado a sus conciencias.

Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos

También en agosto de 1978 las Abuelas salieron por primera vez de la Argentina, aprovechando que Chicha Mariani debía viajar a Italia por razones familiares. Debido a que Mariani tenía en Roma un pequeño apartamento vacío, las Madres de Plaza de Mayo, también aprovecharon la ocasión, para dirigirse a Roma, permaneciendo todas juntas. Allí se entrevistaron con el diputado socialista Sandro Pertini y el cardenal argentino Eduardo Pironio, con escasas consecuencias.  Hasta 1985 realizaron en total unos 40 viajes, casi sin recursos; ellas mismas han relatado que, para todo un viaje, podían contar con unos 200 dólares. 
El 18 de noviembre de 1978 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en el Caso 2553, sobre la desaparición de Clara Anahí Mariani, nieta de Chicha Mariani, resolviendo que los hechos denunciados constituían "gravísimas violaciones al derecho a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona y al derecho de protección contra la detención arbitraria" y que el gobierno debía devolver la niña Clara Anahí a su familia, disponer de inmediato una investigación completa e imparcial para determinar la autoría y sancionar a los responsables, debiendo informar a la Comisión en 30 días. 
Uno de los primeros y más importantes resultados de los viajes internacionales, fue la relación que establecieron con el Comité de Defensa de los Derechos Humanos para los Países del Cono Sur (CLAMOR), dependiente del Arzobispado de São Paulo y dirigida por el cardenal Paulo Evaristo Arns. Aunque Brasil también se encontraba gobernado por una dictadura, coordinada con las demás dictaduras sudamericanas por medio del Plan Cóndor, la Arquidiócesis de São Paulo, adoptó una posición humanitaria activa frente a la violación de derechos humanos en la región. Precisamente, el 31 de julio de 1979, CLAMOR, con la colaboración de las Abuelas de Plaza de Mayo, localizó por primera vez a dos niños desaparecidos, los hermanos Anatole y Victoria Julien Grisonas, de nacionalidad uruguaya y argentina respectivamente, secuestrados en Buenos Aires por militares argentinos y uruguayos y trasladados primero a Montevideo y luego a Chile, por entonces bajo la dictadura de Pinochet, régimen que también coordinaba las acciones terroristas internacionales a través del Plan Cóndor. Los niños habían sido abandonados en una plaza de Valparaíso y adoptados de buena fe por una familia chilena. Las Abuelas se reunieron con la familia adoptiva, verificaron su honestidad y aceptaron que los niños permanecieran con sus padres adoptivos en estrecho contacto con su familia biológica. 
Las Abuelas también tomaron contacto con Amnistía Internacional, que se mostró inmediatamente receptiva, realizando campañas y brindándoles apoyo organizativo y financiero. Una de sus primeras actividades fue el impulso de un petitorio internacional por los niños desaparecidos que reunió 14.000 firmas, incluyendo personalidades de gran renombre como Simone de Beauvoir, Costa Gavras y Eugène Ionesco. Poco a poco organizaciones de derechos humanos en todo el mundo difundían la situación de los niños desaparecidos en la Argentina. 
El 6 de septiembre de 1979, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA se instaló durante catorce días en la Argentina para examinar la situación de los derechos humanos en el país. La visita es recordada muchas veces por la tristemente célebre propaganda oficial con la que el gobierno militar intentó desprestigiarla, utilizando el lema «los argentinos somos derechos y humanos», concebido por la conocida consultora estadounidense Burson-Marsteller (BM), con el fin de obstaculizar las denuncias internacionales por violaciones de derechos humanos. 
Las Abuelas le aportaron a la CIDH 5.566 casos documentados de desapariciones, a pesar de las condiciones represivas en las que debían desarrollar sus actividades. El 14 de diciembre la CIDH presentó un extenso informe en el que por primera vez, un organismo oficial cuestionaba a la dictadura argentina por las "numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos", estableciendo el deber del gobierno argentino de informar sobre cada una de las personas desaparecidas. En su informe, la CIDH también dio cuenta de "la desaparición de recién nacidos, infantes y niños, situación ésta en que la Comisión ha recibido varias denuncias", ubicando como caso testigo el de Clara Anahí Mariani. 
Las relaciones internacionales de las Abuelas, llevadas adelante principalmente por Chicha Mariani y Estela de Carlotto (quien se sumara en 1978), resultaron muy exitosas y constituyeron un elemento importante de su éxito como organización. A comienzos de la década del 80, ya recibían apoyo financiero y organizativo del Consejo Mundial de Iglesias, la Organización Católica Canadiense para el Desarrollo y la Paz, el Entraide Protestante Suisse (HEKS), la Organización Terre des Hommes, el Folke Kirkens NOD-HJELP de Dinamarca, el Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement de Francia, el Rädda Barnen de Estocolmo, iglesias protestantes noruegas, y municipios, comunidades religiosas y ciudades de Alemania. 

Tatiana y Laura 

A comienzos de 1980, CLAMOR le abrió a las Abuelas sus archivos secretos, con gran cantidad de información sobre los desaparecidos en la Argentina, los represores, los centros clandestinos de detención, nacimientos clandestinos, etc., datos y precisiones que resultaron de vital importancia para todas las organizaciones de derechos humanos. La información fue ingresada a la Argentina por Chicha Mariani y Estela de Carlotto, oculta en bombones brasileños y ropa usada de mujeres mayores, adoptando intencionalmente el estereotipo de "viejas tontas" para superar los controles policiales.
Los documentos de CLAMOR confirmaban las sospechas sobre los partos clandestinos de mujeres detenidas-desaparecidas y el destino de sus hijos. Los testimonios de sobrevivientes también daban cuenta que las mujeres embarazadas solían ser torturadas. El caso del matrimonio Vaccaro fue uno de los primeros a los que tuvieron acceso:
Tito y Marta Vaccaro fueron secuestrados en noviembre de 1978 y llevados al campo clandestino de detención “El Olimpo”, ubicado en Ramón Falcón y Olivera, Floresta, Capital Federal. Tenían 20 años y ella estaba en avanzado estado de embarazo. Apenas llegaron los obligaron a desvestirse en medio de golpes y manoseos. A Marta la amenazaron con provocarle un aborto. Le explicaban que no la torturarían por su embarazo pero la forzaban a presenciar la tortura de su esposo. Otro día la ataron a la mesa de tortura y le pegaron con palos y cadenas. En otra sesión ataron juntos al matrimonio en la mesa de torturas, desnudos. Les aplicaron golpes y picana eléctrica simultáneamente. Marta casi no podía moverse. Su cuerpo y su rostro mostraban las huellas del tormento. Nunca fue controlada por un médico. “Ninguno de nosotros podía explicarse cómo logró salvar su embarazo”, relató después un liberado. El bebé de Marta nació en enero de 1979, nada se sabe de él ni de su madre desde entonces. 
El 19 de marzo de 1980, cuando aún gobernaba la dictadura, las Abuelas localizaron otras dos nietas, las primeras en ser recuperadas directamente por ellas, Tatiana Ruarte Britos y su hermana Laura Jotar Britos, quienes habían quedado abandonadas en una plaza del Gran Buenos Aires luego de que su madre fuera secuestrada-desaparecida, y terminaron siendo adoptadas legítimamente por el matrimonio Sfiligoy, quienes jugaron un papel muy importante en la recuperación de la identidad de la niñas, una actitud no habitual en la mayoría de los casos. 
También en 1980 Chicha Mariani reconoció a una nieta desaparecida, Paula Logares, en una foto que llegó anónimamente a CLAMOR, en la que la niña aparecía frente al Obelisco de Buenos Aires; la foto estaba acompañada de un informe en la que se indicaba el nombre que estaba usando la niña y la dirección aproximada en donde vivía. La Abuelas iniciaron entonces un seguimiento e investigación en condiciones de riesgo extremo, que les permitió localizar a la niña y establecer con certeza su identidad. Con esos datos, Paula Logares sería la primera niña restituida por la justicia argentina una vez restablecida la democracia. 
Ese mismo año el activista de derechos humanos argentino Adolfo Pérez Esquivel recibió el Premio Nobel de la Paz, consolidando y brindando mayor cobertura para la acción de las organizaciones de derechos humanos. 
El 9 y 10 de diciembre de 1981, las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo organizaron la Primera Marcha de la Resistencia, que consistió en extender por 24 horas la ronda semanal. Iniciaron la misma unas setenta madres y abuelas, rodeadas de policías, que marcharon toda la noche, bajo la lluvia y sin luz, ya que el gobierno militar había mandado cortar la iluminación pública en la plaza. A la mañana siguiente casi tres mil personas y otras organizaciones de derechos humanos se sumaron, incluido el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Cumplidas las 24 horas, la manifestación marchó por Avenida de Mayo hacia la Avenida 9 de Julio, coreando consignas, entre ellas una de las que se volverían más emblemáticas en las luchas por los derechos humanos de los siguientes años: "los desaparecidos, que digan dónde están". Fue la primera vez también que la prensa argentina cubrió con amplitud la acción de las organizaciones de derechos humanos. Esa fue la primera de una serie de marchas por los derechos humanos que se repetirían desde entonces, durante las siguientes décadas, agrupando a decenas de miles de personas y que en conjunto constituyen, la mayor movilización popular en las calles de la historia argentina reciente. 

Derrumbe de la dictadura 

La creciente movilización de los sectores políticos, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos en 1981 y comienzos de 1982, comenzó a debilitar a la dictadura militar. En ese contexto el gobierno militar tomó la decisión de ocupar las Islas Malvinas, el 2 de abril de 1982, acción que llevaría a la Guerra contra Gran Bretaña y a una derrota tres meses después, que hizo colapsar al régimen y obligó a los militares a iniciar una retirada desordenada del poder, sin condicionamientos, llamando a elecciones para octubre de 1983.
En ese período las Abuelas comenzaron a prepararse para las nuevas posibilidades de investigación que abriría la democracia. Entre 1980 y 1983 habían localizado a cuatro niños desaparecidos (los hermanos Julien Grisonas y las hermanas Ruarte Britos y Jotar Britos), en ambos casos adoptados de buena fe por familias que colaboraron en la restitución de su identidad.
Pero la posibilidad de abrir investigaciones judiciales dentro de un estado de derecho, tanto para descubrir a los culpables como para identificar a los niños desaparecidos, implicaba enfrentar problemas inéditos en la experiencia internacional. En ese momento no existían métodos científico para determinar positivamente la filiación, y los existentes -basados en los tipos de sangre- sólo servían como prueba negativa, es decir para descartar una relación biológica entre dos personas, pero no para demostrarla.
Las Abuelas tomaron entonces la iniciativa de recurrir a los científicos de punta para desarrollar alguna técnica que pudiera determinar sin dudas, la filiación de una persona en ausencia de sus padres. En esa búsqueda recurrieron a laSociedad Americana para el Avance de la Ciencia de los Estados Unidos, donde les respondieron: «lo que piden es posible, pero nunca se hizo: vamos a investigar». El resultado fue la creación del índice de abuelidad, que llegó a alcanzar un 99,99% de certeza sobre la filiación de una persona, desarrollado por los científicos Mary-Claire King y Cristian Orrego. 

La acción de las Abuelas al recuperarse la democracia 

El 10 de diciembre de 1983 el país recuperó la democracia al asumir el presidente Raúl Alfonsín y los demás representantes electos por la población. Se abrió entonces un complejo panorama de investigación y enjuiciamiento de loscrímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, incluyendo el enjuiciamiento y condena de varios integrantes de las juntas militares, y al mismo tiempo de presiones y levantamientos militares para cerrar las investigaciones, que tuvieron éxito con las llamadas leyes de impunidad sancionadas entre 1986 y 1990.
Pensábamos que el Estado se iba a hacer cargo de recomponer la situación y que nosotras íbamos a ser colaboradoras indirectas. Fuimos de una ingenuidad muy grande. Y finalmente nos dimos cuenta de que teníamos que seguir siendo las actrices principales en la búsqueda.
Estela de Carlotto 

El caso de Carla Artés y su abuela Sacha Artés Company es demostrativo de las dificultades y pormenores que se presentaron en ese momento. A fines de 1983, ni bien establecido el gobierno democrático, Abuelas de Plaza de Mayo recibió una información anónima que le permitió a una de las abuelas, "Sacha" Artés Company, localizar a su nieta secuestrada-desaparecida, Carla Artés. Carla se encontraba en poder de Eduardo Ruffo, un agente de inteligencia que había integrado la Triple A y luego se desempeñó como vicejefe del centro clandestino de detención "Automotores Orletti". Había sido secuestrada en Bolivia, junto a su madre Graciela Rutilo Artes -la hija de Sacha- y su padre Enrique López, cuando contaba con diez meses de edad. Luego de que su padre fuera asesinado y debido a la presión internacional, los militares bolivianos entregaron oficialmente a los militares argentinos, a Carla y a su madre. Ambas fueron enviadas a "Automotores Orletti", donde la niña fue apropiada por el subjefe del centro, luego de que éste participara del asesinato de su madre. Carla fue criada por este hombre y su esposa, junto a otro niño secuestrado-desaparecido, en calidad de hermano. El 15 de febrero de 1984 las Abuelas de Plaza de Mayo realizaron la denuncia penal, pero para entonces Ruffo se había fugado con su esposa y los niños. Ruffo fue finalmente hallado y detenido en 1985. En el momento que Carla y su abuela se encontraron, la niña -que para entonces contaba ya con 10 años- le dijo: "yo sabía que me estabas buscando". La justicia otorgó a la abuela la guarda provisoria de la niña, pero con fuertes reticencias de los funcionarios, que también la separaron de su "hermano", ya que el juez rechazó el pedido de Sacha Artés de hacerse cargo de ambos niños. Durante estas tramitaciones, en 1987 se aprobó la Ley de Obediencia Debida, presentada por el presidente Raúl Alfonsín, restringiendo la posibilidad de perseguir a la mayor parte de los represores. Como consecuencia de la misma Ruffo, el secuestrador de Carla y asesino de su madre, quedó en libertad sin culpa ni cargo, mientras que Carla quedaba impedida de salir del país, por falta de los documentos que establecían su verdadera filiación. Su abuela tomó entonces la decisión de emigrar con la niña de la Argentina, para radicarse desde ese momento en España, donde Carla tomó el apellido de su abuela.
En 1984 las Abuelas lograron la restitución de Paula Eva Logares, la primera nieta con quien la Justicia aceptó la validez de la prueba de filiación establecida por medio del índice de abuelidad determinado con los nuevos análisis genéticosdescubiertos a requerimiento de la asociación. 
En 1987 se logró la primera restitución de una niña nacida en cautiverio, Elena Gallinari Abinet, quien había sido inscripta falsamente como propia por un subcomisario de la policía bonaerense y que era en realidad hija de María Leonor Abinet, detenida-desaparecida el 16 de septiembre de 1976, cuando tenía siete meses de embarazo.
En 1989 las Abuelas tuvieron éxito en probar judicialmente que la adopción de Ximena Vicario se había realizado de manera gravemente irregular, logrando que se anulara una adopción plena por primera vez en la historia de la justicia argentina.

Las leyes de impunidad

El Congreso sancionó las leyes de Punto Final en 1986 y Obediencia Debida en 1987, esta última luego de una sublevación militar "carapintada" en el cuartel de Campo de Mayo durante Semana Santa de ese año. Las leyes cerraron la posibilidad de enjuiciar a los responsables de las violaciones de derechos humanos y en particular del secuestro-desaparición de los niños, quedando en libertad cientos de autores de graves violaciones de derechos humanos. El ciclo de las llamadas leyes de impunidad se cerró en 1989 y 1990 con los indultos concedidos por el presidente Carlos Menem.
Las Abuelas, como las demás organizaciones de derechos humanos, se negaron a aceptar un sistema jurídico que impedía investigar y castigar los crímenes de lesa humanidad, y continuaron impulsando los juicios por apropiación de niños. Los casos de niños secuestrados-desaparecidos siempre fueron un problema insoluble para las leyes de impunidad debido a que jurídicamente, no podían "darse por cerrado", en razón de la continuidad y persistencia del delito, así como por la existencia real de esos niños con identidades falsas y las localizaciones de los mismos que las Abuelas continuaban realizando.
En 1997 Abuelas de Plaza de Mayo inició una causa penal sosteniendo que el secuestro de bebés era parte de un plan sistemático impulsado desde el más alto nivel del Estado durante la dictadura. Se trata de uno de los juicios más importantes referidos a violaciones de derechos humanos en la Argentina durante la dictadura. En ella se investiga la apropiación de 194 niños.
En 1998, el subcomisiario Samuel Miara fue condenado a doce años de prisión por la apropiación ilegal de los mellizos Gonzalo y Matías Reggiardo Tolosa, hijos de Juan Reggiardo y María Rosa Tolosa, desaparecidos en 1977, uno de los casos más dramáticos.
Ese mismo año las Abuelas de Plaza de Mayo propusieron incorporar a la Convención sobre los Derechos del Niño el derecho a la identidad que fue incluido en los arts. 7 y 8, conocidos por eso como los artículos argentinos.

Dos décadas. Los chicos se hacen jóvenes: «¿vos sabés quién sos?»

Al cumplir dos décadas en 1997, los nietos desaparecidos ya no eran niños, sino adolescentes y jóvenes, que ya habrían adquirido cierta autonomía en sus vidas, donde sea que se encontraran. Las Abuelas decidieron entonces modificar su línea de acción, para emprender acciones masivas que involucraran a toda la sociedad, con el fin de permitir que los jóvenes con dudas sobre sus orígenes pudieran acercarse libremente y en un ambiente de contención. Simultáneamente la justicia argentina decidió que no se puede obligar a una persona mayor de edad a sacarse sangre para determinar su filiación, con el argumento de que ello afectaría su derecho a la intimidad.
Con ese objetivo, en su 20º aniversario, en octubre de 1997 lanzaron la campaña «¿Vos sabés quién sos?». La campaña se inició con un recital de rock en la Plaza de Mayo, presidido por el cartel y la consigna. También con ese fin, crearon junto a la CONADI, la Red por la Identidad, que se extendió por todo el país promoviendo el derecho a la identidad. Fue el comienzo de una nueva aproximación al problema. Ya no era una cuestión de buscar a sus nietos por medios indirectos; ya era posible dirigirse a ellos directamente. "De hecho, hicieron que una generación entera se preguntara por su historia".
También, junto a las demás organizaciones de derechos humanos, impulsaron los juicios por la verdad, obligando al Estado argentino a seguir investigando, a partir de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lapacó (1999).
En 2000 se estrenó la película documental Botín de guerra, dirigida por David Blaustein, contando la historia de las Abuelas, con un notable éxito de público y obteniendo el "Gran Premio Ecuménico" del Festival de Berlín.
El 24 de marzo de 2004 se recuperó la ESMA para realizar allí un espacio de memoria. En el acto oficial hablaron tres nietos recuperados que habían nacido allí.
En 2006, la conciencia masiva en la sociedad argentina sobre los niños desaparecidos y su búsqueda alcanzó un pico de popularidad cuando una telenovela de gran difusión popular Montecristo, dirigida por Miguel Colom y transmitida por televisión abierta (Telefé), incluyó en su argumento central y en sus protagonistas la presencia de jóvenes nacidos en cautiverio durante la dictadura, que descubren la verdad.
Me di cuenta de que inconscientemente tenía un peso que no percibía. Ahora me siento más completa, más tranquila. Ahora no soy parte de una mentira. (Claudia Poblete).
Tres décadas. Los jóvenes se hacen grandes
En 2007 las Abuelas inspiraron la realización de una miniserie en tres capítulos denominada Televisión por la identidad, con tres historias independientes de niños apropiados, dos de ellas reales (Tatiana y Juan) y la tercera una síntesis de ficción realizada sobre las experiencias de los nietos recuperados. El ciclo tuvo un altísimo rating y debió ser repetido. Ese mismo año una nieta recuperada (Victoria Donda) fue elegida diputada nacional.
Hasta octubre de 2012 las Abuelas han recuperado a 107nietos.

La tarea actual de las Abuelas

Con el fin de localizar los niños desaparecidos, Abuelas de Plaza de Mayo trabajan en cuatro niveles:
reclamos y propuestas ante los organismos gubernamentales nacionales e internacionales;
denuncias y presentaciones ante la Justicia;
acciones destinadas a involucrar a la sociedad;
investigaciones propias.
Para su trabajo, la asociación cuenta con equipos técnicos integrados por profesionales en los aspectos jurídico, médico, psicológico y genético.
Cada uno de los niños que fueron apropiados tiene una causa abierta en la Justicia a la que se agregan las denuncias que se van recibiendo con el correr del tiempo y que conforman elementos probatorios que determinan su verdadera identidad y la de los responsables de su secuestro o tenencia ilícita.
Para asegurar en lo sucesivo la validez de los análisis de sangre han implementado un Banco Nacional de Datos Genéticos, creado por la Ley Nacional Nº 23.511, donde figuran los mapas genéticos de todas las familias que tienen niños desaparecidos.
Las Abuelas actúan en el campo internacional promoviendo normas y acciones internacionales destinadas a proteger a la niñez. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989, incorporó tres artículos (7, 8 y 11) directamente propuestos por ellas con el fin de garantizar el derecho a la identidad.
Desde 2007, las Abuelas integran el directorio de los organismos de Derechos Humanos del Espacio Memoria y Derechos Humanos, en donde funcionara la Escuela de Mecánica de la Armada.