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El "Motín de los Colchones"


"Apaguen ese televisor, carajo!" Diez y veinte de la noche del lunes 13 de marzo de 1978. La imagen sale de un 20 pulgadas blanco y negro, con el volumen al máximo. De otra manera, era imposible que en el penal de Villa Devoto, los 160 presos abarrotados en el Pabellón 7, con capacidad para 60 personas, pudieran escuchar lo que decía el mecánico naval Jake Holman (Steve McQueen) en El cañolero de Yang-Tsé. 
En la película, fetiche que El Mundo del Espectáculo había dado varias veces, Holman era el capo de un buque de guerra yanqui, emblema de la política colonialista norteamericana en China durante los años veinte. Pero más allá de eso, a los presos de Devoto también les interesaba saber si el rubiecito Steve se quedaba con la linda Shirley Eckert (Candice Bergen). Así que, decididamente, ni locos harían caso a la prepoteada del zumbo mandado por el subprefecto Armando Gómez para que desenchufaran el aparato. 
En el medio de la discusión, la avanzada del Servicio Penitenciario Federal lo fue a buscar directamente a Jorge Omar Tolosa, bastante respetado en el grupo, y vocero de muchos de los reclamos del pabellón. Hubo cruces de palabras, algunos gritos (después, en la causa judicial armada por el Penal, la frase preferida de los guardias para justificar la carnicería fue "me insultó a viva voz"), pero por esa noche la cosa terminó ahí. En el mismo momento en que comenzaba otra. El mayor operativo de aniquilamiento que la última dictadura militar programó en una cárcel contra presos comunes.

POR QUÉ FUE UN GENOCIDIO. Dentro del aparato represivo instaurado por la dictadura tras el golpe de Estado de 1976, Devoto dependía de la Subzona 4, y orgánicamente del tenebroso Batallón de Arsenales 101. La cárcel era una de las preferidas del régimen, al punto que dos plantas completas estaban atestadas de presas políticas que en un momento sobrepasaron las 1000. El sistema obligaba a los penitenciarios a reportar directamente al Ejército, y basaba su funcionamiento en decretos como el 1209 del '76, o el famoso parte de "aniquilamiento de la subversión" de un año antes, que usaba a los edificios carcelarios como depósitos no sólo de responsables de distintos delitos, sino también de secuestrados "blanqueados" que habían tenido la suerte de no terminar como desaparecidos eternos.
A las 8 y media de la mañana del 14 de marzo, un coronel retirado de apellido Toti, más la plana mayor del Penal, ya habían armado el operativo. El SPF mandó 50 guardias para la requisa, que ese día no fue de rutina sino muchísimo más violenta. Los agentes, más efectivos de Gendarmería, entraron al Pabellón a los gritos y molieron a palos a los detenidos, los hicieron desnudar, correr hasta un patio, y volver a entrar en el rectángulo del Séptimo, donde 160 camastros estaban apiñados en una superficie de 35 metros de fondo por ocho metros de ancho. 
El grupo de detenidos, para evitar las patadas y los golpes con las culatas de las ametralladoras, se defendió tirando con lo que tenía a mano: calentadores, vasos de plástico, revistas viejas, alguna pava. Y a la fuerza, empujó a la requisa para afuera del pabellón, cerró las rejas por dentro y tapó la abertura con colchones, improvisando escudos. Uno se prendió fuego, y motivó que el pabellón entero se calcinara a los pocos minutos.
Pero esa no fue la única razón de las 64 muertes, como pretendió vender a los medios el Servicio. Muchos fueron acribillados desde la puerta principal hacia adentro. Y otros cayeron por balazos a la cabeza, mientras trataban de respirar asomados por pequeñas ventanas ubicadas a dos metros de altura, boqueando a causa del gas lacrimógeno y vomitivo disparado desde un balcón superior.
La resistencia fue liderada por varios. Tolosa, claro. Luis María Canosa, uno de los tres presos políticos del grupo, amigo del Indio Solari, y al que el fundador de Los Redondos le dedicara el tema "Toxi Taxi" (Un sueño con Luis María / muerto cuando me decía: / "Cada día veo menos / cada día veo menos, / cada día veo menos, creo, menos mal"). Carlos Pezzola, "El Guampa". Y Horacio, al que Solari también le escribiera Pabellón 7, y cuyo relato sirvió para que Elías Neuman reconstruyera la matanza en su memorable libro Crónica de muertes silenciadas.



MODELO DE CAUSA ARMADA. Por orden de la dictadura, los guardias prohibieron la entrada de los bomberos que llegaron en medio del incendio. En la causa, armada por el SPF a partir de aquella mañana, la autobomba no pudo ingresar al penal, porque en uno de los accesos se le informó que "el problema estaba controlado".
No se buscó la palabra ni de profesionales del Instituto del Quemado, ni de vecinos del barrio (el penal tiene la particularidad de estar sobre la calle, y su contacto con las inmediaciones es directo), ni mucho menos de detenidos en pabellones contiguos, que vieron la represión y olieron el ambiente a carne quemada. Los pocos sobrevivientes que hablaron lo hicieron tirados en una cama del Hospital Alvear, con gendarmes parados en la cabecera, en carácter de "declaración espontánea". Los penitenciarios, en cambio, aportaron a la causa como "declarantes testimoniales", material en base al que se tejió la historia del supuesto motín.
La historia oficial escondió los crímenes desde el principio. El primer parte del Servicio, por ejemplo, sostuvo que el ministro de Justicia, brigadier Julio Gómez, y el juez Guillermo Rivarola, que arrancó con la instrucción de la causa, pudieron comprobar "que los muertos y lesionados lo fueron únicamente como consecuencia de quemaduras y asfixia, no existiendo ninguno con heridas de bala".
Las filas de los atacantes no tuvieron muertos, sólo cinco heridos leves. Uno de ellos, con magulladuras en sus dos manos, se supone que por los golpes dados a los detenidos en el momento en que la guardia asaltó el pabellón.
Rivarola, que se declaró incompetente tres meses después del hecho y derivó la investigación a Jorge Valerga Aráoz como juez instructor, volvió a recibir la carpeta de manos de Valerga, lo que creó un conflicto de competencias. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió en los años ochenta que no había imputados identificados entre los penitenciarios, y dictaminó el "sobreseimiento provisorio". 
Una de las versiones del Servicio, después que los presos mencionaran el episodio del televisor como desencadenante del odio genocida, fue que horas antes del fuego "se habían presentado en el pabellón para charlar sobre el episodio ocurrido la noche anterior" con Tolosa, a las 2:45 hs del martes 14. Y que de los disparos, ni uno solo provocó las muertes de los detenidos. Dijeron además que los presos "arrojaron aceite hirviendo", y que los gases comenzaron por orden del oficial Sauvage, debido a la supuesta provocación contra la requisa.
Lo sorprendente fue la palabra del SPF para calmar el escándalo en los medios, ubicando a los presos políticos como "más importantes" y a los comunes en una segunda línea. Dos voceros del Servicio enfrentaron a las cámaras dejando claro que "no existían detenidos por razones políticas entre las bajas", dando a entender que un genocidio a presos comunes no era tan grave, después de todo.  
De la esma a yabrán

En el momento del operativo en Devoto, Víctor Hugo Dante Dinamarca era el subjefe de Seguridad Interna del Penal. Fue oficial de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y staff permanente del Centro Clandestino de Detención El Vesubio, donde utilizaba dos alias: Pollo o Chango.
Con la vuelta de la democracia, Dinamarca fue denunciado ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Legajo 3674) por integrar distintos grupos de tareas, organizar secuestros y dirigir seguimientos de militantes y trabajadores. 
El libro Don Alfredo, donde Miguel Bonasso teje vida y muerte de Alfredo Yabrán, detalla el ahínco que ponía Dinamarca para "trasladar detenidos" a distintos campos de concentración, colaborar con los vuelos de la muerte y armar listados de gente que tenía las mazmorras de la Escuela de Mecánica de la Armada como destino final de su existencia.
"Allí torturaban –relata Bonasso– junto a los marinos del grupo de tareas 3-3/2, varios colegas y amigos suyos del SPF, gente 'pesada' y de modales un tanto rudos, pero 'muchachos confiables al fin', que él había reclutado para la seguridad e inteligencia del Grupo Yabrán. Entre ellos se contaban el Paco Roberto Naya, otro 'candado' como Dinamarca; Miguel Ángel Caridad, que figuraba como presidente de la recién creada Bridees, y un marino que se les uniría después en los tiempos de las tres Zapram –las empresas que vigilarían, años más tarde, los depósitos fiscales de Ezeiza–: el capitán de fragata retirado Adolfo Miguel Donda Tigel, alias Palito o Gerónimo, a quien 'los subversivos de los derechos humanos' acusaban de haber asesinado a la diplomática Helena Holmberg. Este último era un profesional que alcanzaría sus niveles más altos dentro del Grupo, cuando se conformaron 'Los tres círculos', el aparato de seguridad e inteligencia que Don Alfredo siempre negó poseer."     

Las Abuelas de Plaza de Mayo


La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo es una organización de derechos humanos argentina que tiene como finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños secuestrados-desaparecidos por la última dictadura militar (1976-1983), crear las condiciones para prevenir la comisión de ese crimen de lesa humanidad y obtener el castigo correspondiente para todos los responsables. Está presidida por Estela Barnes de Carlotto y tiene su sede central en Buenos Aires. Hasta octubre de 2012 las Abuelas han recuperado la identidad original de 107 nietos. Han sido nominadas en cinco ocasiones al Premio Nobel de la Paz: entre el 2008 y el 2012. El 14 de septiembre de 2011 recibieron el premio Félix Houphouët-Boigny, otorgado por la Unesco, por su trabajo en materia de Derechos Humanos.  

Apropiación de menores en la dictadura argentina 

La dictadura militar instaurada en la Argentina el 24 de marzo de 1976, autodenominada como Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), estableció una metodología de eliminación masiva de opositores, que ha sido considerada judicialmente como un genocidio,  durante el cual fueron detenidas-desaparecidas miles de personas, con utilización en gran escala de centros clandestinos de detención (CCD) donde se procedía a su tortura, asesinato y desaparición de los cuerpos. 
En ese contexto los hijos de las detenidos-desaparecidos fueron tratados por las fuerzas represivas como "botín de guerra",  para lo cual se planificó detalladamente, incluso por escrito, un sistema de detención de embarazadas, partos clandestinos, falsificación de identidades y simulación de adopciones, con el fin de apropiarse de los niños. De esa manera alrededor de quinientos niños fueron apropiados y privados de su identidad, y en muchos casos llevados a vivir con personas que creían sus padres y que en realidad fueron autores, partícipes o encubridores del asesinato de sus verdaderos padres. 
Reteniendo a los niños nacidos en cautividad y entregándolos posteriormente como «botín de guerra» se afirmaba el poder del Estado Patriarcal Militar sobre un aspecto característico de la identidad femenina, la maternidad. Con la supresión de la madre, se quebranta el lazo humano fundamental, y esto robustece la creencia de que el Estado Militar controla todo sin oposición. Ser capaz de atacar a la vida en sus propias raíces muestra al poder militar como absoluto e inmutable. Esta «reorganización», considerada necesaria por los militares para «salvar» a la sociedad argentina, exigía que los hijos de los «subversivos» fueron apartados de los suyos para ser otorgados a «buenas familias» (por ej.: de militares o de clase alta) (Suárez - Orozco, 1987). Ramón Camps, Jefe de Policía de la Prov. de Buenos Aires donde cantidades de niños/as fueron secuestrados/as, decía; «...Personalmente yo no eliminé a ningún/a chico/a, lo que hice fue dar algunos/as a organizaciones benéficas para que les encontraran nuevos padres. Los subversivos educan a sus hijos en la subversión. Por ello esto debía detenerse». (citado por Barki, 1988 p. 241). 

El inicio de las Abuelas de Plaza de Mayo

El golpe de estado del 24 de marzo de 1976 estableció un régimen terrorista que tuvo como eje la desaparición forzada de los opositores y la imposición de un sentimiento generalizado de miedo destinado a paralizar cualquier reclamo; el sólo hecho de preguntar por el paradero de un familiar detenido-desaparecido era riesgoso y podía resultar a su vez en la detención-desaparición propia. En ese momento la situación de indefensión e impotencia de los familiares de las personas desaparecidas era extrema, ya que ninguna democracia del mundo, ni la Iglesia Católica, de gran influencia en el país, o las organizaciones internacionales humanitarias, estaba dispuesta a condenar al régimen militar y, por el contrario, en algunos casos cooperaban con la represión ilegal. Tampoco era posible recurrir al sistema judicial, ya que los jueces argentinos rechazaban sistemáticamente los recursos de hábeas corpus.

En esas condiciones un grupo de madres, padres y familiares de desaparecidos iniciaron un movimiento de resistencia no violenta.
Tenemos que ir directamente a la Plaza de Mayo y quedarnos allí hasta que nos den una respuesta. 
El 30 de abril de 1977 comenzaron a marchar cada jueves alrededor de la Pirámide de Mayo, en la plaza del mismo nombre, situada frente a la casa de gobierno. Inicialmente se reconocían entre sí llevando un pequeño clavo; luego las mujeres decidieron cubrirse el cabello con un pañal de tela blanco.  El grupo recibió rápidamente el nombre de Madres de Plaza de Mayo y por su sola presencia comenzó a ejercer presión nacional e internacional sobre el destino de las personas que desaparecían en la Argentina. 
Casi al mismo tiempo, el 15 de mayo, María Eugenia Casinelli (consuegra del poeta Juan Gelman) y otras once abuelas firmaban un hábeas corpus colectivo en forma de carta, dirigida a la justicia de Morón, en el que hacían saber la existencia de bebés desaparecidos y solicitaban que se suspendiesen todas las adopciones. La carta ha sido considerada documento histórico y antecedente inmediato de la constitución de las Abuelas de Plaza de Mayo a fines de ese año. Un fragmento de la misma dice:
(…) los bebés de nuestros hijos desaparecidos o muertos en estos últimos dos años. Algunas de estas criaturas han nacido de sus madres en cautiverio. Otra fue sacada de su hogar, que fue destruido. Hasta ahora todos nuestros esfuerzos han sido vanos. Las criaturas no han sido reintegradas a sus hogares, a sus familias. No sabemos ya qué hacer... Últimamente ha llegado a nuestro conocimiento que algunos abuelos han podido localizar a sus nietos en tribunales de menores o por su intermedio. Por eso nos permitimos rogarle quiera tener a bien interesarse en la lista de bebés desaparecidos que adjuntamos, por si ustedes tuvieran noticias de alguno de ellos. 
En septiembre Alicia Zubasnabar de De la Cuadra, "Licha", comenzó a asistir junto con su esposo y Hebe de Bonafini a las rondas de las Madres de Plaza de Mayo, buscando a un hijo, una hija embarazada, su nuera y su yerno. Al mismo tiempo, otra madre-abuela, María Isabel Chorobik de Mariani, "Chicha", había comenzado a buscar a otras madres de desaparecidos que, como ella, tuvieran también nietos pequeños desaparecidos. Mariani había sido impulsada a agruparse con otras abuelas por Lidia Pegenaute, una abogada que se desempeñaba como asesora de menores en los tribunales de La Plata y que le entregó la dirección de Alicia de De la Cuadra para que fuera a verla.  La Dra. Peganaute, fue uno de los casos excepcionales de funcionarios del poder judicial, que colaboraron genuinamente con los familiares de desaparecidos. En los últimos meses del año, Chicha Mariani fue a buscar a Licha de De la Cuadra a su casa de La Plata:
El día que conocí a Alicia ella estaba con un salto de cama rosado y ordenaba su casa. Empezamos a charlar y perdimos la noción del tiempo. Ese día empecé a descubrir lo que realmente estaba pasando y a entender que la búsqueda debía hacerse de otra manera, que no había un solo niño desaparecido sino por lo menos dos. Y si habían dos, ¿cuántos más podrían ser? Por primera vez tuve la horrorosa sensación de que no encontrábamos a los niños porque no nos los querían entregar.
Chicha Mariani 

Ese día Alicia de De la Cuadra invitó a Chicha Mariani a sumarse a la acción que las Madres de Plaza de Mayo estaban preparando con motivo de la visita a la Argentina del Secretario de Estado de los Estados Unidos Cyrus Vance. Simultáneamente, De la Cuadra comenzó a preguntar, entre las Madres de Plaza de Mayo, quienes buscaban también nietos, para comenzar a una acción conjunta destinada a recuperarlos.  El 21 de noviembre las Madres de Plaza de Mayo irrumpieron en la ceremonia oficial para entregarle al alto funcionario estadounidense, cada una un resumen de sus hijos y nietos desaparecidos. Fue la primera vez que estuvieron juntas las doce abuelas consideradas fundadoras. 
Licha (Alicia de De la Cuadra) buscó a las otras abuelas que ya conocía de la Plaza de Mayo, nos reunimos y decidimos empezar a trabajar juntas. Éramos 12 en ese momento. A mi me asombró verlas con tanta serenidad; yo era un guiñapo, un llanto continuo, las veía a ellas tan serenas y decía ’tengo que ser como ellas’. Primero nos dimos a conocer como «Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos». Pero fuimos creciendo, la gente empezó a conocernos y a llamarnos las "Abuelas de Plaza de Mayo".
Chicha Mariani 

Las doce primeras

Las fundadoras de las Abuelas de Plaza de Mayo fueron doce madres-abuelas de desaparecidos, que tenían entonces una edad entre los 50 y los 60 años:
Mirta Acuña de Baravalle
Beatriz H. C. Aicardi de Neuhaus
María Eugenia Casinelli de García Irureta Goyena
Eva Márquez de Castillo Barrios
María Isabel Chorobik de Mariani
Delia Giovanola de Califano
Clara Jurado
Leontina Puebla de Pérez
Raquel Radio de Marizcurrena
Vilma Delinda Sesarego de Gutiérrez
Haydee Vallino de Lemos
Alicia Zubasnabar de De la Cuadra 

Inicialmente adoptaron el nombre de Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos y Alicia de De la Cuadra fue reconocida como la primera presidenta del grupo; en 1980 terminaron aceptando la denominación por la que ya eran conocidas, Abuelas de Plaza de Mayo.
Este subgrupo de Las Madres comprendió que la situación de los niños apropiados por las fuerzas de seguridad, era diferente de la de sus progenitores desaparecidos y que se precisaban estrategias y metodologías específicas para recuperarlos. «Buscar a los nietos sin olvidar a los hijos», fue la consigna que las agrupó. 
Es por la misma época, cabe señalar, que en el grupo de las Madres de la Plaza de Mayo se organizó un subgrupo, el de las Abuelas, madres por partida doble, quienes realizan una tarea esencial respecto de los bebés. Se dedican a los niños que fueron secuestrados junto con sus padres y no han reaparecido, y a las jóvenes que, secuestradas estando embarazadas, se supone han dado a luz en prisión. Es decir que esas madres, por el testimonio que llevan, representan mucho, no solamente para la Argentina, sino para el mundo entero.

Una de las características esenciales de Las Abuelas de Plaza de Mayo, al igual que Las Madres, fue la de organizarse básicamente como grupo de mujeres. Eso no significó que los abuelos, y en general otros varones y mujeres no colaborasen con la Asociación, pero la dirección y la representación recayó siempre sobre mujeres que tenían nietos desaparecidos.
Cuando en los primeros momentos desaparecían las personas y se empezaba a trabajar, en la Plaza de Mayo había hombres, mujeres, jóvenes, un poco de todo. En el caso nuestro es que yo me pude jubilar y dedicarme, pero mi marido tenía que seguir trabajando para mantener la casa. Él me espera, me apoya, me tiene paciencia, me alentaba y me sigue alentando. Pero hay otra cuestión que es la visceral: la de mujer, la de madre, que nos impide dejar de hacer todo lo que tenemos que hacer para seguir buscando. También es cierto que muchos hombres se resintieron en su salud y se murieron. La mayoría de las abuelas son viudas... Y que para los militares el hombre era más peligroso. "¡Déjenlas a esas lloronas viejas locas!, ya se van a cansar...". Si hubieran adivinado que íbamos a persistir para siempre nos hubiesen secuestrado en mayor número.
Estela B. de Carlotto 

La constitución de Las Abuelas de Plaza de Mayo no tuvo un momento preciso ni un acto formal. Fue un proceso de confluencias entre mujeres buscando nietos. Así se formó un núcleo inicial de doce abuelas, que comenzaron a reunirse de manera sistemática, desde fines de 1977. Las Abuelas de Plaza de Mayo han adoptado como fecha de su creación, el sábado 21 de noviembre de 1977; sin embargo ellas mismas aclaran que la fecha es simbólica y que se trató de «un desbarajuste de la memoria» que las llevó a confundir el día en que le entregaron sus notas a Cyrus Vance. 

Actuación durante la dictadura 

Terror local, indiferencia mundial 

Las abuelas se fueron constituyendo progresivamente como una organización. En los primeros meses hubo arduas discusiones entre las Madres de Plaza de Mayo sobre la conveniencia o no de que las abuelas se organizaran formalmente como grupo diferenciado.  Sin embargo la búsqueda de los nietos requería una serie de actividades específicas (recorrida de casas-cuna y orfelinatos, trámites antes los jueces de menores, investigación de los casos de adopción conocidos) que las llevó naturalmente a reunirse, coordinar acciones y, finalmente, a presentarse como Abuelas.
A mediados del año '77, ya éramos muchas en la Plaza, ya caminábamos de a dos o tres alrededor del mástil, cuando una de las actuales Abuelas, Eva (Eva Márquez de Castillo Barrios), era Eva, me pide que me aparte del grupo para conversar sobre los chiquitos nacidos en cautiverio. Porque ya no podíamos buscar a los chiquitos en Tribunales sino que teníamos que buscarlos en Casa Cuna, en orfelinatos, en Jueces de Menores. En la misma forma que Eva me separa a mí, fuimos señalándonos unas con otras las que éramos abuelas porque ya sabíamos que nuestros nietos habían nacido, suponíamos. Y empezaron las reuniones de Abuelas en forma clandestina. ¿Dónde nos reuníamos, cómo nos reuníamos? Empezó siendo, creo que la primerísima vez fue en una confitería que había en un entrepiso en Retiro. Ahí nos juntamos todas. Teníamos un motivo en común para reunirnos que era la búsqueda de nuestros nietos.
Delia Giovanola de Califano 

Comenzaron a reunirse en iglesias o confiterías tradicionales de Buenos Aires, como la “Richmond”, la “London”, “Las Violetas” o el “Tortoni”, aparentando ser mujeres mayores tomando el té o celebrando el cumpleaños de alguna. También mantuvieron algunos encuentros en la parada "El Palenque" del Parque Pereyra Iraola, en la ruta de Buenos Aires hacia La Plata, simulando realizar picnics, en un lugar de esparcimiento masivo popular. Se trataba de personas sin ninguna experiencia en actividades políticas u organizativas, ni conocimientos sobre los mecanismos institucionales nacionales e internacionales, que intentaban actuar prácticamente sin apoyos internos ni externos, en un medio en el que no existía el más mínimo respeto a los derechos humanos.
Éramos simples amas de casa. La mayoría de nosotras nunca había hecho nada fuera de su hogar. Yo ni siquiera sabía como tomar un colectivo (bus) sola. No estaba acostumbrada a salir de mi casa sin mi esposo. Incluso ahora pienso que no podría hacer las cosas que hice.
Haydee de Lemos 

La tarea inicial, como ya venían haciendo las Madres de Plaza de Mayo, fue armar un resumen escrito presentado en carpetas, de cada uno de sus familiares desaparecidos, destacando la condición de embarazada de sus hijas o nueras, o la desaparición de sus nietos. Algunas, que habían recibido noticias sobre el nacimiento de sus nietos, pusieron también las fechas estimadas de nacimiento, el sexo y en algunos casos, los nombres y hasta las fotos de los bebés desaparecidos, para ser presentadas a organizaciones nacionales e internacionales, con el fin de solicitar ayuda humanitaria.
Pero probablemente lo más notable de las Abuelas de Plaza de Mayo haya sido la tarea investigativa directa que encararon y organizaron, para establecer la suerte y paradero de sus nietos. Actuando como si fueran detectives, ellas mismas organizaron sin medios, un sistema de inteligencia coordinado, recorriendo los juzgados de menores, orfelinatos y casas cuna, buscando incoherencias en las adopciones o "nacimientos" extraños de la época, observando a las familias sospechosas de haberse apropiado de sus nietos, tomando fotos de los niños en jardines de infantes y escuelas, etc. Toda esa información era compartida, analizada de manera sistemática en grupo y registrada. Poco a poco comenzaron a recibir también —y siguen recibiendo— denuncias y datos que la población les hacía llegar, como una manera de colaborar en la tarea de ubicación de los pequeños. Las Abuelas (y las Madres) crearon así una amplísima red de recolección informal de datos que llegó hasta los lugares más imprevistos.
Entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977 fueron secuestradas y desaparecidas doce personas vinculadas a la Madres de Plaza de Mayo, entre ellas su fundadora Azucena Villaflor y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet; la mayoría de ellas fueron secuestradas directamente de la Iglesia de la Santa Cruz. En una investigación que llevó décadas, se descubrió que las mismas fueron llevadas a la ESMA, torturadas y arrojadas vivas al mar desde un avión. 
En ese marco la mayoría de los jueces adoptaron una actitud de colaboración con el secuestro y desaparición de los niños y la supresión de su identidad, omitiendo investigar sus orígenes y facilitando las adopciones. En uno de los casos más extremos, la jueza Delia Pons recibió al niño Emiliano Ginés, y aún conociendo la identidad del menor, decidió no informar a la familia sobre su situación y ordenó internarlo en la Casa Cuna donde murió el 1 de septiembre de 1978. 
La jueza Pons, en 1978, expresó a las Abuelas de Plaza de Mayo sus ideas sobre la suerte que debían correr los hijos de los hijos de las personas detenidas-desaparecidas:
Estoy convencida que sus hijos eran terroristas, y terrorista es sinónimo de asesino. A los asesinos yo no pienso devolverles los hijos porque no sería justo hacerlo. No tienen derecho a criarlos. Tampoco me voy a pronunciar por la devolución de los niños a ustedes. Es ilógico perturbar a esas criaturas que están en manos de familias decentes que sabrán educarlos como no supieron hacer ustedes con sus hijos. Sólo sobre mi cadáver van a obtener la tenencia de esos niños.
Delia Pons, Jueza de Menores 

Las Abuelas solicitaron apoyo a todos los líderes de los principales partidos políticos de Argentina, entre ellos Ricardo Balbín de la Unión Cívica Radical, Ítalo Luder del Partido Justicialista y Oscar Alende del Partido Intransigente, quienes en los dos primeros casos evitaron comprometerse atribuyendo la responsabilidad al accionar de los grupos guerrilleros, y en último se negó a recibirlas. 
Ante la evidencia de que se habían anulado todos los procedimientos e instituciones capaces de proteger a los niños, las Abuelas de Plaza de Mayo decidieron recurrir a la ayuda humanitaria internacional. El primer pedido de ayuda humanitaria fue dirigido a la Iglesia Católica. En enero de 1978 las Abuelas le solicitaron al Papa Pablo VI su intervención humanitaria en la cuestión de los bebés desaparecidos; el Papa, sin embargo, no respondió la solicitud ni realizó gestión alguna. Solicitudes similares fueron luego realizadas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Conferencia Episcopal Argentina, UNICEF y la Cruz Roja. En todos los casos esas instituciones guardaron silencio o rechazaron la petición y permanecieron inactivas.

Primeros resultados

En noviembre de 1977 las Abuelas presentaron su petición ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y por primera vez se dio curso al reclamo, dando intervención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ese mismo mes y pese al terror imperante, el tradicional diario de la comunidad británica en la Argentina, el Buenos Aires Herald, dirigido por Robert Cox, publicó una carta de lectores de las Abuelas de Plaza de Mayo, dando a conocer que había niños desaparecidos en el país. Las organizaciones de derechos humanos siempre han reconocido el valor que demostró Cox en aquel momento y la importancia que tuvieron sus publicaciones en un momento en que nadie en el mundo estaba dispuesto a denunciar las violaciones de derechos humanos en la Argentina.  También en abril de 1978, las Abuelas tomaron la costumbre de concurrir a la localidad de San Miguel, en el conurbano de Buenos Aires, donde se realizaban anualmente las reuniones la Conferencia Episcopal Argentina. Durante varios años le otorgaron máxima prioridad a buscar el apoyo de la Iglesia Católica, hasta que finalmente concluyeron que la cúpula de la misma estaba relacionada estrechamente con el gobierno militar y en conocimiento de las apropiaciones ilegales de bebés.  Pocos años después, las Abuelas llegaron a criticar severa y formalmente la actitud de la Iglesia Católica Argentina, en una carta dirigida a la Conferencia Episcopal:
Muchas veces hemos recurrido a ustedes, muchas veces nos hemos acercado a nuestra Iglesia, transidas de dolor e impotencia... Esperábamos algo más que el silencio de nuestra Iglesia, de nuestros Obispos... ¿Alguna vez la Iglesia hablará por esos indefensos niños? ¿O es que a la Iglesia no le importa que hayan desaparecido los niños...?
Abuelas de Plaza de Mayo 

El domingo 5 de agosto de 1978, Día del Niño, apenas un mes después del triunfo en la Copa Mundial de Fútbol jugada en Argentina, el diario La Prensa aceptó publicar la primera solicitada en la que se reclamaba por los niños desaparecidos. El texto, que fuera llamado en Italia el Himno de las Abuelas, fue un factor decisivo para comenzar a movilizar a la opinión pública internacional:
Apelamos a las conciencias y a los corazones, de las personas que tengan a su cargo, hayan adoptado o tengan conocimiento de dónde se encuentran nuestros nietitos desaparecidos, para que en un gesto de profunda humanidad y caridad cristiana restituyan esos bebés al seno de las familias que viven la desesperación de ignorar su paradero. Ellos son los hijos de nuestros hijos desaparecidos o muertos en estos últimos dos años. Nosotras, Madres-Abuelas, hacemos hoy público nuestro diario clamor, recordando que la Ley de Dios ampara lo más inocente y puro de la Creación. También la ley de los hombres otorga a esas criaturas desvalidas el más elemental derecho: el de la vida, junto al amor de sus abuelas que las buscan día por día, sin descanso, y seguirán buscándolas mientras tengan un hálito de vida. Que el Señor ilumine a las personas que reciben las sonrisas y caricias de nuestros nietitos para que respondan a este angustioso llamado a sus conciencias.

Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos

También en agosto de 1978 las Abuelas salieron por primera vez de la Argentina, aprovechando que Chicha Mariani debía viajar a Italia por razones familiares. Debido a que Mariani tenía en Roma un pequeño apartamento vacío, las Madres de Plaza de Mayo, también aprovecharon la ocasión, para dirigirse a Roma, permaneciendo todas juntas. Allí se entrevistaron con el diputado socialista Sandro Pertini y el cardenal argentino Eduardo Pironio, con escasas consecuencias.  Hasta 1985 realizaron en total unos 40 viajes, casi sin recursos; ellas mismas han relatado que, para todo un viaje, podían contar con unos 200 dólares. 
El 18 de noviembre de 1978 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en el Caso 2553, sobre la desaparición de Clara Anahí Mariani, nieta de Chicha Mariani, resolviendo que los hechos denunciados constituían "gravísimas violaciones al derecho a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona y al derecho de protección contra la detención arbitraria" y que el gobierno debía devolver la niña Clara Anahí a su familia, disponer de inmediato una investigación completa e imparcial para determinar la autoría y sancionar a los responsables, debiendo informar a la Comisión en 30 días. 
Uno de los primeros y más importantes resultados de los viajes internacionales, fue la relación que establecieron con el Comité de Defensa de los Derechos Humanos para los Países del Cono Sur (CLAMOR), dependiente del Arzobispado de São Paulo y dirigida por el cardenal Paulo Evaristo Arns. Aunque Brasil también se encontraba gobernado por una dictadura, coordinada con las demás dictaduras sudamericanas por medio del Plan Cóndor, la Arquidiócesis de São Paulo, adoptó una posición humanitaria activa frente a la violación de derechos humanos en la región. Precisamente, el 31 de julio de 1979, CLAMOR, con la colaboración de las Abuelas de Plaza de Mayo, localizó por primera vez a dos niños desaparecidos, los hermanos Anatole y Victoria Julien Grisonas, de nacionalidad uruguaya y argentina respectivamente, secuestrados en Buenos Aires por militares argentinos y uruguayos y trasladados primero a Montevideo y luego a Chile, por entonces bajo la dictadura de Pinochet, régimen que también coordinaba las acciones terroristas internacionales a través del Plan Cóndor. Los niños habían sido abandonados en una plaza de Valparaíso y adoptados de buena fe por una familia chilena. Las Abuelas se reunieron con la familia adoptiva, verificaron su honestidad y aceptaron que los niños permanecieran con sus padres adoptivos en estrecho contacto con su familia biológica. 
Las Abuelas también tomaron contacto con Amnistía Internacional, que se mostró inmediatamente receptiva, realizando campañas y brindándoles apoyo organizativo y financiero. Una de sus primeras actividades fue el impulso de un petitorio internacional por los niños desaparecidos que reunió 14.000 firmas, incluyendo personalidades de gran renombre como Simone de Beauvoir, Costa Gavras y Eugène Ionesco. Poco a poco organizaciones de derechos humanos en todo el mundo difundían la situación de los niños desaparecidos en la Argentina. 
El 6 de septiembre de 1979, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA se instaló durante catorce días en la Argentina para examinar la situación de los derechos humanos en el país. La visita es recordada muchas veces por la tristemente célebre propaganda oficial con la que el gobierno militar intentó desprestigiarla, utilizando el lema «los argentinos somos derechos y humanos», concebido por la conocida consultora estadounidense Burson-Marsteller (BM), con el fin de obstaculizar las denuncias internacionales por violaciones de derechos humanos. 
Las Abuelas le aportaron a la CIDH 5.566 casos documentados de desapariciones, a pesar de las condiciones represivas en las que debían desarrollar sus actividades. El 14 de diciembre la CIDH presentó un extenso informe en el que por primera vez, un organismo oficial cuestionaba a la dictadura argentina por las "numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos", estableciendo el deber del gobierno argentino de informar sobre cada una de las personas desaparecidas. En su informe, la CIDH también dio cuenta de "la desaparición de recién nacidos, infantes y niños, situación ésta en que la Comisión ha recibido varias denuncias", ubicando como caso testigo el de Clara Anahí Mariani. 
Las relaciones internacionales de las Abuelas, llevadas adelante principalmente por Chicha Mariani y Estela de Carlotto (quien se sumara en 1978), resultaron muy exitosas y constituyeron un elemento importante de su éxito como organización. A comienzos de la década del 80, ya recibían apoyo financiero y organizativo del Consejo Mundial de Iglesias, la Organización Católica Canadiense para el Desarrollo y la Paz, el Entraide Protestante Suisse (HEKS), la Organización Terre des Hommes, el Folke Kirkens NOD-HJELP de Dinamarca, el Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement de Francia, el Rädda Barnen de Estocolmo, iglesias protestantes noruegas, y municipios, comunidades religiosas y ciudades de Alemania. 

Tatiana y Laura 

A comienzos de 1980, CLAMOR le abrió a las Abuelas sus archivos secretos, con gran cantidad de información sobre los desaparecidos en la Argentina, los represores, los centros clandestinos de detención, nacimientos clandestinos, etc., datos y precisiones que resultaron de vital importancia para todas las organizaciones de derechos humanos. La información fue ingresada a la Argentina por Chicha Mariani y Estela de Carlotto, oculta en bombones brasileños y ropa usada de mujeres mayores, adoptando intencionalmente el estereotipo de "viejas tontas" para superar los controles policiales.
Los documentos de CLAMOR confirmaban las sospechas sobre los partos clandestinos de mujeres detenidas-desaparecidas y el destino de sus hijos. Los testimonios de sobrevivientes también daban cuenta que las mujeres embarazadas solían ser torturadas. El caso del matrimonio Vaccaro fue uno de los primeros a los que tuvieron acceso:
Tito y Marta Vaccaro fueron secuestrados en noviembre de 1978 y llevados al campo clandestino de detención “El Olimpo”, ubicado en Ramón Falcón y Olivera, Floresta, Capital Federal. Tenían 20 años y ella estaba en avanzado estado de embarazo. Apenas llegaron los obligaron a desvestirse en medio de golpes y manoseos. A Marta la amenazaron con provocarle un aborto. Le explicaban que no la torturarían por su embarazo pero la forzaban a presenciar la tortura de su esposo. Otro día la ataron a la mesa de tortura y le pegaron con palos y cadenas. En otra sesión ataron juntos al matrimonio en la mesa de torturas, desnudos. Les aplicaron golpes y picana eléctrica simultáneamente. Marta casi no podía moverse. Su cuerpo y su rostro mostraban las huellas del tormento. Nunca fue controlada por un médico. “Ninguno de nosotros podía explicarse cómo logró salvar su embarazo”, relató después un liberado. El bebé de Marta nació en enero de 1979, nada se sabe de él ni de su madre desde entonces. 
El 19 de marzo de 1980, cuando aún gobernaba la dictadura, las Abuelas localizaron otras dos nietas, las primeras en ser recuperadas directamente por ellas, Tatiana Ruarte Britos y su hermana Laura Jotar Britos, quienes habían quedado abandonadas en una plaza del Gran Buenos Aires luego de que su madre fuera secuestrada-desaparecida, y terminaron siendo adoptadas legítimamente por el matrimonio Sfiligoy, quienes jugaron un papel muy importante en la recuperación de la identidad de la niñas, una actitud no habitual en la mayoría de los casos. 
También en 1980 Chicha Mariani reconoció a una nieta desaparecida, Paula Logares, en una foto que llegó anónimamente a CLAMOR, en la que la niña aparecía frente al Obelisco de Buenos Aires; la foto estaba acompañada de un informe en la que se indicaba el nombre que estaba usando la niña y la dirección aproximada en donde vivía. La Abuelas iniciaron entonces un seguimiento e investigación en condiciones de riesgo extremo, que les permitió localizar a la niña y establecer con certeza su identidad. Con esos datos, Paula Logares sería la primera niña restituida por la justicia argentina una vez restablecida la democracia. 
Ese mismo año el activista de derechos humanos argentino Adolfo Pérez Esquivel recibió el Premio Nobel de la Paz, consolidando y brindando mayor cobertura para la acción de las organizaciones de derechos humanos. 
El 9 y 10 de diciembre de 1981, las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo organizaron la Primera Marcha de la Resistencia, que consistió en extender por 24 horas la ronda semanal. Iniciaron la misma unas setenta madres y abuelas, rodeadas de policías, que marcharon toda la noche, bajo la lluvia y sin luz, ya que el gobierno militar había mandado cortar la iluminación pública en la plaza. A la mañana siguiente casi tres mil personas y otras organizaciones de derechos humanos se sumaron, incluido el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Cumplidas las 24 horas, la manifestación marchó por Avenida de Mayo hacia la Avenida 9 de Julio, coreando consignas, entre ellas una de las que se volverían más emblemáticas en las luchas por los derechos humanos de los siguientes años: "los desaparecidos, que digan dónde están". Fue la primera vez también que la prensa argentina cubrió con amplitud la acción de las organizaciones de derechos humanos. Esa fue la primera de una serie de marchas por los derechos humanos que se repetirían desde entonces, durante las siguientes décadas, agrupando a decenas de miles de personas y que en conjunto constituyen, la mayor movilización popular en las calles de la historia argentina reciente. 

Derrumbe de la dictadura 

La creciente movilización de los sectores políticos, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos en 1981 y comienzos de 1982, comenzó a debilitar a la dictadura militar. En ese contexto el gobierno militar tomó la decisión de ocupar las Islas Malvinas, el 2 de abril de 1982, acción que llevaría a la Guerra contra Gran Bretaña y a una derrota tres meses después, que hizo colapsar al régimen y obligó a los militares a iniciar una retirada desordenada del poder, sin condicionamientos, llamando a elecciones para octubre de 1983.
En ese período las Abuelas comenzaron a prepararse para las nuevas posibilidades de investigación que abriría la democracia. Entre 1980 y 1983 habían localizado a cuatro niños desaparecidos (los hermanos Julien Grisonas y las hermanas Ruarte Britos y Jotar Britos), en ambos casos adoptados de buena fe por familias que colaboraron en la restitución de su identidad.
Pero la posibilidad de abrir investigaciones judiciales dentro de un estado de derecho, tanto para descubrir a los culpables como para identificar a los niños desaparecidos, implicaba enfrentar problemas inéditos en la experiencia internacional. En ese momento no existían métodos científico para determinar positivamente la filiación, y los existentes -basados en los tipos de sangre- sólo servían como prueba negativa, es decir para descartar una relación biológica entre dos personas, pero no para demostrarla.
Las Abuelas tomaron entonces la iniciativa de recurrir a los científicos de punta para desarrollar alguna técnica que pudiera determinar sin dudas, la filiación de una persona en ausencia de sus padres. En esa búsqueda recurrieron a laSociedad Americana para el Avance de la Ciencia de los Estados Unidos, donde les respondieron: «lo que piden es posible, pero nunca se hizo: vamos a investigar». El resultado fue la creación del índice de abuelidad, que llegó a alcanzar un 99,99% de certeza sobre la filiación de una persona, desarrollado por los científicos Mary-Claire King y Cristian Orrego. 

La acción de las Abuelas al recuperarse la democracia 

El 10 de diciembre de 1983 el país recuperó la democracia al asumir el presidente Raúl Alfonsín y los demás representantes electos por la población. Se abrió entonces un complejo panorama de investigación y enjuiciamiento de loscrímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, incluyendo el enjuiciamiento y condena de varios integrantes de las juntas militares, y al mismo tiempo de presiones y levantamientos militares para cerrar las investigaciones, que tuvieron éxito con las llamadas leyes de impunidad sancionadas entre 1986 y 1990.
Pensábamos que el Estado se iba a hacer cargo de recomponer la situación y que nosotras íbamos a ser colaboradoras indirectas. Fuimos de una ingenuidad muy grande. Y finalmente nos dimos cuenta de que teníamos que seguir siendo las actrices principales en la búsqueda.
Estela de Carlotto 

El caso de Carla Artés y su abuela Sacha Artés Company es demostrativo de las dificultades y pormenores que se presentaron en ese momento. A fines de 1983, ni bien establecido el gobierno democrático, Abuelas de Plaza de Mayo recibió una información anónima que le permitió a una de las abuelas, "Sacha" Artés Company, localizar a su nieta secuestrada-desaparecida, Carla Artés. Carla se encontraba en poder de Eduardo Ruffo, un agente de inteligencia que había integrado la Triple A y luego se desempeñó como vicejefe del centro clandestino de detención "Automotores Orletti". Había sido secuestrada en Bolivia, junto a su madre Graciela Rutilo Artes -la hija de Sacha- y su padre Enrique López, cuando contaba con diez meses de edad. Luego de que su padre fuera asesinado y debido a la presión internacional, los militares bolivianos entregaron oficialmente a los militares argentinos, a Carla y a su madre. Ambas fueron enviadas a "Automotores Orletti", donde la niña fue apropiada por el subjefe del centro, luego de que éste participara del asesinato de su madre. Carla fue criada por este hombre y su esposa, junto a otro niño secuestrado-desaparecido, en calidad de hermano. El 15 de febrero de 1984 las Abuelas de Plaza de Mayo realizaron la denuncia penal, pero para entonces Ruffo se había fugado con su esposa y los niños. Ruffo fue finalmente hallado y detenido en 1985. En el momento que Carla y su abuela se encontraron, la niña -que para entonces contaba ya con 10 años- le dijo: "yo sabía que me estabas buscando". La justicia otorgó a la abuela la guarda provisoria de la niña, pero con fuertes reticencias de los funcionarios, que también la separaron de su "hermano", ya que el juez rechazó el pedido de Sacha Artés de hacerse cargo de ambos niños. Durante estas tramitaciones, en 1987 se aprobó la Ley de Obediencia Debida, presentada por el presidente Raúl Alfonsín, restringiendo la posibilidad de perseguir a la mayor parte de los represores. Como consecuencia de la misma Ruffo, el secuestrador de Carla y asesino de su madre, quedó en libertad sin culpa ni cargo, mientras que Carla quedaba impedida de salir del país, por falta de los documentos que establecían su verdadera filiación. Su abuela tomó entonces la decisión de emigrar con la niña de la Argentina, para radicarse desde ese momento en España, donde Carla tomó el apellido de su abuela.
En 1984 las Abuelas lograron la restitución de Paula Eva Logares, la primera nieta con quien la Justicia aceptó la validez de la prueba de filiación establecida por medio del índice de abuelidad determinado con los nuevos análisis genéticosdescubiertos a requerimiento de la asociación. 
En 1987 se logró la primera restitución de una niña nacida en cautiverio, Elena Gallinari Abinet, quien había sido inscripta falsamente como propia por un subcomisario de la policía bonaerense y que era en realidad hija de María Leonor Abinet, detenida-desaparecida el 16 de septiembre de 1976, cuando tenía siete meses de embarazo.
En 1989 las Abuelas tuvieron éxito en probar judicialmente que la adopción de Ximena Vicario se había realizado de manera gravemente irregular, logrando que se anulara una adopción plena por primera vez en la historia de la justicia argentina.

Las leyes de impunidad

El Congreso sancionó las leyes de Punto Final en 1986 y Obediencia Debida en 1987, esta última luego de una sublevación militar "carapintada" en el cuartel de Campo de Mayo durante Semana Santa de ese año. Las leyes cerraron la posibilidad de enjuiciar a los responsables de las violaciones de derechos humanos y en particular del secuestro-desaparición de los niños, quedando en libertad cientos de autores de graves violaciones de derechos humanos. El ciclo de las llamadas leyes de impunidad se cerró en 1989 y 1990 con los indultos concedidos por el presidente Carlos Menem.
Las Abuelas, como las demás organizaciones de derechos humanos, se negaron a aceptar un sistema jurídico que impedía investigar y castigar los crímenes de lesa humanidad, y continuaron impulsando los juicios por apropiación de niños. Los casos de niños secuestrados-desaparecidos siempre fueron un problema insoluble para las leyes de impunidad debido a que jurídicamente, no podían "darse por cerrado", en razón de la continuidad y persistencia del delito, así como por la existencia real de esos niños con identidades falsas y las localizaciones de los mismos que las Abuelas continuaban realizando.
En 1997 Abuelas de Plaza de Mayo inició una causa penal sosteniendo que el secuestro de bebés era parte de un plan sistemático impulsado desde el más alto nivel del Estado durante la dictadura. Se trata de uno de los juicios más importantes referidos a violaciones de derechos humanos en la Argentina durante la dictadura. En ella se investiga la apropiación de 194 niños.
En 1998, el subcomisiario Samuel Miara fue condenado a doce años de prisión por la apropiación ilegal de los mellizos Gonzalo y Matías Reggiardo Tolosa, hijos de Juan Reggiardo y María Rosa Tolosa, desaparecidos en 1977, uno de los casos más dramáticos.
Ese mismo año las Abuelas de Plaza de Mayo propusieron incorporar a la Convención sobre los Derechos del Niño el derecho a la identidad que fue incluido en los arts. 7 y 8, conocidos por eso como los artículos argentinos.

Dos décadas. Los chicos se hacen jóvenes: «¿vos sabés quién sos?»

Al cumplir dos décadas en 1997, los nietos desaparecidos ya no eran niños, sino adolescentes y jóvenes, que ya habrían adquirido cierta autonomía en sus vidas, donde sea que se encontraran. Las Abuelas decidieron entonces modificar su línea de acción, para emprender acciones masivas que involucraran a toda la sociedad, con el fin de permitir que los jóvenes con dudas sobre sus orígenes pudieran acercarse libremente y en un ambiente de contención. Simultáneamente la justicia argentina decidió que no se puede obligar a una persona mayor de edad a sacarse sangre para determinar su filiación, con el argumento de que ello afectaría su derecho a la intimidad.
Con ese objetivo, en su 20º aniversario, en octubre de 1997 lanzaron la campaña «¿Vos sabés quién sos?». La campaña se inició con un recital de rock en la Plaza de Mayo, presidido por el cartel y la consigna. También con ese fin, crearon junto a la CONADI, la Red por la Identidad, que se extendió por todo el país promoviendo el derecho a la identidad. Fue el comienzo de una nueva aproximación al problema. Ya no era una cuestión de buscar a sus nietos por medios indirectos; ya era posible dirigirse a ellos directamente. "De hecho, hicieron que una generación entera se preguntara por su historia".
También, junto a las demás organizaciones de derechos humanos, impulsaron los juicios por la verdad, obligando al Estado argentino a seguir investigando, a partir de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lapacó (1999).
En 2000 se estrenó la película documental Botín de guerra, dirigida por David Blaustein, contando la historia de las Abuelas, con un notable éxito de público y obteniendo el "Gran Premio Ecuménico" del Festival de Berlín.
El 24 de marzo de 2004 se recuperó la ESMA para realizar allí un espacio de memoria. En el acto oficial hablaron tres nietos recuperados que habían nacido allí.
En 2006, la conciencia masiva en la sociedad argentina sobre los niños desaparecidos y su búsqueda alcanzó un pico de popularidad cuando una telenovela de gran difusión popular Montecristo, dirigida por Miguel Colom y transmitida por televisión abierta (Telefé), incluyó en su argumento central y en sus protagonistas la presencia de jóvenes nacidos en cautiverio durante la dictadura, que descubren la verdad.
Me di cuenta de que inconscientemente tenía un peso que no percibía. Ahora me siento más completa, más tranquila. Ahora no soy parte de una mentira. (Claudia Poblete).
Tres décadas. Los jóvenes se hacen grandes
En 2007 las Abuelas inspiraron la realización de una miniserie en tres capítulos denominada Televisión por la identidad, con tres historias independientes de niños apropiados, dos de ellas reales (Tatiana y Juan) y la tercera una síntesis de ficción realizada sobre las experiencias de los nietos recuperados. El ciclo tuvo un altísimo rating y debió ser repetido. Ese mismo año una nieta recuperada (Victoria Donda) fue elegida diputada nacional.
Hasta octubre de 2012 las Abuelas han recuperado a 107nietos.

La tarea actual de las Abuelas

Con el fin de localizar los niños desaparecidos, Abuelas de Plaza de Mayo trabajan en cuatro niveles:
reclamos y propuestas ante los organismos gubernamentales nacionales e internacionales;
denuncias y presentaciones ante la Justicia;
acciones destinadas a involucrar a la sociedad;
investigaciones propias.
Para su trabajo, la asociación cuenta con equipos técnicos integrados por profesionales en los aspectos jurídico, médico, psicológico y genético.
Cada uno de los niños que fueron apropiados tiene una causa abierta en la Justicia a la que se agregan las denuncias que se van recibiendo con el correr del tiempo y que conforman elementos probatorios que determinan su verdadera identidad y la de los responsables de su secuestro o tenencia ilícita.
Para asegurar en lo sucesivo la validez de los análisis de sangre han implementado un Banco Nacional de Datos Genéticos, creado por la Ley Nacional Nº 23.511, donde figuran los mapas genéticos de todas las familias que tienen niños desaparecidos.
Las Abuelas actúan en el campo internacional promoviendo normas y acciones internacionales destinadas a proteger a la niñez. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989, incorporó tres artículos (7, 8 y 11) directamente propuestos por ellas con el fin de garantizar el derecho a la identidad.
Desde 2007, las Abuelas integran el directorio de los organismos de Derechos Humanos del Espacio Memoria y Derechos Humanos, en donde funcionara la Escuela de Mecánica de la Armada.

Médicos y psicólogos torturan en Guantánamo

LONDRES (Uypress) - Un estudio independiente respaldado por el Instituto sobre Medicina como Profesión (IMAP) y por la Open Society Foundation de George Soros denunció que médicos sicólogos norteamericanos torturaron a varios prisioneros en la base-prisión de Guantánamo. El estudio apareció hoy en varios medios de prensa, mientras que la CIA y el Pentágono lo negaron. Leer más


La Triple A, la Alianza Anticomunista Argentina (AAA)


La Alianza Anticomunista Argentina (AAA), conocida como Triple A, fue un grupo paramilitar y terrorista de extrema derecha peronista de la Argentina,1 asesinó a artistas, intelectuales, guerrilleros, políticos de izquierda, estudiantes, historiadores y sindicalistas, además de utilizar como métodos las amenazas, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada de personas.23 4 durante la década de 1970. Responsable de la desaparición y muerte de casi 700 personas.5 Sus acciones fueron catalogadas como delitos de lesa humanidad por el juez federal Norberto Oyarbide en 2006.6 Está relacionada à Alianza Americana Anticomunista.

Antecedentes

Algunos historiadores e investigadores han afirmado que la Triple A tiene antecedentes en las bandas parapoliciales que surgieron a principios del siglo XX, luego del Decreto Ley de Defensa Social. Cuando se sucedieron masacres conocidas como el Grito de Alcorta, la masacre de la Fábrica Vasena o la Semana Trágica. Muchas de esas masacres fueron realizadas o apoyadas por las bandas parapoliciales conocidas como Ligas patrióticas Argentinas.
También son señalados como antecedentes más contemporáneos, organizaciones como la Alianza Libertadora Nacionalista, la organización pro nazi creada en 1943; el Movimiento Nacionalista Tacuara, de las que provenían algunos integrantes de la Triple A. También, el Comando de Organización, comandado por el diputado Alberto Brito Lima, la Alianza Americana Anticomunista; la Concentración Nacional Universitaria (CNU), coexistió con la Triple A, a la que luego se integró.

Orígenes 

Desde que José López Rega fue nombrado por Héctor J. Cámpora como ministro de Bienestar Social, se comenzó a rodear de militantes de otras agrupaciones que «quisieran eliminar a la izquierda», entre ellos, ex tacuaras del Movimiento Nueva Argentina (MNA), militantes de la Juventud Federal del dirigente peronista Manuel de Anchorena, miembros de la CNU, miembros delComando de Organización, cuadros técnicos de Guardia de Hierro y grupos sindicales ortodoxos especializados en la capacitación doctrinaria. Además, también creó la Juventud Peronista República Argentina (JPRA), debido a que necesitaba de un aparato propio que saliera a pelearle «la calle» y responderle en forma directa a la Tendencia, agrupaciones que respondían en forma orgánica a las organizaciones FAR y Montoneros. La organización fue sostenida con los recursos del Ministerio, y hasta les permitió el ingreso a la rama juvenil del Consejo Superior Peronista, el organismo institucional desde donde comenzaron a combatir a la Juventud Peronista de Regionales, agrupación de superficie de Montoneros. 
Según algunos investigadores, trabajadores del ministerio y militantes de la Juventud Peronista República Argentina (llamada Jota PerRA) comenzaron a simular atentados de Montoneros en su contra como parte de una estrategia de presentarse como blancos militares de las agrupaciones de izquierda, lo que les permitía revalorizarse dentro del ministerio. 
En un depósito llamado «microcine», en el segundo subsuelo del Ministerio, se guardaban armas. Una provisión importante se produjo a partir de que Manuel de Anchorena, fuera designado embajador en el Reino Unido. Por su gestión en ese país, logró que se enviaran doscientos subfusiles Sten MKII, que permitían ser desmontados con facilidad y además venían con un silenciador adaptable a otra arma muy utilizada en el Ministerio, el subfusil Sterling. El pago se instrumentó a través de la Dirección de Administración. 
Existen teorías acerca del nombre de la Alianza que podría deberse al perfil esotérico de López Rega, quien creía que la moral de la humanidad iba a evolucionar en la medida en que se desarrollaran los tres vértices magnéticos del triángulo de la Triple A. Aunque otras versiones hablan de un compromiso entre dos facciones que proponían Alianza Antiimperialista Argentina oAlianza Anticomunista Argentina, por lo que firmaron como Triple A, aunque luego se impuso la segunda acepción.

Organización 

Aunque en ese momento su liderazgo fue negado, hoy se sabe que José López Rega coordinó su organización. López Rega era secretario personal y ministro de Juan Domingo Perón, y creó las AAA para combatir a los sectores de izquierda del propio movimiento peronista.
López Rega y el comisario general entonces jefe de la Policía Federal Argentina, Alberto Villar, organizaron la Triple A durante el gobierno interino de Raúl Lastiri, en 1973. López Rega, al frente del Ministerio de Bienestar Social, desvió fondos para financiar  la organización y el armamento del grupo parapolicial. Seguiría en ese cargo durante el gobierno de Perón y, a su muerte (1º de julio de 1974), en el de su mujer, Isabel Martínez, sobre la cual ejercía una extraordinaria influencia basada en una compartida devoción espiritista. 
La Triple A, desde su gestación se organizó como un sistema de células, con el fin de que «no supiera un determinado grupo qué es lo que iba a hacer el otro». La organización se encontraba dirigida por un cuerpo nacional, que contaba con un cuerpo de ejecutores, y las secciones de «inteligencia», «justicia» y «operaciones»; este organigrama se repetía regionalmente. Los encargados del grupo original fueron López Rega, Villar, Almirón y Rovira.
En un principio, sólo existieron células de personal vinculado al Ministerio de Bienestar, al mando de los «lugartenientes» de López Rega, Rodolfo Eduardo Almirón y Alberto Villar. Luego, estas células fueron multiplicándose, siendo parte de ellas personal militar, oficiales policiales y agentes de inteligencia. De forma paralela la Triple A creó, en localidades lejanas a la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, nuevas organizaciones que respondían al mando de López Rega, por ejemplo, en Córdoba, gobernada por un «interventor federal», se creó el Comando Libertadores de América. También se asoció con grupos parapoliciales anteriores, otorgándoles protección, logística e inteligencia a cambio de lealtad. Un caso ejemplar de esta modalidad fue la Concentración Nacional Universitaria, en Mar del Plata.

Métodos 

Debido a su organización, el modo de actuar desde la Triple A variaba según el objetivo del atentado y la «célula» a cargo de la planificación y ejecución.
En muchos casos eran militantes populares o sindicalistas arrestados en su domicilio o en la vía pública por un grupo de hombres con credenciales policiales, uniformados o no. Luego, estas personas aparecían acribilladas al otro día. Los atentados con bombas y los ataques con ráfagas de subfusil fueron otro método común utilizado por el grupo parapolicial desde el principio de la represión ilegal. 
La Triple A fue adoptando procedimientos más violentos, en lo que podría ser llamado una escalada. Los secuestros, violaciones y ejecuciones de mujeres fue un método incorporado al «ritual» del terror. La eliminación de familias enteras se practicó como forma brutal de «escarmiento». También, se recurrió a la voladura con explosivos de sus víctimas. 

Atentados 
Durante el gobierno de Cámpora

Durante el gobierno de Cámpora, el 29 de junio de 1973, Eduardo Jiménez (ERP) fue asesinado por la Policía de Córdoba. Su detención se produjo cuando se disponía a pegar afiches de propaganda en una pared, junto con otros de sus compañeros. Testigos presenciales vieron cómo era introducido en una camioneta, pero la Policía informó que había muerto a consecuencia de un tiroteo. Presentaba un solo tiro en la frente y algunos golpes en el cuerpo. Los hechos anteriores al 21 de noviembre de 1973, fueron adjudicados por algunos historiadores e investigadores a la Triple A, la cual no reconoció la autoría del mismo por no haber hecho pública su existencia. Tampoco son reconocidos como un crimen de esta organización por la justicia, la cual reconoce la existencia de la organización criminal desde el primer hecho que se adjudicaron, el atentado contra Solari Yrigoyen.

Durante el gobierno de Lastiri

El 22 de julio de 1973, Benito Spahn (Juventud Peronista), fue asesinado por Tomás Roberto Cardozo, guardaespaldas de José Rucci, secretario general de la CGT. El 13 de agosto, Cirilo Heredia (JP), de 17 años, fue secuestrado y torturado. El 24, el Ateneo de Estudios «Juan Pablo Maestre», fue asaltado por un grupo de veinte personas que al grito de «este local está lleno de bolches» destrozaron el mobiliario, un cuadro de Maestre y material doctrinario. El 14 de septiembre, el «Ateneo 20 de junio», de la Juventud Peronista, es ametrallado por desconocidos. El 19, la Federación Gráfica Bonaerense denunció la desaparición de Sergio Joaquín Maillman de 24 años. El día 13 había sido visto herido y golpeado cuando era bajado de un Ford Falcon celeste e introducido en la casa de Miraflores 2044. Al final de esa cuadra está instalado el Quinto Cuerpo de Vigilancia de la Policía Federal. El automóvil en el que Maillman llegó hasta Miraflores tenía el número de patente «C 468.596» y el titular de la patente era María Esther Tagarelli de Martini, funcionaria del Ministerio de Bienestar Social. El 15 agosto, militantes de la Juventud Peronista que realizaban una manifestación de apoyo al gobernador derrocado Bidegain son detenidos y torturados. El 7 de septiembre, Oscar Suárez, al recuperar su libertad en Tucumán, denunció que había sido víctima de torturas infligidas por Héctor García Rey, jefe de la policía provincial, ligado a José López Rega. 
El 20 de septiembre de 1973, en Resistencia en la provincia de Chaco, varios ex miembros del Comando de Organización son detenidos cuando están efectuando un atentado contra el comedor universitario; entre otros se encontraba Víctor Sánchez, su secretario general. El 28, en Rosario fue baleado el abogado Roberto Raúl Catalá, los atacantes dejaron panfletos en los que se asignaron el carácter de «comandos antimarxistas». 
El 1 de octubre de 1973, en una reunión convocada por el presidente provisional del Consejo Superior Peronista, Raúl Lastiri, y el ministro del Interior, Benito Llambí, y en presencia de Juan Domingo Perón, que asistió en calidad de presidente electo, el consejo se declaró en «estado de guerra» contra los «infiltrados marxistas del Movimiento». El Consejo redactó un «documento reservado» que fue leído por el senador José Humberto Martiarena y distribuido entre los gobernadores provinciales presentes. A través del documento, el Movimiento Nacional Justicialista llamó a «asumir la propia defensa y atacar al enemigo en todos los frentes y con la mayor decisión», aduciendo que en ello iba la vida del Movimiento y de sus dirigentes. A efectos de esa defensa, impartió una serie de directivas, declarando el estado de movilización de los elementos materiales y humanos para afrontar esa guerra, llamando a una campaña de reafirmación de los principios doctrinarios justicialistas que debía esclarecer las diferencias con el marxismo. En el documento, el ítem 6, «Inteligencia», advertía que «en todos los distritos se organizará un sistema de inteligencia al servicio de esta lucha, el que estará vinculado con el organismo central que se creará». El ítem 9, «Medios de lucha», se precisó: «Se utilizarán todos los que se consideren eficientes, en cada lugar y oportunidad. La necesidad de los medios que se propongan, será apreciada por los dirigentes de cada distrito».7 Luego de este documento del justicialismo se iniciaron la «caza de brujas» y la represión ilegal contra la izquierda por parte de agentes del Estado. 
Durante octubre, en Córdoba, fue herido por disparos el militante de la JP Ramón Fajardo, miembros armados de la Juventud Sindical Peronista toman la sede del Banco Social, bombas fueron detonadas en los domicilios de los diputados provinciales Fausto Rodríguez y Miguel A. Marcattini, miembros del Frejuli. También una bomba estalló en el domicilio del senador Tejada, presidente de la Cámara de Senadores de la provincia, y fueron detenidos Leandro Fote y otros militantes de organizaciones populares durante un procedimiento «rastrillo» efectuado en esta ciudad. En Corrientes, el Frente de Izquierda Popular denunció el estallido de una bomba en su local. En la provincia de Tucumán, la Junta Provincial del Justicialismo de Tucumán, siguiendo instrucciones del Consejo Superior que preside Humberto Martiarena «alertará a todos los compañeros de la situación de guerra contra los grupos marxistas». En Mar del Plata, fue incendiado el domicilio del dirigente de la Juventud Peronista Andrés Cabo, lo mismo ocurrió con el del secretario de la universidad local y miembro de la JP Alfredo Cuestas. En Mendoza, una bomba estalló en el despacho del gobernador de Mendoza, Martínez Baca, cuestionado por sectores derechistas del justicialismo. 
En la provincia de Buenos Aires, en el local del Partido Comunista de la calle Estados Unidos y Sáenz Peña fue hallada una bomba que no llega a estallar, otra explotó en la Unidad Básica «Mártires de Trelew», de la calle Urquiza 2193, causando grandes daños, Nemesio Aquino, miembro de la JP y afiliado a la Unidad Básica «Héroes de Trelew», fue asesinado. También fue muerto el periodista José Colombo, miembro del diario El Norte, y los atacantes manifiestan que ese medio está «lleno de comunistas». El dirigente Dante Gullo denunció una serie de atentados contra locales de la JP. Dirigentes de partidos opositores manifiestan su inquietud por las «instrucciones antimarxistas» formuladas en el peronismo. La UTA (Unión Tranviarios Automotores) realiza un paro por el secuestro de Oscar Arca, delegado de la empresa Costera Criolla y miembro de la JTP, la viuda del periodista asesinado José Colombo denuncia que «En la Regional San Nicolás de la CGT hay una lista de 141 ´bolches´ en la que estábamos mi marido y yo». 

Durante el tercer gobierno de Perón (1973-1974)

Luego de la asunción de la presidencia por Perón, el 12 de octubre de 1973, continuó la represión ilegal y los atentados por parte de fuerzas policiales y parapoliciales. Además, durante dicha presidencia de Perón existieron casos puntuales de represión y de prohibiciones de libros.
El primer atentado adjudicado a la Triple A tuvo lugar el 21 de noviembre de 1973, cuando la organización —como represalia por el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci a manos de la organización Montoneros un mes antes— colocó una bomba en el automóvil del senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, quien durante la anterior dictadura militar había actuado como defensor de presos políticos y, ya senador, había criticado muy duramente el proyecto de Ley de Asociaciones Profesionales presentado al Parlamento por el Poder Ejecutivo. El artefacto explotó e hirió en las piernas al senador, pero no logró matarlo; dos años más tarde repetirían el intento con otro artefacto explosivo sin lograr su objetivo. 
El 14 de octubre, fue asesinado Constantino Razzeti, bioquímico, dirigente de la Juventud Peronista. El 21, diversos militantes de la JP fueron atacados por unos veinte individuos mientras están pegando carteles de propaganda, durante la gresca se escuchan gritos favorables a Osinde y a Brito Lima. En Santos Lugares, tras rociar con nafta el local fue incendiado el Ateneo Peronista «Heroica Resistencia», en Avenida La Plata 3820, allí funcio­naba el Consejo Superior de la JP del Partido de 3 de febrero, algunos de cuyos militantes habían sido objeto de provocaciones, días antes, por el Comando de Organización dirigido en la zona por Susana Thompson. El 26, La Concentración Nacional Universitaria (CNU), el Comando Universitario Peronista de Derecho (CUPDED), la Legión Revolucionaria Peronista, los Grupos de Acción Peronistas (GAP), el Movimiento Universitario Nacional (MUN) y otras organizaciones derechistas llevaron a cabo un acto en el Aula Magna de la Facultad de Derecho que terminó con destrozos en las instalaciones. La reunión contó con la adhesión de la CGT y del Consejo Superior Provisorio de Justicialismo. Entre los asistentes se hallaban Alejandro Giovenco (acusado de haber participado en la matanza de Ezeiza), Juan Carlos Gómez (reconocido como asesino de la estudiante Filler en Mar del Plata en 1972 y funcionario policial), Jorge Rampoldi (miembro del ex-Sindicato de Derecho), César Augusto (de la misma entidad), Raúl Padrés, Rodolfo Galloso y José Luis Núñez, de similares antecedentes. El decano Mario Kestelboim solicitó la intervención policial, que se manifestó en la presencia del subcomisario Solano. El funcionario manifestó que no podía actuar sin consultar con sus superiores razón por la cual se retiró. Tampoco actuaron los automóviles ni el carro de asalto apostados en las inmediaciones. 
En el mismo mes, la agencia oficial TELAM informó que en Tucumán las comisiones policiales antisubversivas habían sido integradas, también, por jóvenes peronistas, a quienes se les proveyó de armas. Al mando de esas comisiones mixtas se encontraba el jefe de la policía tucumana, Héctor Luis García Rey. 
A fines de 1973, la Triple A difundió una «lista negra» de personalidades que «serán inmediatamente ejecutadas donde se las encuentre». En la lista se encontraban: militantes de izquierda; Omero Cristalo (alias J. Posadas); Hugo Bressano (alias Nahuel Moreno, dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores); los abogados Silvio Frondizi (hermano del ex presidente Arturo), Mario Hernández y Gustavo Roca. También incluía a los dirigentes Mario Roberto Santucho (dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores; los sindicalistas Armando Jaime, Raimundo Ongaro, René Salamanca y Agustín Tosco; el profesor Rodolfo Puiggrós (ex-rector interventor de la Universidad de Buenos Aires), el abogado Manuel Gaggero (director interino del diario El Mundo); Ernesto Giudice, miembro renunciante del Partido Comunista; el abogado Roberto Quieto, dirigente de Montoneros y Julio Troxler, ex-subjefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires, cercano al Peronismo de Base. La nómina se completó con los coroneles Luis César Perlinger y Juan Jaime Cesio, el obispo de La Rioja, monseñor Luis Angelelli y el senador nacional Luis Carnevale. 
El 4 de enero de 1974, la Policía Federal allanó en Buenos Aires las librerías Fausto, Atlántida, Rivero y Santa Fe, donde arrestó a los empleados por difundir libros. Algunos de los libros prohibidos eran «La boca de la ballena», de Héctor Lastra; «Territo-rios», de Marcelo Pichón Riviere; «Sólo ángeles», de Enrique Medina y «The Buenos Aires affaire», de Manuel Puig. Todos los ejemplares encontrados fueron secuestrados. 
El 11 de mayo de 1974 el padre Carlos Mugica fue emboscado cuando se disponía a subir a su automóvil Renault 4 azul estacionado en la puerta de la iglesia de San Francisco Solano de la calle Zelada 4771 en el barrio porteño de Villa Luro donde acababa de celebrar misa. Según algunos testigos, el autor del hecho fue Rodolfo Eduardo Almirón, integrante jerarquizado de la triple A, quien lo baleó con varios disparos de subfusil que le afectaron seriamente el abdomen y el tórax, falleciendo a los pocos minutos al ser trasladado a un hospital cercano. Según Miguel Bonasso, al conocerse la muerte, el dirigente peronista Arturo Sampay le dijo:
"el asesinato del padre Mugica es la respuesta de Perón al retiro de ustedes en la Plaza. Es una operación maquiavélica, destinada a que los militantes de la Tendencia se maten entre sí. Demasiado inteligente para que se le haya ocurrido al animal de López Rega".

Durante el gobierno de Isabel Perón (1974-1976)

El 31 de julio de 1974, en una intersección céntrica de la ciudad de Buenos Aires, el diputado Rodolfo Ortega Peña y su mujer fueron acribillados al descender de un taxi. En su funeral, las fuerzas de seguridad, tuvieron la orden del Jefe de la Policía Federal de dispersar a la multitud de personas que se aprestó a despedirlo, para lo que empleó balas de goma y gases.
El 7 de septiembre, la Triple A realizó un atentado en el domicilio familiar del entonces decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Raúl Laguzzi. La vivienda se encontraba bajo custodia de laPolicía Federal debido a las amenazas de muerte que sufría el decano. En el atentado falleció Pablo G. Laguzzi, hijo de Raúl, de cinco meses de edad. La Triple A se adjudicó el hecho, pero culpó de la muerte del infante al padre. Raúl Laguzzi y su mujer se exiliaron en México luego del hecho.
El 10 de septiembre el abogado Alfredo Curutchet en la localidad de San Isidro fue apresado en la vía pública, maniatado y acribillado por integrantes de la Triple A. El cuerpo del abogado fue encontrado muerto en una calle de la localidad de Béccar gracias a una denuncia policial anónima sobre ráfagas de subfusil en la zona. El cuerpo sin vida, «fue hallado boca abajo y maniatado con un cinturón de cuero, junto a él desparramadas en el suelo treinta y un cápsulas servidas calibre 9mm. y dos cartuchos servidos de escopeta calibre 12 mm». 
El 20 de septiembre en horas del mediodía, el sub-jefe de la policía bonaerense Julio Troxler fue asesinado en el barrio porteño de Barracas, cuando un automóvil que transitaba a alta velocidad frenó junto Troxler y los tres o cuatro ocupantes del mismo le dispararon más de una veintena de proyectiles. Troxler ya había sido amenazado en varias oportunidades por la Triple A y su fotografía había sido proyectada en reuniones en la residencia presidencial de Olivos como propuesto para asesinato por José López Rega.
El 27 de septiembre, un grupo de ocho personas ingresaron a la casa de Silvio Frondizi y se lo llevaron por la fuerza. Su yerno, Luis Ángel Mendiburu intentó rescatarlo pero fue acribillado a balazos. Sólo tres horas después fue encontrado el cuerpo sin vida de Frondizi, y la Triple A hizo llegar un comunicado a los medios donde se adjudicaba el asesinato, justificándolo como un «ajusticiamiento» de un «traidor bolchevique».
Durante noviembre de 1974, fueron realizadas atentados que se suponen de su autoría o que la misma fue reclamada por la misma organización: una bomba fue detonada en el local de la Juventud Peronista; una bomba contra la persona del recientemente designado interventor de la Universidad Nacional de Litoral; una bomba explotó en el local del Frente Antimperialista por el Socialismo (FAS) de San Fernando; en el local del FAS de Virreyes se detonó otra bomba;Manuel Carballo, miembro de la JP, fue baleado; varios militantes peronistas que se encontraban en la Unidad Básica «Evita» festejando el Día de la Madre fueron agredidos por un grupo de matones. 
En ese mes, un individuo disparó cinco tiros sobre Antonio José Delleroni y su mujer, Nélida Arana, cuando junto a varias personas aguardaban en un andén de la estación del Ferrocarril San Martín. Ambas víctimas habían actuado en el Peronismo de Base y habían defendido, como abogados, a numerosos presos políticos, Delleroni, por su parte, había llegado a ser miembro del PJ en General Sarmiento. La policía pudo atrapar al perpretador y determinó que se trataba deRicardo Julio Villanueva. El asesino reconoció pertenecer al Movimiento Nacional Justicialista y domiciliarse en Medrano 70, sede de la «Escuela Superior de Conducción Política», vinculada a la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) y al Consejo Superior Justicialista dirigido por el senador Martiarena. Declaró que venía siguiendo a Delleroni desde la víspera y que lo debía eliminar por ser este integrante del ERP. En una causa anterior por tenencia de armas de guerra, Delleroni hizo una solicitud de devolución de efectos personales en papel con membrete de la Juventud Peronista de la República Argentina dirigida por Julio Yessi (JPRA) y reconoció ser miembro «responsable» de la «Agrupación 20 de noviembre», adherida a dicha central. Además declaró ser empleado del Ministerio de Bienestar Social, dirigido por López Rega. 
En diciembre, el automóvil en el que viajaba el diputado del FreJuLi Juan Luis Lucero fue acribillado desde otro coche en marcha, el diputado al momento era el presidente de la Comisión Investigadora de Apremios Ilegales y Torturas de la Legislatura de Santa Fe, y había dado a conocer los resultados de la investigación sobre la muerte del militante peronista Ángel Tacuarita Brandazza; hubo otro atentado sólo unos días de diferencia contra el mismo diputado, mediante una bomba instalada en su automóvil, que quedó totalmente destruido; en Buenos Aires, un grupo de personas ocupa la Unidad Básica «Evita Capitana» de Villa Detri, e incendia los muebles y las instalaciones, antes de retirarse del lugar escribieron en las paredes «Somos muchos» y «JPRA»; en la misma provincia Carlos Manco, colaborador de la Alianza Popular Revolucionaria, fue secuestrado, sometido a interrogatorios y golpeado durante dos días consecutivos y luego abandonado en las proximidades de Ramos Mejía, Manco fue introducido al local de la Asociación de Trabajadores de Sanidad y luego trasladado al sótano de una obra en construcción situada enfrente, antes de liberarlo los secuestradores le hicieron indicaciones amenazantes en el sentido de no mencionar a ATSA en sus declaraciones; una bomba estalló en la casa del doctor Viaggio, abogado y miembro del Partido Comunista, Viaggio era patrocinador de algunos refugiados chilenos llegados al país recientemente como asilados. 
El 6 de agosto de 1974 cuatro militantes peronistas fueron secuestrados por la triple A en sus domicilios, horas más tarde los cuerpos fueros encontrados acribillados en la ciudad de La Plata, el suboficial retirado Ireneo Chavéz y su hijo Rolando Chavéz; Luis Mancor, estudiante de periodismo y el titular del Sindicato Único de Pétroleros, Carlos Pierini. 
A fines de 1975, en un llamado "Parte de guerra Nº1", señala como elementos a ejecutar a los integrantes del siguiente listado de agrupaciones, que incluía desde organizaciones armadas hasta grupos de tendencia socialdemócrata:
Partido Comunista
Organización Montoneros
Partido Auténtico
Ejército Revolucionario del Pueblo
Partido Revolucionario de los Trabajadores
Partido Socialista de los Trabajadores
Juventud Radical Revolucionaria
Partido Comunista Revolucionario

Fin de sus actividades

El 19 de julio de 1975, los Granaderos descubrieron, al desmontar la sede del renunciante López Rega en el Ministerio, un arsenal de armas de guerra, incluyendo subfusiles, granadas y fusiles de francotirador. El escándalo consecuente lo implicó, así como a Isabel, en acusaciones de corrupción por malversar fondos del gobierno. 
Según el periodista Hernán López Echagüe, la actividad de la extrema derecha pasó a ser regenteada por el sindicalista Lorenzo Miguel, Esta apreciación fue desmentida por el ladero del sindicalista, el también metalúrgico Herminio Iglesias. 
No obstante, el periodista Alberto Moya halló relaciones entre Miguel y la Triple A, desde el sur del conurbano, cuando el presidente del Concejo Deliberante de Quilmes, Indalecio Castro, le pasó el mando de la patota de su guardaespaldas, el «Polaco» Dubchak, al líder metalúrgico que ya regenteaba otras patotas. Ese vínculo nació en la misma ciudad de Quilmes de donde salió la mayoría de los integrantes de la revista El Caudillo, vocera de los intereses del peronismo ortodoxo que simpatizaba con la Triple A. 
Para el inicio del Proceso de Reorganización Nacional, la más sangrienta dictadura argentina, la Triple A ya había sido desmantelada, y las acciones represivas fueron llevadas a cabo en lo sucesivo por la dictadura. Aunque algunos investigadores, como el periodista Juan José Salinas sostienen que varios de sus miembros, por caso Aníbal Gordon, pasaron a trabajar para los militares porque ya venían haciéndolo en la SIDE. 

Debate acerca del papel de Perón en la creación de la Triple A 

En los últimos años se ha iniciado un debate acerca de la responsabilidad del entonces presidente Juan Perón por la constitución de la Triple A. A esta teoría suscriben los periodistas Juan Bautista Yofre,21 Hugo Gambini, Pacho O'Donnell,23 Joaquín Morales Solá,  y Marcelo Larraquy, entre otros.
Según estos autores, el asesinato de José Ignacio Rucci en 1973, a quien Perón consideraba como un hijo, habría motivado al Presidente a crear una organización paramilitar para combatir a la izquierda de su movimiento. Algunos autores e historiadores sostienen que, poco después del asesinato de Rucci, Perón mencionó al gobernador Oscar Bidegain la necesidad de crear una organización paramilitar al estilo del somatén catalán del primer tercio del siglo XX: «Lo que hace falta en la Argentina es un somatén». Por otro lado, el exministro Antonio Cafiero dice que Perón sabía que una organización estaba matando guerrilleros pero que él no la ordenaba, ni controlaba ni conducía. 
Según Eduardo Gurucharri (biógrafo del mayor Bernardo Alberte), el ex ministro -de Cámpora, Perón e Isabel- Antonio J. Benítez habría presenciado una reunión presidida por Perón antes de asumir la presidencia que la describe de la siguiente manera: 
«Benítez refiere que López Rega y el comisario Villar exhibieron fotografías y nombraron personalidades políticas que deben ser depuradas de la infiltración marxista. Entre los nombrados están el propio Eduardo Luis Duhalde, el abogado Mario Hernández y Alberte. Benítez dijo que Perón se limitó a escuchar, sin aprobar ni desaprobar a quienes aludieron a la necesidad de operar por izquierda».
El periodista Ignacio González Jansen afirma que las órdenes de las Fuerzas Armadas a finales de 1973, eran «no tomar prisioneros». 
En enero de 1974, el diputado Carlos Kunkel renunció a su banca, después de que Perón lo amenazara a él y al grupo de peronistas de izquierda del que formaba parte con la siguiente expresión: «En una semana se termina todo esto, porque formo una fuerza suficiente, lo voy a buscar a usted y lo mato».  Según Carlos Kunkel «Perón ni remotamente tuvo que ver con la Triple A».
El diputado Rodolfo Ortega Peña, que se negó a renunciar, fue asesinado por la AAA el 31 de julio de 1974.

Denuncias 
Medios de comunicación 

Cuando la Triple A todavía se encontraba en actividad, hubo denuncias de sus delitos en diversos medios de comunicación masivos. Algunos de éstas fueron las realizadas por el Diario Clarín al informar sobre las presiones a sus periodistas para publicar los comunicados de la Triple A, o las realizadas por el Diario El Mundo cuando informó de los crímenes cometidos por la organización. 
Además, otros medios partidarios, como “El descamisado” o “Militancia” reprodujeron las denuncias de los entonces diputados y asiduos colaboradores en esas revistas, Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde, sobre la estructura de creada en el Ministerio de Bienestar Social bajo la dirección de López Rega. En estos medios denunciaron, «la intervención de la agrupación en “la masacre de Ezeiza”», «la entrega de $ 1.000.000 de la cartera para destinarlos a la estructura clandestina», «la preparación en esa estructura de un escuadrón de la muerte que llevaría el nombre de “Águilas negras”», «la preparación de atentados contra desafectos a la figura de López Rega».
El 6 de julio de 1975, el diario La Opinión publicó un informe completo sobre la “Triple A”, que sería una copia del entregado por Ricardo Balbín a la presidente María Estela de Perón. El informe daba cuenta del reporte realizado por el Ejército en 1974, basado en el testimonio del teniente Juan Segura, y realiza la denuncia de la vinculación del Ministro José López Rega con la «organización terrorista de ultraderecha denominada Triple A».

Cámara de Diputados

Diputados de la izquierda peronista, como Ortega Peña, luego de realizar denuncias a partir de sus investigaciones en diversos medios de comunicación, denunciaron los crímenes, con precisiones sobre el caso de Juan Carlos Mercado, que había aparecido acribillado cuando portaba credenciales oficiales expedidas por López Rega.
Las denuncias no prosperaron y desde enero de 1974 había más de veinte diputados amenazados de muerte por la Triple A. La situación se tornó peor luego del asesinato de Ortega Peña y de un intento fallido de asesinato al diputado Héctor Sandler quien partió al exilio.
Recién luego del exilio de López Rega y sus colaboradores, el 23 de julio de 1975 la Cámara de Diputados dio curso al pedido de juicio político presentado por el diputado Jesús Porto y remitió una copia para la investigación judicial.
Segundo tribunal Russell 
En 1974, bajo la presidencia del jurista italiano Ledio Basso, se volvió a conformar un nuevo Tribunal Russell  para analizar los crímenes de las dictaduras latinoamericanas.
Cuando sesionaba dicho tribunal, en enero de 1975, el abogado argentino Leandro Despouy dio testimonio sobre los crímenes cometidos por «funcionarios del gobierno o ser allegados políticos», responsabilizaron a López Rega y a otros funcionarios del gobierno de María Estela Martínez de Perón. El abogado exiliado dio cuenta de la metodología, que «iba del asesinato a sangre fría de militantes desarmados a la tortura sistemática», acompañada por los comunicados oficiales que «hacían parecer estos asesinatos como productos de “violentos tiroteos”».
Además, se denunció lo que luego se conocería como el Plan Cóndor, la acción conjunta de las fuerzas de seguridad de varios países de Sudamérica. En este aspecto, se dio cuenta de al menos cinco personas secuestradas en Buenos Aires y trasladadas a Montevideo, donde fueron torturadas y asesinadas.

Causas judiciales

Las causas por los asesinatos, las amenazas y los atentados no tuvieron correlato con las pesquisas. La Cámara Federal ha dictado que las investigaciones «fueron llamativamente breves, carentes de profundidad y finalizadas prematuramente». Los casos más claros fueron las causas por los asesinatos del diputado Ortega Peña, de Julio Troxler y Pablo Laguzzi, donde no se realizaron «ningún tipo de actuación judicial».

Causa militar 

En 1974, el teniente del Ejército Juan Segura descubrió, "por casualidad", el cuartel general de la Triple A en las oficinas de la publicación «El caudillo», financiada por López Rega. 
Al regresar al pelotón al que pertenecía, dio cuenta de lo ocurrido al Coronel Jorge Sosa Molina, jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, ante quien realizó una denuncia oficial pero sin identificarse, por consejo del Coronel. Sosa Molina entregó la denuncia al Comandante en Jefe del Ejército, el General Rosas, quien le advirtió para amedrentarlo que esa denuncia debía ser entregada al Ministro de Defensa, Adolfo Savino, estrecho colaborador de López Rega.
Dos días después, el coronel Sosa Molina fue citado por López Rega en su despacho del Ministerio del Interior, donde ambos apostaron sus guardias armados a fin de evitar ser intimidados. Así, López Rega lloró por la denuncia presentada por Sosa Molina y negó tener relación alguna con las «Tres A». 
Esta denuncia no fue seguida por una investigación, llegó al punto de no contar en el Ministerio de Defensa con constancias de la recepción de las carpetas, y el mismo ministro negar ante la Justicia haber recibido expediente alguno.

Causa judicial original

El 11 de julio de 1975, haciéndose eco de la investigación publicada cinco días antes en el diario La Opinión, el abogado católico independiente Miguel Radrizzani Goñi realizó una presentación ante la justicia contra José López Rega y los comisarios Rodolfo Eduardo Almirón y Juan Ramón Morales por el delito de asociación ilícita.
Una semana después de esta denuncia, por medio de dos decretos presidenciales, López Rega y gran parte de las cabecillas de la Triple A fueron enviadas al «Reino de España con el fin de cumplir una misión diplomática» 
La causa se llevó casi sin actuaciones judiciales hasta 1983.

Investigaciones 

En 1975, el entonces líder de la UCR, Ricardo Balbín realizó un informe puntual sobre la Triple A, que entregó en mano a Isabel Martínez de Perón. También el diputado nacional líder del Partido Revolucionario Cristiano, Horacio Sueldodenunció los crímenes de los grupos parapoliciales pero, debido a las amenazas y los atentados, fue obligado a esconderse para no ser asesinado. Héctor Sandler fue perseguido por sus denuncias y obligado a exiliarse. 
Desde el gobierno se negaba o desmentían las denuncias. El ministro Alberto Rocamora proclamó que la «subversión de izquierda está actuando en forma continua y, en cambio, las denominadas AAA actúan en forma esporádica; no sé de qué signo son ni quién alienta a las Tres A», confirmando el conocimiento de parte del gobierno del grupo parapolicial. Sin embargo, esto fue luego negado por ministro del interior Antonio Benítez, en una sesión parlamentaria, «Al gobierno no le consta la existencia de la Triple A». Y luego, en declaraciones de prensa, amplió «no sabemos si existen o no las Tres A; ignoramos si es la propia izquierda terrorista con una nueva denominación». 
El ministro de trabajo Carlos Ruckauf, precisó que «el país está en guerra y toda la sociedad argentina tiene que tomar conciencia que el enemigo encara una guerra total». 

Investigaciones posteriores 
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación

En los anexos agregados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación al informe Nunca más que había elaborado la Conadep, en el 30 aniversario del golpe, constan denuncias desde el comienzo del gobierno constitucional de Héctor Cámpora, el 25 de mayo de 1973, hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón, de unas 600 desapariciones forzadas previas al golpe de 1976 y 500 ejecuciones sumarias. 
Las amenazas de muerte llevaron al exilio a muchos, desde científicos como Manuel Sadosky; periodistas como Pepe Eliaschev; psicoanalistas como Marie Langer; artistas como Héctor Alterio, Mercedes Sosa, Pino Solanas, Norman Briski, Inda Ledesma, Armando Tejada Gómez, David Stivel, Luis Brandoni, Horacio Guarany o Nacha Guevara33 hasta políticos como José Ber Gelbard y el obispo de Mar del Plata, monseñor Pironio, quien fuera trasladado a Roma por elpapa Pablo VI por este motivo.

Otras investigaciones

De acuerdo a los trabajos más citados,  sólo entre los meses de julio y septiembre de 1974, la Triple A habría realizado 220 atentados, de los que resultarían 60 víctimas mortales y 44 heridas de gravedad, además de 20 secuestros. La estimación global se coloca en el orden de los 1500 crímenes, algunos de los cuales se encuadran como crímenes de lesa humanidad. 
El 6 de diciembre de 1971 fue asesinada Silvia Filler en Mar del Plata dentro de la universidad. El 9 de mayo de 1975 fue secuestrada la licenciada María del Carmen Maggi, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de Mar del Plata. Su cadáver apareció un año después y el día anterior al golpe de estado, el 23 de marzo de 1976, en una playa de Mar Chiquita. 
Según el Archivo Nacional de la Memoria, entre el 20 de junio de 1973, el día de la Masacre de Ezeiza, hasta el inicio de la dictadura militar, hubo 900 desapariciones y 1500 asesinatos. Estiman que 3000 personas fueron apresadas por causas políticas. 

Conexiones con la masonería

López Rega era miembro de la logia masónica irregular Propaganda Due (P2), dirigida por Licio Gelli, la cual trabajó en la Operación Gladio. El modus operandi de la masacre de Ezeiza fue similar al de los sucesos de Montejurra o a lamasacre de la plaza Taksim en Estambul. 

El almirante Massera, que junto a otros derrocaría a Isabel Martínez de Perón poco después de la caída en desgracia y exilio de López Rega, era también miembro de la organización.