Dos portales y una antena: una misma comunidad

La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca acaba de dar un buen tirón de orejas a una comunidad de vecinos que se creía con todos los derechos de instalar una antena si pedir permiso a sus vecinos. La noticia aparecida este domingo en el Diario de Mallorca, señala que, aunque los distintos portales del mismo inmueble funcionaban de forma separada, legalmente seguían siendo una misma comunidad. Y, por tanto, la votación debería haber contado con su presencia. Asimismo, la sentencia señala el derecho a veto de los propietarios directamente afectados: en este caso los vecinos colindantes del mismo inmueble.

Por otro lado, informar que en Vitoria-Gasteiz un grupo de vecinos de 20 portales (fuente: Diario Noticias de Álava), que viven cerca de una antena, alegan problemas de salud como dolores de cabeza, problemas para dormir y otros problemas más serios. Coinciden en bastantes afecciones que el jefe de Sección de Investigación en Salud Pública en el Hospital Universitario La Fe de Valencia ha presentado el mismo día, como resultado de una investigación (fuente: Siglo XXI). El estudio abarcó a 97 personas de ambos sexos de edades entre los 14 y 81 años y una media de 39 años.

Estos resultados de un grupo científico contrastan bastante con los comentarios de otros científicos, y es ahí donde queremos incidir. Existe INCERTIDUMBRE científica y, por lo tanto, es aconsejable aplicar medidas preventivas hasta que exista consenso y unanimidad en el campo científico. No se puede obviar que hay personas que están sufriendo y pasándolo mal, y que no todos tienen que tener enfermedades psicosomáticas. Que existe gente aprensiva, de acuerdo. Pero, ¿tantos y en lugares tan diferentes?.

Señores de la Administración, hagan el favor de estudiar seriamente el impacto sobre la salud (principalmente de las bajas frecuencias), y no se basen sólo en una nota de la OMS. La propia OMS es la que dice que esta tecnología no está exenta de riesgos y hay que seguir estudiando. El comité ICNIRP sobre el que se basan casi todos los países europeos, dice que, los niveles de radiación máximos que proponen, puede que no protejan a niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas.