"Apaguen ese televisor, carajo!" Diez y veinte de la noche del lunes 13 de marzo de 1978. La imagen sale de un 20 pulgadas blanco y negro, con el volumen al máximo. De otra manera, era imposible que en el penal de Villa Devoto, los 160 presos abarrotados en el Pabellón 7, con capacidad para 60 personas, pudieran escuchar lo que decía el mecánico naval Jake Holman (Steve McQueen) en El cañolero de Yang-Tsé.
En la película, fetiche que El Mundo del Espectáculo había dado varias veces, Holman era el capo de un buque de guerra yanqui, emblema de la política colonialista norteamericana en China durante los años veinte. Pero más allá de eso, a los presos de Devoto también les interesaba saber si el rubiecito Steve se quedaba con la linda Shirley Eckert (Candice Bergen). Así que, decididamente, ni locos harían caso a la prepoteada del zumbo mandado por el subprefecto Armando Gómez para que desenchufaran el aparato.
En el medio de la discusión, la avanzada del Servicio Penitenciario Federal lo fue a buscar directamente a Jorge Omar Tolosa, bastante respetado en el grupo, y vocero de muchos de los reclamos del pabellón. Hubo cruces de palabras, algunos gritos (después, en la causa judicial armada por el Penal, la frase preferida de los guardias para justificar la carnicería fue "me insultó a viva voz"), pero por esa noche la cosa terminó ahí. En el mismo momento en que comenzaba otra. El mayor operativo de aniquilamiento que la última dictadura militar programó en una cárcel contra presos comunes.
POR QUÉ FUE UN GENOCIDIO. Dentro del aparato represivo instaurado por la dictadura tras el golpe de Estado de 1976, Devoto dependía de la Subzona 4, y orgánicamente del tenebroso Batallón de Arsenales 101. La cárcel era una de las preferidas del régimen, al punto que dos plantas completas estaban atestadas de presas políticas que en un momento sobrepasaron las 1000. El sistema obligaba a los penitenciarios a reportar directamente al Ejército, y basaba su funcionamiento en decretos como el 1209 del '76, o el famoso parte de "aniquilamiento de la subversión" de un año antes, que usaba a los edificios carcelarios como depósitos no sólo de responsables de distintos delitos, sino también de secuestrados "blanqueados" que habían tenido la suerte de no terminar como desaparecidos eternos.
A las 8 y media de la mañana del 14 de marzo, un coronel retirado de apellido Toti, más la plana mayor del Penal, ya habían armado el operativo. El SPF mandó 50 guardias para la requisa, que ese día no fue de rutina sino muchísimo más violenta. Los agentes, más efectivos de Gendarmería, entraron al Pabellón a los gritos y molieron a palos a los detenidos, los hicieron desnudar, correr hasta un patio, y volver a entrar en el rectángulo del Séptimo, donde 160 camastros estaban apiñados en una superficie de 35 metros de fondo por ocho metros de ancho.
El grupo de detenidos, para evitar las patadas y los golpes con las culatas de las ametralladoras, se defendió tirando con lo que tenía a mano: calentadores, vasos de plástico, revistas viejas, alguna pava. Y a la fuerza, empujó a la requisa para afuera del pabellón, cerró las rejas por dentro y tapó la abertura con colchones, improvisando escudos. Uno se prendió fuego, y motivó que el pabellón entero se calcinara a los pocos minutos.
Pero esa no fue la única razón de las 64 muertes, como pretendió vender a los medios el Servicio. Muchos fueron acribillados desde la puerta principal hacia adentro. Y otros cayeron por balazos a la cabeza, mientras trataban de respirar asomados por pequeñas ventanas ubicadas a dos metros de altura, boqueando a causa del gas lacrimógeno y vomitivo disparado desde un balcón superior.
La resistencia fue liderada por varios. Tolosa, claro. Luis María Canosa, uno de los tres presos políticos del grupo, amigo del Indio Solari, y al que el fundador de Los Redondos le dedicara el tema "Toxi Taxi" (Un sueño con Luis María / muerto cuando me decía: / "Cada día veo menos / cada día veo menos, / cada día veo menos, creo, menos mal"). Carlos Pezzola, "El Guampa". Y Horacio, al que Solari también le escribiera Pabellón 7, y cuyo relato sirvió para que Elías Neuman reconstruyera la matanza en su memorable libro Crónica de muertes silenciadas.
MODELO DE CAUSA ARMADA. Por orden de la dictadura, los guardias prohibieron la entrada de los bomberos que llegaron en medio del incendio. En la causa, armada por el SPF a partir de aquella mañana, la autobomba no pudo ingresar al penal, porque en uno de los accesos se le informó que "el problema estaba controlado".
No se buscó la palabra ni de profesionales del Instituto del Quemado, ni de vecinos del barrio (el penal tiene la particularidad de estar sobre la calle, y su contacto con las inmediaciones es directo), ni mucho menos de detenidos en pabellones contiguos, que vieron la represión y olieron el ambiente a carne quemada. Los pocos sobrevivientes que hablaron lo hicieron tirados en una cama del Hospital Alvear, con gendarmes parados en la cabecera, en carácter de "declaración espontánea". Los penitenciarios, en cambio, aportaron a la causa como "declarantes testimoniales", material en base al que se tejió la historia del supuesto motín.
La historia oficial escondió los crímenes desde el principio. El primer parte del Servicio, por ejemplo, sostuvo que el ministro de Justicia, brigadier Julio Gómez, y el juez Guillermo Rivarola, que arrancó con la instrucción de la causa, pudieron comprobar "que los muertos y lesionados lo fueron únicamente como consecuencia de quemaduras y asfixia, no existiendo ninguno con heridas de bala".
Las filas de los atacantes no tuvieron muertos, sólo cinco heridos leves. Uno de ellos, con magulladuras en sus dos manos, se supone que por los golpes dados a los detenidos en el momento en que la guardia asaltó el pabellón.
Rivarola, que se declaró incompetente tres meses después del hecho y derivó la investigación a Jorge Valerga Aráoz como juez instructor, volvió a recibir la carpeta de manos de Valerga, lo que creó un conflicto de competencias. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió en los años ochenta que no había imputados identificados entre los penitenciarios, y dictaminó el "sobreseimiento provisorio".
Una de las versiones del Servicio, después que los presos mencionaran el episodio del televisor como desencadenante del odio genocida, fue que horas antes del fuego "se habían presentado en el pabellón para charlar sobre el episodio ocurrido la noche anterior" con Tolosa, a las 2:45 hs del martes 14. Y que de los disparos, ni uno solo provocó las muertes de los detenidos. Dijeron además que los presos "arrojaron aceite hirviendo", y que los gases comenzaron por orden del oficial Sauvage, debido a la supuesta provocación contra la requisa.
Lo sorprendente fue la palabra del SPF para calmar el escándalo en los medios, ubicando a los presos políticos como "más importantes" y a los comunes en una segunda línea. Dos voceros del Servicio enfrentaron a las cámaras dejando claro que "no existían detenidos por razones políticas entre las bajas", dando a entender que un genocidio a presos comunes no era tan grave, después de todo.
De la esma a yabrán
En el momento del operativo en Devoto, Víctor Hugo Dante Dinamarca era el subjefe de Seguridad Interna del Penal. Fue oficial de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y staff permanente del Centro Clandestino de Detención El Vesubio, donde utilizaba dos alias: Pollo o Chango.
Con la vuelta de la democracia, Dinamarca fue denunciado ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Legajo 3674) por integrar distintos grupos de tareas, organizar secuestros y dirigir seguimientos de militantes y trabajadores.
El libro Don Alfredo, donde Miguel Bonasso teje vida y muerte de Alfredo Yabrán, detalla el ahínco que ponía Dinamarca para "trasladar detenidos" a distintos campos de concentración, colaborar con los vuelos de la muerte y armar listados de gente que tenía las mazmorras de la Escuela de Mecánica de la Armada como destino final de su existencia.
"Allí torturaban –relata Bonasso– junto a los marinos del grupo de tareas 3-3/2, varios colegas y amigos suyos del SPF, gente 'pesada' y de modales un tanto rudos, pero 'muchachos confiables al fin', que él había reclutado para la seguridad e inteligencia del Grupo Yabrán. Entre ellos se contaban el Paco Roberto Naya, otro 'candado' como Dinamarca; Miguel Ángel Caridad, que figuraba como presidente de la recién creada Bridees, y un marino que se les uniría después en los tiempos de las tres Zapram –las empresas que vigilarían, años más tarde, los depósitos fiscales de Ezeiza–: el capitán de fragata retirado Adolfo Miguel Donda Tigel, alias Palito o Gerónimo, a quien 'los subversivos de los derechos humanos' acusaban de haber asesinado a la diplomática Helena Holmberg. Este último era un profesional que alcanzaría sus niveles más altos dentro del Grupo, cuando se conformaron 'Los tres círculos', el aparato de seguridad e inteligencia que Don Alfredo siempre negó poseer."
