Hace unos años las situaciones de “riesgo de exclusión” o “pobreza” se limitaban a determinados estratos sociales. Actualmente, el estado de “precariedad” se extiende con la celeridad que impone la crisis al conjunto del cuerpo social. Aunque con diferencia de grados (afecta sobre todo a mujeres, inmigrantes, jóvenes desempleados y jubilados), la condición de “precario” sustituye en términos generales a la de trabajador asalariado con derechos.
Esta es la tesis central del libro sobre la precariedad que preparan los especialistas en derecho laboral, y autores de “El Huracán Neoliberal” (Ed. Sequitur), Héctor Illueca y Adoración Guamán, que se publicará el próximo mes de enero. Una afirmación categórica recorre el texto, y explica por qué se globaliza la condición de precario: “El mercado ha secuestrado al conjunto de la sociedad”.
No falta información estadística que avale esta hipótesis. Según el informe de Cáritas correspondiente a 2013, tres millones de personas viven en España por debajo del umbral de la pobreza, con menos de 300 euros al mes (esta cifra duplica la de las personas se hallaban en esta situación antes de la crisis). Los datos coinciden con el incremento de millonarios (personas con un patrimonio de al menos 740.000 euros) que, según un informe de Credit Suisse, ha aumentado en el estado español un 13,2% entre mediados de 2012 y la primera mitad de 2013. Según este estudio, el estado español cuenta actualmente con 402.000 millonarios.
Los pronósticos de Intermón Oxfam tampoco resultan halagüeños: España podría tener 20 millones de pobres en el año 2025 (el 40% de la población). Negro sobre blanco, la revista Forbes señala que 30 familias, que acumulan cerca de 30.000 millones de euros, se reparten la mayor parte de la riqueza en el estado español. Además, España, que había acortado la “brecha” en materia de desigualdad con respecto a la Unión Europea (una diferencia de sólo 0,5 puntos en el índice de Gini -coeficiente que mide la desigualdad de ingresos- en 2008), ha visto como se disparan las diferencias a los 4,5 puntos en el año 2012, lo que sitúa al estado español como segundo en términos de desigualdad tras Letonia, según el informe “Desigualdad y Estado Social en España” de la Fundación 1º de Mayo de CCOO.
En su trabajo, Illueca y Guamán abordan los diferentes procesos que apuntalan la precariedad. Señalan, primeramente, la creciente inestabilidad en el empleo, a la que han contribuido las últimas reformas laborales. El abaratamiento del despido, la igualación “por abajo” de contratados fijos y temporales, y la institución de nuevas modalidades de contratación eventual dibujan un horizonte muy claro de inestabilidad en el empleo. Los efectos de la última reforma laboral (febrero de 2012) dejan pocas dudas: la cifra de trabajadores afectados por ERE (despidos colectivos) ha aumentado en un 21,2% en los ocho primeros meses de 2012 (299.021 trabajadores afectados).
Durante los 10 primeros meses de 2012 se registraron, además, 19.599 ERE con invocación de “causas económicas” (un 108,63% más que en el mismo periodo del año anterior). Por tanto, se ha facilitado el despido, también se ha abaratado, y se han difuminado las fronteras entre la contratación temporal e indefinida. Es más, abunda Adoración Guamán, “se cuestiona el carácter fijo e inamovible de la ocupación de los funcionarios; de entrada, la última reforma laboral ya permite expedientes de regulación de empleo para el personal laboral de las administraciones públicas”.
Además del empleo “inestable”, Illueca y Guamán señalan un segundo proceso de precarización: la modificación de las jornadas laborales y de las funciones que se desarrollan en el centro de trabajo, por un lado; y, además, las rebajas salariales (otro de los grandes objetivos de las últimas reformas laborales). En todo caso, los números avalan la hipótesis de los autores. La encuesta trimestral del coste laboral correspondiente al tercer trimestre de 2012 (con la última reforma laboral ya en vigor) situó el coste salarial total (incluida la seguridad social) por trabajador en 1.805,63 euros, un 7% menos que en el segundo trimestre de 2012 (1.939,73 euros). En el sector público, los funcionarios acumulan varios años de salarios congelados, tras el recorte del 5% aprobado en 2010. Según el informe “Desigualdad y estado social en España”, entre los años 2008 y 2012, los salarios han perdido 3,8 puntos porcentuales, y han pasado de una participación del 57,1% del PIB a sólo el 53,3%.
La “individualización” de las relaciones laborales (entre empresario y trabajador) ahondan en el mismo escenario de precariedad, apuntan Héctor Illueca y Adoración Guamán. De hecho, “a los sindicatos se les ha expulsado del marco de relaciones laborales en el estado español”, agregan (“La última reforma laboral revienta la negociación colectiva, ya que les otorga el poder en la misma a los empresarios”). Los autores explican que en las pequeñas empresas (el 95% de las empresas españolas cuentan con menos de 50 empleados), donde el sindicalismo es prácticamente inexistente, ya no obligará el convenio de sector; la negociación colectiva se dará, por tanto, en el marco de la empresa, entre el empresario y el trabajador. De manera “individualizada” y con un desequilibrio en la correlación de fuerzas más que evidente.
Recortes en servicios públicos, aumento de las tasas en la educación, “repagos” sanitarios, reducción de las prestaciones por desempleo y de las pensiones representan otro vector de la precariedad. “Bienes y servicios que anteriormente prestaba el estado ahora se deben costear en el mercado con el salario directo”, explican Illueca y Guamán. Dicho de otro modo, “pasamos del llamado Estado de Bienestar a lo que Ulrich Beck ha denominado la sociedad del riesgo”. En todo caso, la precarización del cuerpo social no es algo inocente ni azaroso, ni depende de un contexto de crisis. Según los autores, “se trata de una poderosa herramienta de control social, que produce (y esto es decisivo) parálisis y miedo; para pensar en un horizonte de liberación humana, la gente ha de tener perspectivas a largo plazo; esto resulta imposible en un mundo precario y en el que prima la lucha por la subsistencia cotidiana”.
Pintado el tenebroso mural, ¿Qué alternativas desarrollarán los autores en el próximo libro? Matizan, de entrada, que las propuestas se inscriben en el ámbito del Derecho Laboral, y que son “de mínimos”, un “punto de partida”. Plantean primeramente un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que aumentaría sustancialmente al pasar de los actuales 645 euros a 1.000 euros.
Una segunda idea para mitigar la precariedad es el reparto del trabajo y la reducción de la jornada laboral. La medida (más o menos inspirada en el modelo de 35 horas semanales, que en Francia impulsó el primer ministro socialista Lionel Jospin) se implantaría por ley, pero de modo flexible y recogiendo la casuística y los matices de cada empresa. De ahí la importancia que se le otorgaría a la negociación entre empresario y sindicatos. La iniciativa reservaría, asimismo, significativas funciones de control a la inspección de trabajo.
Por último, Héctor Illueca y Adoración Guamán proponen el incremento de la prestación por desempleo y plantean una renta garantizada de ciudadanía, con el fin de atenuar las diferencias entre trabajadores contratados y desempleados (con o sin derecho a prestación). “Actualmente, las diferencias salariales globales son muy considerables”, apunta el informe “Desigualdad y estado social en España”: El 10% de la población trabajadora con salario más elevado percibe unas retribucioens cinco veces superiores a las del 10% de la población con salarios más bajos. Pero más allá de estas propuestas paliativas, “se trata de combatir la precariedad que se proyecta sobre el conjunto de una población secuestrada por el mercado; una precariedad que se impone como modelo sustitutorio del empleo asalariado”, concluyen los autores.
